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El próximo domingo las fuerzas políticas denunciantes harán una protesta masiva en Xalapa dada
la anulación
de la alianza
Les tiraron su alianza, pero PAN y PRD insisten en defenderla.
Las dirigencias nacionales de estos partidos anunciaron ayer que impugnarán el fallo del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) y reiteraron que seguirán en curso las protestas civiles derivadas de la disolución de la “Gran Alianza Por Ti”.
Gustavo Madero y Jesús Zambrano alertaron que hay una intervención alarmante “para inhibir la construcción de un proceso en Veracruz” e impedir la alternancia política en la entidad federativa que el PRI gobierna desde hace 85 años.
En compañía de Enrique Cabranis y Juan Vergel, líderes estatales del PRD y PAN, respectivamente, indicaron que en lugar de solicitar que el procedimiento se repusiera, la autoridad electoral decidió anularlo todo.
Para Madero lo ocurrido representa un nuevo capítulo sobre la reinstalación de los gobiernos autoritarios. Su partido ve “con gran preocupación la falta de construcción de instituciones democráticas” en Veracruz, dijo.
En el mismo sentido se expresó Zambrano. En la conferencia de prensa conjunta que ofrecieron ayer indicó que hay una perversión en la actuación de los órganos que deberían velar por la legalidad del proceso electoral. Lo único que queda a la vista, dijo el perredista, es “la degradación de las instituciones”.
El lunes pasado el TEEV anuló el acuerdo de la coalición electoral PAN-PRD para contender en los comicios de julio próximo. Se disputarán 212 alcaldías, 30 diputaciones de mayoría relativa y 20 de representación proporcional.
La autoridad electoral argumentó que el sol azteca no cumplió con los estatutos. Que no logró alcanzar el 60 por ciento en la reunión de su Comisión Política celebrada el 31 de enero del año en curso. Para Madero, tal veredicto refiere que se han echado a andar todos los mecanismos de presión “para impedir que prospere una alianza muy poderosa”.
En su opinión, el bloque azul-amarillo podría alcanzar entre un millón 600 mil y 2 millones de votos, siendo que el PRI tiene apenas poco más de un millón de votos.
Para entender los cálculos del panista, vale recordar que en la elección gubernamental de 2010 el frente PRI-PVEM-PRV obtuvo 1 millón 356 mil 623 votos (43.54% de la votación total). La alianza PAN-PANAL conquistó 1 millón 277 mil 151 votos (40.99%). El tercer lugar fue para la coalición PRD-PT-M, con 401 mil 839 votos (12.90%).
Para las elecciones federales de 2012, las votaciones se fueron a tercios. Es decir, en la presidencial el PRI obtuvo el 33.65 por ciento de las preferencias, equivalente a 1 millón 180 mil 147 sufragios.
Pisándole los talones llegó el PAN de nuevo: con 1 millón 179 mil 327 sufragios, correspondiente al 33.63 por ciento. El bloque PRD-PT-MC tuvo 1 millón 12 mil 818 votos, el 28.88 por ciento de la votación.
La dirigencia albiazul subraya que lo que está en juego es la mayoría en el Congreso veracruzano. Ahí con solo un 30 por ciento de votos, los tricolores controlan dos terceras partes del Legislativo.
Y con ello, “controlan el nombramiento de los institutos de transparencia, de los institutos de fiscalización, de los institutos electorales y los nombramientos, las designaciones, los procedimientos de elección, las diputaciones”, aseguró Madero.
Zambrano informó que conforme a los plazos legales interpondrán en la Sala Superior un recurso para buscar revocar con argumentos sólidos la reciente decisión del TEEV.
Ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentarán sus consideraciones sobre la “preocupante situación” en Veracruz.
Niegan intervenir
El gobierno de Javier Duarte niega haya tenido injerencia en la decisión de Tribunal Electoral.
El gobierno de Veracruz sostuvo en un comunicado que “no tiene ninguna injerencia en el conflicto interno que enfrenta el PRD en la entidad” y que derivó en la anulación de su alianza con el PAN.
El secretario del gobierno de Veracruz, Gerardo Buganza, negó impedir la conformación de la alianza PAN-PRD. Sostuvo que son falsos y carecen de sustento los argumentos que esgrimen tales consideraciones, pues se apuesta por la legalidad “y en el proceso electoral que ya está en marcha, las instituciones cumplirán irrestrictamente con lo que la ley marca”, aseguró.
