“Hay un trato hasta cierto punto de opacidad para impedir que se lleguen a esclarecer todo los elementos ligados a los gastos del PRI”.
Así opina Camerino Eleazar Márquez Madrid respecto al informe preliminar de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral.
El representante de la coalición Movimiento Progresista confirmó a Reporte Indigo las argumentaciones que se dieron a conocer ayer en un comunicado oficial respecto a que el IFE oculta información relativa al rebase del tope de gastos de campaña del priista Enrique Peña Nieto.
La noche del 30 de julio la coalición PRD-PT-MC presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Federación “pruebas supervinientes relativas al ocultamiento de los gastos de la coalición Compromiso por México”.
A los magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Nava Gomar –que elaboran el proyecto de cómputo final de la elección y declararán la validez de la misma–, las izquierdas denuncian que el reporte de la Unidad de Fiscalización “se limita a proporcionar información parcial e inconexa”.
Agregan que no refiere si realizó un cotejo entre lo que reportaron los partidos y los resultados de los monitoreos de propaganda y actos de campaña.
La apelación ocurre luego de la sesión ordinaria del Consejo General del IFE, donde los datos que proporcionó son escuetos y motivó que las izquerdas recurrieran a la Sala Superior del Tribunal electoral.
Si bien la Unidad de Fiscalización argumenta que “los montos son preliminares, antes de la determinación de hallazgos”, subraya que desde el 26 de abril hay una queja por rebase de gastos de la coalición PRI-PVEM.
Destaca que estos partidos habrían aportado poco más de 429 millones y 31 millones, respectivamente, y solo están reportando 11 millones como ingresos en el primer mes.
“Es decir el 2.4% del total del financiamiento de la coalición a la campaña, quedando en duda el destino de 97.6% del financiamiento de esta coalición”.
Tampoco hay, dicen, consistencia en el rubro de egresos de la coalición PRI-PVEM en el primer mes, ubicado en más de 59 millones de pesos.
Por ello anoche pidieron a la Sala Superior determine ordenar al Consejo General y a la Unidad de Fiscalización del IFE llevar a cabo un procedimiento extraordinario de fiscalización, conforme al artículo 85 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Lo que les interesa, dice Márquez, es que la información pueda “establecer los vínculos y los nexos que hubo en latriangulación de dinero y finalmente concluir si hubo rebase o no de los 336 millones que es el tope de campañas”.
