El nuevo impuesto que prepara el gobierno de Jalisco para gravar la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en la entidad, causantes del cambio climático, también le será aplicado al sector agropecuario, cuya expansión en el estado ha traído consigo grandes afectaciones ambientales.
Jalisco se autonombra el “Gigante Agroalimentario” de México debido a que es el mayor participante del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario nacional al generar el 11.74 por ciento del mismo. Sin embargo, detrás de ese título se esconde un gran impacto ambiental para el estado que ha sido advertido por instituciones como la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Según el Inventario Estatal de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero de Jalisco 2017, publicado en 2019 por el Centro Mario Molina, la categoría que le corresponde al sector agropecuario, llamada “Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra”, es la segunda con más emisiones de GEI a la atmósfera.
Dicho inventario advierte que de los GEI que Jalisco liberó en ese año (30 millones 798 mil 268 toneladas de dióxido de carbono equivalente), más de una cuarta parte fueron generados por esa categoría, con el 29.12 por ciento del total.
La iniciativa para crear un impuesto climático, presentada por el gobernador Enrique Alfaro ante el Congreso local, pretende que los productores de ese sector y de todos los que componen la economía del estado paguen un gravamen por los GEI que emiten.
La reforma pretende adicionar un capítulo de Impuestos Ambientales en la Ley de Hacienda estatal para crear el Impuesto a la Emisión de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
El objetivo y finalidad de estas contribuciones es promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios, de tal manera que la satisfacción de los intereses particulares sea compatible con la de los intereses colectivos de protección ambiental y de desarrollo sustentable
“Además, permitirá que la Hacienda Pública del estado cuente con recursos que le permitan financiar las políticas y programas de adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, al fomento de la sustentabilidad en las actividades económicas, industriales y productivas del estado, así como para cumplir con las obligaciones de protección de la salud, al ambiente y a la preservación y restauración del equilibrio ecológico”, dice.
La arquitectura jurídica del impuesto
Para precisar quiénes quedarán obligados a pagar por los GEI que emitan a la atmósfera, se pretende incluir un artículo 67 quinquies que dice que “son sujetos y están obligados al pago de esta contribución, las personas físicas, las personas jurídicas y las unidades económicas residentes en el estado o los residentes fuera del estado, que tengan instalaciones o fuentes fijas en las que se desarrollen las actividades que determinan las emisiones gravadas en el territorio del estado”.
En el mismo numeral se señala que el impuesto será obligatorio de igual forma para entes públicos de los tres niveles de gobierno, incluidos Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El costo específico a pagar por los GEI quedará establecido hasta que se elabore la Ley de Ingresos del estado 2021; por su parte, el artículo 67 sexies precisa que habrá distintos métodos para definir la cantidad de gases que generó cada productor durante el año.
El artículo 67 nonies dice que “los contribuyentes deberán presentar aviso de inscripción ante la Secretaría de la Hacienda Pública y llevar un Libro de Registro de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, que estará a disposición de la propia Secretaría de la Hacienda Pública y de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial”.
En Jalisco se liberaron más de 30 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente tan solo en el 2017, según estudios del Centro Mario Molina
GEI en exceso, riesgo de Cambio Climático
También se busca modificar la Ley para la Acción ante el Cambio Climático del estado de Jalisco, para adicionar el artículo 93 Bis, cuya lectura permite concluir que se establecerán límites máximos permitidos de emisión de GEI.
“Las personas físicas y jurídicas que por sus actividades económicas o productivas, generen emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, se encuentran obligadas a registrarse y reportar ante la secretaría en caso de rebasar los umbrales o límites de emisión de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable”, dice.
En su estudio “Jalisco A Futuro 2018-2030”, la UdeG advierte sobre los impactos del sector agropecuario.
“La actividad agropecuaria es tal vez la actividad de mayor impacto histórico sobre la biodiversidad de Jalisco, lo que se refleja principalmente en la pérdida de vegetación a través de la deforestación, la degradación de bosques y suelos por sobrepastoreo y prácticas agrícolas inadecuadas, como la quema de residuos agrícolas y su impacto en la generación de incendios forestales, así como en la contaminación de cuerpos de agua y la generación de emisiones de GEI”, se lee.
