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De concretarse tal solución, el caso saldría del ámbito de la CIDH y se perdería toda posibilidad de que haya una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Por más que el Estado mexicano la promueva, “es imposible que exista una solución amistosa”.
Esa es la postura de las 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos policiales de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México.
Por primera vez, una de ellas, Bárbara Italia Méndez, narró su historia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante representantes del gobierno federal, plantearon que el Estado mexicano fue cómplice de la violación sexual que vivieron hace casi siete años.
El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores apeló ayer a una solución amistosa con las denunciantes.
Durante la audiencia pública con la CIDH, Juan Manuel Gómez Robledo solicitó “de manera solemne a esta comisión que nos acompañe en la búsqueda de una solución amistosa, y de esta manera reparar a las víctimas”. Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, sostuvo que hay voluntad del Estado mexicano de reconocer la comisión de violaciones a los derechos humanos que ameritaría una reparación integral y una disculpa pública.
La lectura que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hace sobre la propuesta gubernamental es que se busca “bajarle el perfil al caso”, distrayendo la atención pública y dejando en el limbo las investigaciones pertinentes.
Así lo plantea a Reporte Indigo Andrés Díaz, coordinador de defensa integral del Centro Prodh que, junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, defienden a las Mujeres de Atenco:
“¿Cómo se puede confiar en una solución amistosa cuando el Estado mexicano ha tenido en sus manos por siete años los nombres de quienes perpetraron las violaciones y no ha hecho nada para hacer justicia?
“¿Cómo confiar en una solución amistosa si en siete años las denunciantes han seguido su lucha y su camino y la versión sobre lo sucedido en Atenco sigue siendo correvictimizantes hacia sus personas?
“Es imposible que exista una solución amistosa”, afirma contundente.
De concretarse tal solución, el caso saldría del ámbito de la CIDH y se perdería toda posibilidad de que haya una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por ello, es pertinente aclarar que lo que ayer aconteció en la audiencia celebrada en Washington, Estados Unidos no fue un diálogo con la nueva autoridad federal, sino un proceso de un caso que, desde hace años ,se busca sepultar a toda costa.
Cadena de mando
En mayo próximo se cumplen siete años de la represión en San Salvador Atenco y Texcoco que provocó la detención arbitraria y la tortura sexual contra 27 mujeres, entre muchas de las violaciones de los derechos humanos que se cometieron.
Once sobrevivientes de esa tortura –Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres, Suhelen Gabriela Cuevas y Bárbara Italia Méndez– sostienen desde entonces una denuncia pública contra el Estado.
Los 50 casos de tortura sexual que tuvieron lugar en una sola noche de ese mayo negro, según Díaz, refieren “una concertación hecha con antelación para cometer esos crímenes”.
La tortura sexual en ese poblado mexiquense supuso tratar los cuerpos de las mujeres como botínes de guerra. Por esta razón, sí hubo tortura sexual.
Más aún, agrega el abogado, supuso que “sí hubo cadena de mando y se tiene que investigar no sólo a los autores materiales, sino a los intelectuales”.
Dicha tortura no puede delegarse únicamente en los funcionarios y policías federales y del Estado de México. Ésta no hubiera sido posible, afirma, si ellos no hubieran sabido “que el Estado les otorgaría la impunidad”.
El informe
Aunque al menos en el discurso, el Estado reconoce las violaciones cometidas en Atenco, hasta ahora no se ha sentenciado ni sancionado a nadie.
Díaz asegura que lo que sucedió ahí fue “una concertación de violación a los derechos humanos, con tortura sexual incluida”.
Aunque no se sabe cuándo la CIDH emitirá su informe del caso, el Centro Prodh considera que señalará al Estado mexicano como responsable del daño a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana y otros tratados internacionales.
Si eso ocurre, el organismo internacional lo notificaría y el caso pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.
En un proceso judicial más breve se podría dictar una sentencia vinculante: que obligue al Estado mexicano a implementar varias medidas de reparación.
Lo que las Mujeres de Atenco quieren es una reparación integral del daño que se les infringió tras la tortura sexual que vivieron en 2006.
