La evaluación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) reveló que el órgano autónomo dirigido por Gabriel Contreras Saldívar es tibio al sancionar y disparejo con la población de escasos recursos.
Mediante la Evaluación Número 1786-GB “Política Pública de Telecomunicaciones”, la Auditoría reveló que entre 2013 y 2016, el presupuesto total ejercido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Telecomunicaciones de México, el Sistema Público de Radiodifusión y el IFT disminuyó 41.3 por ciento.
Es decir que pasó de 78 mil millones de pesos a 46 mil 379 millones de pesos para atender el problema público relacionado con la falta de competencia en el sector y de infraestructura privada en zonas de cobertura.
La Auditoría concluyó que esta disminución en el presupuesto “limita la cobertura universal de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión e impulsa servicios de baja calidad a precios poco accesibles”.
El panorama a futuro de las telecomunicaciones es desolador; la ASF señala que tras el amparo interpuesto por América Móvil para cobrarle a sus competidores por utilizar su red, se espera un efecto negativo en la competencia del sector
“Las variaciones presupuestales se explican principalmente porque con el programa P001 ‘Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes’ se ejercieron recursos para proporcionar a la población televisiones digitales, a fin de permitir la transición a la Televisión Digital Terrestre”, indica la ASF en el informe.
De los 46 mil 379 millones de pesos ejercidos el 75.2 por ciento, es decir 34 mil 877 millones de pesos, lo gastó la SCT, principalmente para el apagón analógico y la transición a la Televisión Digital Terrestre.
Por otra parte, 5 mil 746 millones fueron utilizados por TELECOMM para servicios satelitales, mientras que el IFT gastó 3 mil 751 millones de pesos tan solo para regulación y supervisión en materia de telecomunicaciones.
Cabe destacar que el Instituto además fue ayudado en su labor por la PROFECO quien también tuvo presupuesto propio.
Respecto al dinero gastado, la Auditoría Superior evidenció que con las pruebas que le presentaron no puede definir la suficiencia de los recursos.
“Los diagnósticos nacionales y sectoriales en la materia, así como la información de los La ASF ha auditado a un Instituto Federal de Telecomunicaciones blando en la aplicación de sanciones surgidas en el ramo; incluso señala que se vio involucrado en al menos dos polémicas al entregar nuevos espacios radiofónico programas presupuestarios no aportan elementos para que la ASF pueda pronunciarse respecto de la suficiencia de los recursos ejercidos”, revela el documento de 220 páginas.
Para la ASF el problema central en el rubro de las telecomunicaciones es la falta de competencia.
“El problema público de las telecomunicaciones se refiere a fallas de mercado en términos de competencia, por la concentración en pocos operadores, y de mercados incompletos, porque no se suministra servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en zonas de escasos recursos, lo que limita su cobertura universal e impulsa la baja calidad a precios poco accesibles por lo que no es posible garantizar el libre acceso a la información”, advierte la Auditoría Superior.
Y si bien los precios de los servicios de telecomunicaciones han bajado los costos no son accesibles para todos, concluye el documento.
“En conclusión, si bien los precios de los servicios de telecomunicaciones disminuyeron considerablemente entre 2013 y 2016, como un efecto positivo de la política pública de telecomunicaciones, ello no ha garantizado que los precios sean asequibles para la totalidad de la población, al representar una fuerte carga económica para los hogares con menores ingresos”, aclara el órgano auditor federal.
El panorama a futuro de las telecomunicaciones es desolador ya que la ASF señala que luego de la nueva propuesta de tarifas de interconexión elaborada por el IFT y el amparo interpuesto por América Móvil para cobrarle a sus competidores por utilizar su red, se espera un efecto negativo en la competencia del sector, lo que derivará en un aumento en el precio de los servicios ofrecidos a los usuarios.
Licitaciones impunes
La Auditoría Superior de la Federación reconoció que al Instituto Federal de Telecomunicaciones le corresponde promocionar las bandas de frecuencia radiofónica, ya sea por licitación o asignación directa, además de la regulación del espectro radioeléctrico, la supervisión de las disposiciones emitidas y las sanciones correspondientes por su incumplimiento.
Pero estas sanciones no han sido efectivas en muchas ocasiones, reveló el informe de la Auditoría.
“En conclusión, aun cuando el área de verificación realice una visita de verificación, de la cual determine incumplimientos por parte de los concesionarios y, con base en ello, realice una propuesta de sanción aplicable en cada caso particular, en el proceso que amerita la imposición de sanciones hasta quedar reportadas como ‘firmes’, el IFT tiene un rezago en la aplicación de las mismas”, informa el escrito.
Durante el periodo analizado, el área de monitoreo del uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico registró 799 usuarios de frecuencias no autorizadas, el área de verificación consignó 410 incumplimientos y el área de supervisión documental identificó 164, lo que suma un total de mil 373 casos de incumplimiento.
Luego del proceso de verificación únicamente se emitieron 494 propuestas de sanción de las cuales solamente el 72.5 por ciento (358) fueron efectivas.
Entre el 2013 y 2016, el instituto cumplió con el objetivo de la reforma, simplificando los trámites para obtener una concesión para prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, aumentando el número de concesiones otorgadas, las cuales pasaron de 3 mil 618 en 2013 a 3 mil 938 en 2016, lo cual representó un aumento del 8.8 por ciento.
En las licitaciones otorgadas, el IFT se vio involucrado en al menos dos polémicas al entregar nuevos espacios radiofónicos a empresas que tenían nexos con otros grupos del sector, violando sus propios estatutos y la intención de la Reforma en telecomunicaciones, la cual era ampliar la oferta radiofónica.
El caso más sonado fue el de Tecnoradio al que se le habían otorgado varias licitaciones, pero días después se reveló que la empresa tenía nexos familiares con Radiorama.
Tecnoradio tenía la intención de hacerse pasar como nuevo competidor y ahorrarse 40 millones de pesos.
En la mudanza de estaciones de Amplitud Modulada (AM) a Frecuencia Modulada (FM), el IFT le otorgó una estación en la Ciudad de México a XEINFO-AM, radiodifusora que mintió a la hora de concursar.
El grupo radiofónico propiedad del empresario automotriz Eduardo Henkel tiene nexos con Grupo Radio Centro y las bases especificaban que se le daría propiedad a nuevos competidores.