Desde hace mucho tiempo el emporio de Juan José Esparragoza Moreno “El Azul” existe en Guadalajara con el aval de las autoridades jaliscienses.
Las empresas del capo sinaloense crecen exitosas desde hace años con permisos de construcción, escrituración inmediata, avales de notarios y administraciones locales.
Son negocios que prosperaron de la noche a la mañana, registrados hace apenas 3 o 4 años y que ahora se desarrollan con el boom inmobiliario de Guadalajara.
Empresas que fueron constituidas sin señalar siquiera el domicilio de las mismas, y que con el tiempo recibieron aportaciones millonarias.
Ahora que el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos congeló las cuentas de los negocios de Esparragoza Moreno en dicho país y señaló varios de los que tienen instalados en Sinaloa y Jalisco, las administraciones jaliscienses involucradas salieron a deslindarse.
Al respecto Adam J. Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro señaló que “la acción de hoy (de congelar las cuentas) pone los reflectores sobre este padrino mexicano de los narcóticos. Toda su red corporativa que fue creada con recursos ilícitos del narcotráfico, la tenemos bajo la mira”.
Pero las autoridades mexicanas no parecen tomar en cuenta la investigación detallada del gobierno estadounidense.
Tampoco se dieron cuenta –o no quisieron hacerlo– a pesar de que el Gobierno Federal ofrece 30 millones de pesos por información para capturar a “El Azul”.
En el caso de Tlajomulco de Zúñiga Alberto Uribe Camacho el acalde interino señaló que la Procuraduría General de la República no le ha solicitado información, pero ya adelantó que todos los permisos fueron otorgados por administraciones pasadas.
Mientras tanto en los complejos de las empresas Grupo Cinjab, S.A. de C.V. y Grupo Impergoza, S.A. de C.V. las cosas transcurren normalmente.
Aunque ahora no se permiten fotografías, según señalaron guardias de seguridad de Provenza Center, un centro comercial de los que señaló el Departamento del Tesoro estadounidense.
Llama la atención que la autoridad jalisciense señale que estos permisos se otorgaron en administraciones pasadas, cuando estas empresas se constituyeron apenas en 2008 y 2009.
Un crecimiento exprés, inexplicable, que ni la administración de Tlajomulco de Zúñiga ni el Gobierno de Jalisco se preocupó por atender.
Y ante semejante emporio que nació de la noche a la mañana, con personajes que no tienen antecedentes en el sector inmobiliario habría que preguntar, ¿es qué acaso nadie se dio cuenta?
¿Ningún arquitecto, contador, notario, fedatario, perito, autoridad municipal o estatal notó que eran negocios ilícitos?
Y es que los notarios públicos que avalaron la constitución tienen antecedentes de dar fe a operaciones fraudulentas.
Lo cierto es que Provenza Residencial un lujoso desarrollo inmobiliario en Tlajomulco de Zúñiga está casi vendido al 90 por ciento.
Y para que eso sucediera tuvo que pasar mucho tiempo, permisos y transacciones en las que participaron autoridades jaliscienses de todo tipo.
“En 3 meses estaremos al cien”, señaló un empleado de dicho complejo.
El vendedor de Provenza dijo que el metro cuadrado del terreno cuesta en Tipo “AA” 4 mil 250 y en Tipo “AAA” 4 mil 450 pesos.
Los costos varían por la ubicación, pero los terrenos cuestan entre 979 mil y más de un millón de pesos.
Comprar una casa ya construida en el sitio cuesta alrededor de 4 millones de pesos, pero el vendedor recomienda adquirir el terreno y luego construir, pues solo se necesitan 8 meses para esto.
Por otro lado, Provenza Center tiene muy pocos locales vacíos, si acaso una decena.
La renta mensual estándar de un local de 4.5 metros de frente por 8.4 de fondo es de 8 mil 332 pesos.
La plaza está prácticamente llena con restaurantes, oficinas de televisión por cable, de venta de colchones y de todo tipo de establecimientos.
Dichos locales necesitaron permisos de restaurante, de venta de alcohol, comerciales, y de varios tipos.
Por eso llama la atención que hasta ahora el único pronunciamiento de la autoridad de Tlajomulco de Zúñiga sea deslindarse.
Aunque una segunda cuestión que indica el alcalde Uribe Camacho es que la Procuraduría General de la República no lo ha citado, ni se tienen conocimiento de alguna investigación de la autoridad mexicana.
Las empresas de los hijos de “El Azul”
En el Registro Público del Comercio de Jalisco se encuentran los antecedentes de Grupo Cinjab, S.A. de C.V. y Grupo Impergoza, S.A. de C.V.
Las dos fueron constituidas con ciertas diferencias a las de una empresa que trabaja normalmente.
Porque en ninguna de las actas constitutivas aparece el domicilio de los negocios, simplemente se señala que está en “Guadalajara, Jalisco”.
Por otro lado ambas empresas tienen los mismos socios, y en ambas aparece Cristian Ivan Esparragoza Gastelum como representante.
En el caso de Grupo Cinjab, se establece en los documentos solicitados por Reporte Indigo que la empresa se constituyó el 7 de julio de 2008.
En su formación participaron los 4 hermanos Esparragoza Gastelum: Brenda Guadalupe, Juan Ignacio, Cristian Iván y Nadia Patricia.
Los dos últimos como socios “fijos” con la aportación de un capital de 600 mil pesos.
Adicional a esta inversión está la de los socios “variables”, que son los 4 incluidos los dos hermanos que figuran como “fijos”, y para los cuales aportó cada uno la cantidad de 15.5 millones de pesos.
Lo que quiere decir que la empresa se constituyó con un capital inicial de más de 60 millones de pesos.
El objeto social es “edificación, construcción en general, licitaciones y concursos a nivel estatal, federal y municipal de obra pública y privada, construcción, proyectos, presupuestos, mantenimiento y reparación de obra para personas físicas y morales”.
Se trata del mismo objeto social de la empresa Grupo Impergoza, otra de las señaladas por el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos.
Esta segunda empresa fue constituida el 27 de enero del 2009 y en ella participan como socios los 4 hermanos Esparragoza Gastelum y además su madre, María Guadalupe Gastelum Payan.
Cada uno de los hermanos aportó 7 mil 500 pesos de capital inicial y Gastelum Payan aportó 20 mil pesos.
Tanto en Grupo Cinjab como Grupo Impergoza otorgaron poder legal a Juvencio Ignacio González Parada.
En la primer empresa el 3 de febrero de 2011 y en la segunda el 4 de febrero de 2010.
Además de González Parada, hay otras dos personas que recibieron poder de los hermanos Esparragoza Gastelum para administrar las empresas.
Ante la red que se devela detrás de los negocios de Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, sale a la luz una realidad que es un secreto a voces en Guadalajara.
Y es que mucho del crecimiento inmobiliario y de grandes negocios en la ciudad, viene de fortunas de dudosa procedencia que las autoridades locales prefieren no revisar.
Así Guadalajara se desarrolla con grandes capitales vinculados al Cártel de Sinaloa: por algo los rivales del grupo criminal del pacífico cobran sus venganzas en esta ciudad.
Dos apoderados más
Los documentos sobre la constitución de las empresas de la familia Esparragoza Gastelum que Reporte Indigo consultó en el Registro Público del Comercio de Jalisco, develan dos nombres más que la investigación del Departamento del Tesoro no había señalado.
Se trata de un contador público y un abogado que recibieron “poder general judicial y para actos de administración”.
Sus nombres son Julio César Estrada Gutiérrez y Jorge Enrique Esquerra Esquer.
Ambos recibieron en 2010 poder de parte de ambas empresas.
En el caso de Grupo Cinjab el 19 de agosto del 2010; y en el de Grupo Impergoza el 4 de febrero del mismo año.
En una consulta que realizó esta publicación en Internet, no existen antecedentes sobre la participación de los señalados en algún tipo de transacción inmobiliaria.
Tampoco como representantes legales o contables de otra u otras empresas.
Notarios con antecedentes
Los notarios públicos que avalaron la constitución de Grupo Cinjab y Grupo Impergoza tienen antecedentes de operaciones fraudulentas.
Tanto Guillermo Coronado Figueroa como Javier Herrera Anaya han sido denunciados públicamente por cometer actos de corrupción cuando dan fe de negocios o compra venta de inmuebles.
Coronado Figueroa, notario público 50 de Guadalajara que avaló transacciones de ambas empresas fue suspendido 3 meses en abril del 2008 por avalar una transacción con la que se defraudó al matrimonio constituido por Mercedes Barba y Leonardo Mayagoitia.
Los esposos promovieron un juicio ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) y se resolvió a su favor, por lo que el fedatario fue suspendido, aunque ellos exigían su destitución.
En el caso de Javier Herrera Anaya notario 29 de Guadalajara, el otro que avaló la constitución y dio fe de cómo se otorgaron poderes a las empresas de la familia Esparragoza Gastelum, fue acusado de dar fe a un testamento falso.
El 4 de junio de 2006, la revista Proceso publicó “Herencia Pervertida”, sobre el caso de Aurora de Anda Medina de Padilla, mujer que falleció y legó a la Cruz Roja y al Hospital Civil de Guadalajara su fortuna.
Los familiares de Medina de Padilla indican que Herrera Anaya avaló un testamento falso con el que se entregó el legado a Armando Alcocer de Anda, sobrino de la difunta.
Estos fedatarios con oscuros antecedentes, fueron los que revisaron que la formación de las empresas y sus transacciones se hiciera confirme a derecho.