Como parte de su ciclo de audiencias, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) recibió a representantes de 126 organizaciones de 11 países en América Latina, quienes expusieron ante los Comisionados los impactos de la práctica del fracking en la región y su relación con violaciones a los derechos humanos, y se manifestaron por su prohibición total.
En la audiencia, que duró alrededor de una hora, los representantes de organizaciones de países como México, Colombia y Argentina detallaron los aspectos técnicos de este método de extracción de hidrocarburos (consistente en la fractura hidráulica) y todas las secuelas ambientales, sociales y a la salud que está generando esta técnica que ha venido creciendo en los últimos años.
La principal solicitud a la CIDH y a las Relatorías para los diversos países, en el marco de esta audiencia, fue instar a los Estados a que adopten medidas eficaces y oportunas para prevenir violaciones a los derechos humanos en el contexto de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, así como la aplicación al principio de precaución frente a posibles daños ambientales a causa del fracking.
Uno de los puntos que más preocupan a las organizaciones, detalló el geógrafo argentino Roberto Ochandio, es que la industria del fracking en América Latina en general no está siendo transparente en cuanto a la información de todos los productos químicos que utiliza, lo que a su vez dificulta medir de forma integral los daños que están causando dichos productos.
Asimismo, pusieron en duda la capacidad de los Estados para controlar y regular esta práctica, por lo que esta actividad avanza a ciegas. Se calcula que solo en México existen ya más de 3 mil pozos de fracking, aunque debido a dificultades de acceso a la información podrían ser más, advirtieron. En total, en la región se estima que hay más de 5 mil pozos.
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Liliana Ávila, abogada de la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental, señaló que la práctica del fracking atenta en contra de los derechos humanos por los impactos que genera en comunidades indígenas, campesinas, en zonas urbanas e incluso en zonas protegidas. También destacó que al no consultar a las comunidades se están generando tensiones sociales, represión y ataques a quienes resisten y desplazamientos forzados.
“En América Latina, el fracking se ha realizado sin informar ni consultar adecuadamente a la población afectada, vulnerándose así su derecho a la información, participación, consulta y consentimiento previos”, agregó.
Aunque es una técnica relativamente nueva, y la investigación de sus efectos también está en etapas tempranas, los representantes de las organizaciones sí fueron muy enfáticos durante la audiencia para señalar que la actual evidencia basada en investigaciones independientes tiene un peso más que suficiente para prohibir el fracking.
“Creemos que hoy en día, aún con lo joven que es esta técnica, tenemos evidencia para demostrar que por mucho, esta técnica viola un montón de derechos humanos, que pone en riesgo la vida de las poblaciones actuales y de las futuras generaciones. No quisiéramos generar más evidencias, querríamos que se frene”, señaló Alejandra Jiménez de la Alianza Mexicana contra el fracking.
Los comisionados Francisco José Eguiguren y Flávia Piovesan manifestaron su interés en el caso aunque coincidieron en la importancia de estudiar toda la documentación para elaborar un diagnóstico y tener una base contextual sólida para emitir las recomendaciones correspondientes.
Para ello, las organizaciones se comprometieron a brindar el respaldo técnico y la documentación necesaria en seguimiento de esta audiencia.
