Lo que se vive hoy en Michoacán y Guerrero ocurrió hace unos años en estados de la frontera como Nuevo León y Tamaulipas
Como parte de su expansión natural, los cárteles de las drogas no sólo hoy imponen su ley sino también buscan el control de los gobiernos locales para hacerlos parte de su organización criminal.
Hoy el crimen organizado no sólo infunde miedo y salpica de violencia a México, sino usa su poder metaconstitucional para controlar territorios estratégicos para el tráfico de drogas, que sigue siendo su negocio principal.
Estos territorios forman parte ya de su tiranía criminal.
Los casos de Los Caballeros Templarios en el estado de Michoacán y el de Los Guerreros Unidos en el estado de Guerrero son los más recientes de cómo hoy los cárteles de la droga infiltran los gobiernos municipales y estatales.
Los líderes del cártel de los Guerreros Unidos, un grupo vinculado a los Beltrán Leyva, eran familiares de la esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien desde ayer es el principal sospechoso de haber ordenado la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, se perfilaba para ser la próxima alcaldesa de Iguala.
Hoy la PGR señala como principales sospechosos de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa a esta pareja de militantes del PRD.
Los tentáculos del narcotráfico siguen alcanzando a las autoridades locales de México, que siguen siendo las más débiles del país.
Hoy las policias municipales de estados como Guererro, Michoacán, son los principales brazos armados de los cárteles de la droga y responsables de los ajustes de cuentas y ejecuciones.
No es la primera vez que ocurre esto en México.
Durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, la infiltración de las policías municipales fue uno de los principales temas que tuvieron que combatir las autoridades federales.
Incluso Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, aceptó en alguna ocasión que todas las policías municipales y estatales de México estaban infiltradas por el narco.
Lo mismo lo denunció Edgardo Buscaglia, especialista en seguridad de la ONU, quien aseguró hace tres años que el 73 por ciento de los municipios de México eran controlados por el crimen organizado gracias a la complicidad política.
Lo que se vive hoy en Michoacán y Guerrero ocurrió hace unos años en estados de la frontera como Nuevo León y Tamaulipas.
Los cárteles de la droga –Los Zetas, principalmente- se apoderaron de las corporaciones municipales para imponer su ley y controlar las ciudades de la frontera mexicana.
Las ejecuciones de agentes policiacos –involucrados con el narcotráfico- eran pan de cada día.
La intervención del Ejército Mexicano ayudó para enfrentar el problema, pero no fue la solución, que finalmente radicó en la depuración de las policías municipales y estatales.
Los nuevos cárteles de la droga mexicana hoy son prolíficos: estrechan vínculos con otras organizaciones criminales de otros países para el comercio de la droga y sellan acuerdos comerciales.
Son como holdings criminales.
En Michoacán es de todos conocido que el cártel de Los Caballeros Templarios, que encabeza Servando Gómez, “La Tuta”, tiene intereses en el negocio siderúrgico que existe en ciudades como Lázaro Cárdenas, Michoacán.
El tráfico de drogas y el lavado de dinero dejó hace algunos años de ser el único negocio de los cárteles del narcotráfico: actualmente sus actividades incluyen el tráfico de armas, el tráfico de personas, los secuestros, las extorsiones, el robo de combustible y comercio de residuos tóxicos.
