21 congresos locales aprueban reformas que garantizan los derechos de las mujeres. Foto: Especiales.

Declaran diputados constitucionalidad sobre igualdad sustantiva

La reforma propuesta por la presidenta Sheinbaum que busca que se garantice la igualdad de las mujeres, tuvo el aval de 21 congresos locales

Luego de que 21 congresos estatales aprobaron las reformas a siete artículos de la Carta Magna, para garantizar los derechos de las mujeres a la igualdad sustantiva y a vivir una vida libre de violencia, así como para cerrar la brecha salarial por razones de género, el pleno de la Cámara de Diputados hizo este martes la declaratoria de validez constitucional.

Los congresos locales que avalaron la reforma fueron; Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.

La Mesa Directiva de la Cámara baja formuló la declaratoria y la remitió al Senado de la República para cumplir el mismo trámite y, posteriormente sea enviada al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

¿Qué establecen estos artículos? 

Se establece que el Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres; también señala que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias y, para ello, el Estado “Tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños”.

“La reforma prevé el cierre de las brechas en materia salarial entre mujeres y hombres, al imponer la disposición obligatoria a trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta sexo, género ni nacionalidad”.

La reforma plantea: “Salario igual, sin tener en cuenta sexo, género ni nacionalidad”. Foto: Especiales.

Asimismo, se plantea elevar a rango constitucional la obligación de observar el principio de paridad de género en los nombramientos de los titulares de las dependencias federales, estatales y municipales. Se establece además el mandato a las entidades federativas para garantizar que sus instituciones de procuración de justicia cuenten con fiscalías especializadas en investigación de delitos relacionados con violencias de género contra las mujeres. Se incorpora también la perspectiva de género como principio de actuación de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia.

 

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