Mientras el subsecretario Hugo López-Gatell ofrece conferencias acerca de la importancia de la salud pública, los cuestionamientos sobre la estrategia implementada por parte del Gobierno federal para atender la pandemia de COVID-19 y la opacidad en la información sobre el tema incrementan.
Aunado a ello, durante los últimos dos años y medio, Hugo López-Gatell, el responsable de atender la crisis sanitaria, ha sido denunciado ante las autoridades por diversas omisiones que han ocasionado más de 329 mil muertos por la enfermedad en el país.
En una resolución dictada por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, tras una audiencia el 19 de enero, se instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) a investigar al subsecretario.
La acusación fue porque minimizó la utilización del cubrebocas. La FGR en un principio consideró que no se iba a hacer la investigación, por ello, un juez de control determinó que la Fiscalía se abstuvo y la propia FGR debe investigar el asunto.
En febrero pasado, un grupo de familias presentó una denuncia contra Hugo López-Gatell, a quien señalaron de “homicidio por omisión”.
“No se actuó debidamente con el tiempo correcto para prevenir a la población y que no sufriéramos todo lo que ya sabemos y las muertes que hemos tenido”, mencionó el abogado Enrique Montero Escalona.
En el 2020, ante la misma FGR, se introdujo una denuncia por parte del Partido Acción Nacional (PAN) por “la labor deficiente y omisa en el manejo de la pandemia que ha provocado la muerte de más de 70 mil personas”, se explicó entonces.
El recurso legal fue presentado por el coordinador general jurídico del PAN, Raymundo Bolaños Azócar,.
“Todas las acciones omisivas, toda la falta de hacer del Gobierno federal, se concluye que ha saboteado las instituciones de salud del Estado mexicano, la falta de realización de pruebas del COVID-19, la terquedad de aferrarse a un modelo centinela que no trae certeza ni seguridad en la cantidad de contagios y muertos, la falta de lineamientos administrativos que obliguen a los ciudadanos, que orienten a los ciudadanos a la necesidad del uso de cubrebocas”, se explicó en un comunicado.
Ante la amplia serie de denuncias que se han realizado en contra de Hugo López-Gatell y cuyo carácter es público, el INAI determinó que la propia FGR tiene que dar a conocer el número de procedimientos iniciados contra el llamado “zar de la pandemia”.
Un solicitante de información pidió a la FGR el número de de denuncias del subsecretario y ante la negativa en la respuesta, la persona presentó un recurso de revisión ante el INAI, debido a que la FGR clasificó como confidencial el pronunciamiento sobre la existencia o no de alguna indagatoria, denuncia, averiguación previa o carpeta de investigación en contra del subsecretario.
La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción señaló que no se tiene registro de denuncias o querellas en contra de la persona señalada.
“No obstante, dado que se localizaron diversos comunicados oficiales y notas periodísticas en las que se afirma que las denuncias sí fueron presentadas, la ponencia llevó a cabo una prueba de interés público, para validar si la información puede o no ser publicada”, indicó el INAI.
Tras este paso, el INAI concluyó que el derecho a la privacidad del servidor público debe ceder ante el derecho de acceso a la información, en razón de que tuvo y sigue teniendo una injerencia relevante y esencial en el manejo de la pandemia
“Se constató que el derecho de acceso a la información es la única vía legal para que cualquier persona, sin acreditar interés legítimo, pueda conocer las denuncias presentadas ante la FGR en contra de López-Gatell en su carácter de servidor público”, explica el Instituto.
El Pleno del INAI revocó la respuesta de la Fiscalía y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, con un criterio amplio, en los archivos físicos y electrónicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional y entregar a la persona solicitante los resultados.
Además, el funcionario tiene otras indagatorias que no son de carácter penal, sino en materia administrativa.
El senador Clemente Castañeda y el diputado Jorge Álvarez Máynez presentaron el 20 de julio de 2020 una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra del subsecretario por la supuesta violación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Dentro de los hechos argumentados, están que hubo desinformación a partir de un diagnóstico erróneo para la aplicación de la estrategia, una constante subestimación del problema, la negativa a realizar pruebas, las fallas en determinar el uso de cubrebocas, cuya evidencia científica afirmaba que era necesario, y la presentación de datos incompletos en las proyecciones
Altos costos
Las personas que tuvieron el beneficio de un seguro de gastos médicos mayores en el país gastó hasta más de medio millón de pesos en honorarios médicos, uso de hospitales y medicamentos.
Un reporte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) indica que 73 por ciento de los casos superaron el costo promedio de 527 mil pesos por la atención de este padecimiento.
Los 49 mil 427 casos que se presentaron de asegurados con esta enfermedad requirieron 26 mil 059 millones de pesos, de acuerdo con la asociación.
Una persona con este tipo de seguro que requirió de una unidad de cuidados intensivos gastó alrededor de 1.4 millones de pesos para su atención en esta pandemia; en tanto, alguien que fue intubado gastó 3.5 millones de pesos, de acuerdo con las estadísticas.
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