El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) afirmó que respetará lo dispuesto en la nueva ley en cuanto entre en vigor; no obstante, indicó que la impugnará porque generará una sobrecarga de trabajo en ciertas áreas y debido a la desaparición de plazas, podría haber atropellos a los derechos laborales.
Así lo dio a conocer el instituto el pasado 28 de mayo, después de que se aprobarán las reformas.
“La Consejera Presidenta del IECM, Patricia Avendaño, sostiene que este instituto redoblará esfuerzos, para continuar con el desarrollo de acciones en favor de la ciudadanía capitalina, y será el propio organismo autónomo el que diseñe e implemente las acciones necesarias para atender las disposiciones establecidas en el dictamen, garantizando la protección de los derechos laborales del personal que resulte afectado por esta situación”, afirmó el IECM a través de un comunicado.
El órgano también indicó que realizará una revisión de su estructura y de su plan de trabajo para adaptarse a los cambios.
“Se realizará un plan de trabajo y una revisión integral de la estructura interna de todo el IECM, a través de un estudio que arroje datos técnicos y objetivos, para determinar las modificaciones en sus áreas, las cuales deberán ser aprobadas por el Consejo General”, señaló.
Sin embargo, advirtió que el dictamen no solo desapareció a la Unidad Técnica de Fiscalización, también a la Unidad de Género al pasar sus facultades a la Unidad de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía.
“El instituto tiene actividades previstas para los grupos de atención prioritaria, con los que trabaja a través de la Unidad Técnica que gestiona esos temas, y que es una de las que desparecerá con la reestructuración ordenada en el Dictamen aprobado por el Congreso local”, detalla el comunicado.
Evalúan recurso en el IECM
Ante esta situación, el IECM indicó que impugnará el dictamen aprobado por el Congreso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Se evalúa qué recurso de impugnación interpondrá el IECM para revertir las modificaciones aprobadas por el Congreso local, en virtud de que podrían recurrir ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mediante un Juicio de Revisión Constitucional o un mecanismo análogo, para lo cual tienen cuatro días, a partir de la publicación del dictamen; y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una Controversia Constitucional, en cuyo caso, se tienen 30 días para activarla”, detalla la información difundida.