Los dos organismos que en Nuevo León trabajan en políticas públicas sobre mujeres han realizado operaciones en la ilegalidad en una entidad situada en segundo lugar de feminicidios.
A través de un convenio de colaboración y coordinación institucional, el Instituto Estatal de las Mujeres transfirió a la Secretaría de las Mujeres la administración y operación del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia (Banavim).
El convenio de transferencia de facultades creado en enero entre la Secretaría de las Mujeres, en ese entonces a cargo de Alicia Leal, y el Instituto Estatal de las Mujeres, encabezado por Laura Paula López, viola cuatro leyes estatales. Se trata de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley del Instituto de la Mujeres, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Además, este documento en poder de Reporte Índigo genera confusión a las mujeres que pasan por una situación de violencia y que buscan protección.
La coordinadora de la bancada de Morena, Jessica Martínez, emitió tres exhortos, uno al Gobierno estatal, otro al Congreso local y uno más al Instituto de la Mujeres, en los cuales señala violaciones a dichas leyes por las transferencias de facultades.
“El problema que resulta de dichas transferencias es una confusión de las usuarias que desean acceder a un servicio del Instituto o de la Secretaría”, dice el exhorto entregado el 13 de julio a tres instancias.
La diputada de Morena señaló que las titulares del Instituto Estatal de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres, al celebrar el convenio en el que se comprometen a transferir atribuciones, no lo hicieron de forma legal.
“No observaron el principio de legalidad al no respetar las atribuciones que las leyes y disposiciones jurídicas le atribuyen al Instituto y, en consecuencia, existe una posible responsabilidad administrativa que, al investigarse por la autoridad competente, podría tener sanciones a las personas que suscribieron el convenio”, dice el documento.
La legisladora morenista consideró que el convenio tendría que quedar sin efecto. Por ello ofreció legislar para modificar cualquier facultad tanto del Instituto como de la Secretaría.
“Se tiene que dejar sin efecto (el convenio). Y si necesitan hacer alguna modificación de las facultades de estas dos instancias, tiene que traer aquí las iniciativas para su estudio y, en caso de que sean viables, se van a aprobar”, dijo a Reporte Índigo.
Martínez incluso mencionó que la Secretaría de las Mujeres podría caer en una usurpación de funciones, al tener una atribución que por mandato no le corresponde.
Un convenio viciado
La exdiputada Claudia Tapia dijo que este convenio está viciado, pues la titular del Instituto Estatal de las Mujeres, Laura Paula López, no sustenta legalmente que podría transferir atribuciones a la Secretaría de las Mujeres.
“Y si se iniciara un juicio de procedimientos administrativos o en el término judicial, podría decretarse la nulidad por completo, que es lo más grave para el Instituto y la Secretaría, pues pone en riesgo todas las acciones del Gobierno del estado”, declaró la activista.
El Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres es un sistema digital que concentra el registro general y sociodemográfico de las víctimas, agresores y las órdenes de protección dictadas en favor de las mujeres. Tapia aseguró que podría estar en riesgo.
“El Instituto transfiere el banco a pesar de que la Ley Estatal de las Mujeres establece que es el Instituto el que tiene esa atribución, poniendo en riesgo la validez y el uso de esos datos”, expresó Tapia.
Agregó que María Elena Chapa hizo un trabajo muy duro para que el BANAVIM lo llevará el Instituto, un organismo donde estuvo al frente por años.
Por su parte, la también exdiputada local, Ivonne Bustos, quien estuvo hasta hace unos meses en el Instituto Estatal de las Mujeres, explicó que este convenio no puede tener validez, pues es contrario a la legislación local.
“Pero sí es importante que se lleven a cabo las facultades por el organismo previsto dentro de la propia legislación, porque cuando la Auditoría Superior del Estado haga la revisión al organismo, va a ser sujeto de observaciones severas por el incumplimiento y no va a aceptar un convenio que esté firmado entre las partes”, advirtió.
Bustos también externó la violencia que existe en el organismo que encabeza Laura Paula.
“Fui parte del Instituto seis meses y sí hay, lamentablemente, historias que se repiten en torno a la violencia que se ejerce contra personal que trabaja en el Instituto”, añadió Bustos.
