Al interior del Instituto hay posiciones encontradas en todos los proyectos y la toma de decisiones, especialmente en el proceso electoral.
Por vacíos legales, decisiones equivocadas o pugnas políticas, el Instituto Electoral del Distrito Federal registra pérdidas millonarias y un desorden organizacional. El más reciente conflicto acaba de generar un monto que puede ir desde los 3.5 millones hasta los 6 millones de pesos.
Se trata de un juicio laboral, ganado (en última instancia) por el ex secretario Administrativo del IEDF, Eduardo Sergio Gómez y Bustamante, quien fue removido del cargo hace más de dos años.
Por esa razón lo tendrán que reinstalar al frente del área que maneja los recursos financieros de la institución; pagarle los salarios caídos de los últimos 31 meses –más de tres millones y medio de pesos– y remover al actual titular de la Secretaría.
Pero el tema es aún más complejo. En la institución se han cancelado proyectos y detenido nombramientos de funcionarios de alto nivel, por diferencias entre los consejeros electorales.
La historia es larga… Veamos:
Previo a los pasados comicios electorales (2009) el otrora presidente del Instituto Electoral, Isidro Cisneros, sostuvo un enfrentamiento con los demás consejeros electorales, caso que concluyó con la renuncia del primero.
En su lugar, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designó a Beatriz Claudia Zavala Pérez como su sucesora, tanto el cargo de consejera como de presidenta del IEDF en el arranque del proceso electoral pasado.
El bloque de consejeros que lograron la salida de Cisneros buscaba conseguir la presidencia; pero desde el Gobierno de la ciudad les negaron la oportunidad de proponer al encargado de dirigir los trabajos institucionales.
Tras la llegada de Zavala Pérez se conformó un contrapeso en las decisiones de la presidencia. Al bloque opositor se sumó el contralor interno, Miguel Ángel Mesa Carrillo, quien exigió plazas dentro del IEDF.
Mesa no consiguió su objetivo y amagó con remover al recién nombrado secretario Administrativo. La decisión de la presidenta fue firme; el contralor comenzó a delinear la destitución de Gómez y Bustamante.
El argumento que utilizó fue la violación al artículo 111 del Código Electoral.
Ahí se advierte que para ser secretario Administrativo el candidato no debe ocupar puestos directivos en los últimos 5 años.
El resolutivo fue implacable: inhabilitación por 11 años en el servicio público, una multa de más de 800 mil pesos y la remoción del cargo.
Los consejeros electorales no interpelaron la resolución. Eduardo Sergio acudió al Tribunal Electoral del Distrito Federal para revertir el fallo de la Contraloría; consiguió que le quitaran la multa e inhabilitación.
Desde ese entonces (octubre de 2009) la Secretaría Administrativa del Instituto quedó acéfala. Uno, dos encargados del despacho realizaron las tareas de los últimos dos años, hasta el pasado mes de mayo, cuando se nombró, por fin, al nuevo titular.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó en definitiva un amparo al ex secretario Administrativo, respecto a la resolución de la Contraloría interna.
El argumento se funda en que el artículo 111 del Código Electoral es inconstitucional, al violar la libertad de trabajo, estipulada en el artículo 5 constitucional.
Los ministros advirtieron que no es posible fijar limitantes con cinco años de antelación para quienes deseen obtener ese cargo en el Instituto Electoral del Distrito Federal.
Gómez y Bustamante ocupó una dirección general dentro de la Secretaría de la Reforma Agraria en el 2005 de manera temporal. Y eso fue motivo suficiente para removerlo del cargo en el IEDF, según el argumento de la Contraloría.
El desorden
Esa no es la única área acéfala en la institución. También está la Dirección de Asociaciones Políticas, área que tiene a su cargo la revisión de las quejas electorales y la integración de expedientes.
Así como la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, la cual tiene la tarea de auditar los gastos de campaña de los candidatos a jefes delegacionales, diputados locales y a la Jefatura de Gobierno. La Dirección de Participación Ciudadana tampoco tiene titular.
El presidente actual del Instituto Electoral explicó en entrevistas anteriores que no existe consenso entre los consejeros para nombrar a los titulares de las áreas acéfalas. En el caso de la UTEF la propuesta debe salir del Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa y eso tampoco ha sucedido.
Los consejeros, en reuniones privadas, solicitaron de manera reiterada, que los nuevos titulares fueran a propuesta de ello. Nunca hubo consenso y se enfrentó el proceso electoral con encargados de despacho.
La óptica varía. Para algunos consejeros no existe problema, ya que los encargados de despacho hacen sus tareas de manera pulcra. Otros opinan que no es lo mismo titulares que suplentes
Los boquetes
En el IEDF el asunto del dinero genera ámpula. Sobre todo si se habla de la urna electrónica, proyecto que fue la bandera del actual Consejo General y que por problemas con la empresa que vendería los aditamentos, se tuvo que cancelar.
Ahí están en juego 10 millones de pesos, dinero que aún no se sabe si se recuperará o se los quedará la compañía que rescindió el contrato: Ponce Consulting.
Derivado de ese caso, se contrataron asesorías del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma de México para las urnas electrónicas por 4.6 millones de pesos. Sólo se pagó más de la mitad; el restó se canceló.
Al interior del Instituto hay posiciones encontradas en todos los proyectos y la toma de decisiones, especialmente en el proceso electoral y la recta final de su mandato de (siete meses).
Dew manera oficial, el Instituto aún recibe la instrucción de reinstalar a Eduardo Sergio Gómez y Bustamante, ni los términos exactos del mandato de l máximo tribunal del país.
Recientemente, Gustavo Anzaldo Hernández, presidente del IEDF, nombró a Samuel Cervantes López como su nuevo secretario Administrativo, quien ya fungía como encargado del despacho.
Bajo esa óptica, el único nombramiento formal en la institución durante los últimos dos años, quedó sin efectos con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.