Impune

La fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán reavivó el debate sobre la eficiencia del sistema de penales federales en México.

Desde hace varios años, el Estado se vio rebasado en su capacidad para hacerse cargo del sistema penitenciario en el país.

El inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, iniciada por el expresidente Felipe Calderón, hizo que el número de delincuentes federales se multiplicara exponencialmente.

Al inicio de su administración, en el 2006, había un total de 3 mil 164 reos federales; para el 2012, cuando concluyó su mandato, el número rebasaba los 25 mil.

Ante esto, el Gobierno Federal dio a los reclusorios estatales la custodia de miles de detenidos por delitos del fuero federal y por cada uno de ellos entregaba una cantidad de dinero; esto, puso en jaque a las prisiones locales.

Por la exigencia de los gobernadores para que se les liberara de la responsabilidad de tener a reos federales en sus centros penitenciarios, Felipe Calderón creó un esquema para que empresas privadas se hicieran cargo de la construcción y operación básica de ocho nuevos centros de readaptación social.

Estos, se sumarían a los 13 que ya estaban en operación, totalmente en manos del Estado.

Sin embargo, dicho esquema no ha sido tan exitoso como se promovió, pues algunos proyectos quedaron inconclusos y en general han resultado más onerosos para el país. 

El Ejecutivo opera totalmente 13 Centros Federales de Rehabilitación Social en varios estados del país.

Uno de ellos es el Cefereso El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, de donde este fin de semana se escapó Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El otro, también vulnerado por el capo sinaloense, es el de Puente Grande, Jalisco.

Los otros penales son: las Islas Marías; El Rincón, Nayarit; Huimanguillo, Tabasco; Papantla, Veracruz; Villaldama, Veracruz; Matamoros, Tamaulipas; Ciudad Juárez, Chihuahua; Guasave, Sinaloa; Guadalupe Victoria, Durango; y Monclova, Coahuila.

En esa lista entra también el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en Ciudad Ayala, Morelos. 

A los empresarios que les fueron adjudicados los contratos de forma directa, se les ofreció el pago por el arrendamiento del inmueble, así como la concesión en los servicios de alimentación, limpieza y lavandería.

Las labores de seguridad quedaron en manos del Gobierno federal.

De los ocho nuevos penales que se tenían planeado construir y comenzar a operar entre el 2012 y el 2013 con capital privado, solo en cuatro de ellos se cumplió el cometido.

Se trata de los Ceferesos ubicados en Hermosillo, Sonora; Ocampo, Guanajuato; Gómez Palacio, Durango; y Miahuatlán, Oaxaca.

Los dos primeros entraron en funciones todavía bajo el mandato de Felipe Calderón. Fueron construidos por la empresa ICA.

El de Durango, fue construido por Promotora de Desarrollo Mexicano (Prodemex); y el de Oaxaca, por la empresa GIA.

Contratiempos en la construcción

Los otros cuatro penales prometidos aun no entran en operación por varios problemas en los trabajos de construcción.

El mayor contratiempo se presentó en el Cefereso de Buenavista Tomatlán, en Michoacán, penal cuya construcción está a cargo de Prodemex.

En cuanto se supo de la inversión de más de 4 mil millones de pesos que llegaría a la zona, los Caballeros Templarios pidieron una cuota millonaria a la empresa para poder continuar con la obra.

Incluso, los criminales asesinaron a algunos trabajadores de la constructora para dejar bien claro que, mientras no se pagara la cuota de extorsión, la construcción no podría seguir adelante.

Medios de comunicación han publicado que en la construcción inconclusa, que se ubica a 30 kilómetros de Apatzingán, se realizaban fiestas de los grupos criminales y las que serían las celdas eran utilizadas por cuartos de tortura y hasta como hotel de paso.

Más tarde, cuando se formaron los grupos de autodefensa y llegó a Michoacán el comisionado Alfredo Castillo, se retomó temporalmente el control de la construcción, pero no se pudo culminar la obra.

En Morelos, la empresa Homex construye el nuevo penal en el municipio de Coatlán del Río.

Aunque ya se encuentra en las últimas etapas antes de su puesta en marcha, la obra fue detenida por una protesta de sus trabajadores.

En la obra de esta prisión, que será femenil, los trabajadores protestaron porque se les dejó sin pago durante varias semanas.

En Chiapas, la empresa Arendal también enfrentó problemas en la construcción del penal federal en la comunidad de Villa de Comaltitlán.

Organizaciones civiles han alertado sobre el peligro que implica la construcción de esta prisión a solo 300 metros del río Vado Ancho, una zona que es azotada frecuentemente por fenómenos naturales.

Tras el huracán Stan, en 2005, esa zona fue una de las más golpeadas y el terreno donde ahora está el penal estuvo anegado durante varios meses.

Incluso, legisladores federales de Chiapas, como el senador Zoe Robledo, han pedido que el lugar se destine a otras actividades para evitar una tragedia.

En Ramos Arizpe, Coahuila, la empresa Tradeco, la constructora favorita en el sexenio de Felipe Calderón, construye otro penal federal que no ha concluido.

En ese lugar, los trabajadores también protagonizaron varias protestas por las malas condiciones de empleo que se tenían en la obra.

Apenas en marzo pasado, los 800 trabajadores de la obra, personal técnico y de higiene, realizaron un paro de labores denunciando que no se les pagaba y se les daba condiciones infrahumanas de vivienda en el lugar. Tradeco fue multada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La construcción del nuevo Cefereso de Coahuila lleva la marca de Tradeco: un retraso de más de tres años, pues aunque se había programado que la obra se concluyera a finales del 2012, se ha dicho que podría estar lista hasta el 2016.

Irregularidades detectadas por ASF

En su revisión de la Cuenta Pública del 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) asentó algunas irregularidades en la construcción de los nuevos centros federales de reclusión.

La Auditoría se refirió al retraso en la entrega de las obras y a la imposibilidad de tomar medidas contra las empresas que no cumplieron con la entrada en operación de los penales.

“(Es imposible) aplicar penalizaciones, debido a que no se estipularon en el instrumento jurídico para las actividades previas al inicio de operación, lo que ha permitido la celebración de convenios modificatorios para prorrogar la conclusión de las instalaciones (…) sin poder sancionar a los proveedores por los retrasos en el cumplimiento”, expuso la ASF en el Informe.

Según la Auditoría, la principal justificación que se ha presentado para realizar convenios modificatorios es la existencia de problemas con el uso del terreno y de provisión de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad.

Además, en algunos casos se otorgaron los contratos de forma directa sin haber estudiado a fondo el cumplimiento de obligaciones fiscales de las empresas.

La Auditoría señaló que de los 9 mil 973 millones de pesos que se tenían presupuestados para invertir en los ocho nuevos penales, solo se invirtieron 4 mil 357 millones, debido a que las obras de cuatro de ellos no fueron entregadas. El resto fue aplicado a otros rubros.