El desarrollo inmobiliario y la gentrificación aparecen con una nueva cara en la Ciudad de México: el turismo y la construcción de hoteles.
La última Legislatura del Congreso, que terminó el 31 de agosto, aprobó 8 cambios de usos de suelo en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan para modificar predios de carácter habitacional a espacios para la edificación de hoteles.
Las modificaciones, según legisladores y autoridades locales, fueron hechas con el fin de promover la reactivación económica tras la pandemia de COVID-19.
Sin embargo, organizaciones sociales afirman que el desarrollo inmobiliario se está haciendo presente con la nueva cara del turismo.
Pues los hoteles sólo promoverán la gentrificación, elevarán el costo del suelo y no son proyectos emanados de las colonias y pueblos de la ciudad.
Los cambios para la construcción de hoteles
En la sesión del 26 de agosto pasado, los diputados de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México aprobaron 8 cambios de uso de suelo para que predios de carácter habitacional o comercial se convirtieran en lugares para la construcción de hoteles.
Las modificaciones mencionadas fueron hechas a última hora por el Congreso de la capital, pues esa Legislatura concluyó el 31 de agosto pasado.
Durante la sesión del 26 de agosto, el pleno del Congreso capitalino avaló los dictámenes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana para redefinir los usos de suelo de los predios de la calle Calvario 106, colonia Centro, alcaldía Tlalpan; así como avenida Ejército Nacional Mexicano 769 y 843, colonia Granada; avenida Moliere número 515 y avenida Río San Joaquín 498, colonia Ampliación Granada; y Circuito Interior-Melchor Ocampo 323, en la colonia Anzures, todos en la alcaldía Miguel Hidalgo.
También se avalaron las modificaciones a los predios de Plaza de la República número 31 y 35 de la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Durante la discusión del tema destacó el caso de Río San Joaquín 498, en el que la oposición acusó que se había aprobado la edificación de un proyecto inmobiliario sin certeza de su impacto.
En esa ocasión, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriela Salido Magos, denunció que el Congreso estaba atropellando los derechos de los vecinos de Miguel Hidalgo porque no se les consultó para el cambio de uso de suelo, pero la decisión sí va a afectar su calidad de vida.
“Nos encontramos ante un grave atropello a distintos ordenamientos”, dijo.
Salido Magos añadió que los perjuicios que podrían padecer vecinos, como daños a sus viviendas o falta de agua, serán irreversibles y la propuesta se debía desechar.
Según el dictamen aprobado, en Río Joaquín 498 se podrá construir un hotel de 17 niveles y 300 habitaciones.
En defensa del dictamen, la coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila Ventura, indicó que los cambios a los usos de suelo correspondían a las medidas para incentivar la construcción y reactivar la economía tras la pandemia de COVID-19.
Además dijo que no iba a haber irregularidades, pues las autoridades locales vigilarán el cumplimiento de la normatividad.
El riesgo
Los cambios a los usos de suelo en las tres alcaldías mencionadas promoverán la gentrificación en las zonas donde se construirán los nuevos proyectos, dice Alejandro Velázquez, vocero del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac (FDDPBOCA).
La gentrificación es el fenómeno urbano en el cual la concentración de servicios, comercio y actividades económicas en ciertas zonas eleva el costo de vida y ocasiona que sus habitantes originarios no puedan seguir viviendo ahí
Velázquez menciona que lo que busca promover el gobierno de la ciudad es una “ciudad mercancía” en la que el turismo de alto impacto sea un motor de la economía.
No obstante, señala, existen casos a nivel internacional que demuestran que promover el turismo a través de los grandes capitales no beneficia a las poblaciones originarias.
“Está el caso de Barcelona o Venecia, que después de tantos años de turismo masivo, su población originaria se volvió minoritaria y no nos gustaría que eso comenzara a suceder aquí con los nuevos cambios”, indica.
Además, el activista afirma que los proyectos no surgen de las comunidades sino de los capitales inmobiliarios, es por ello, que considera que el turismo es la nueva cara del problema de las construcciones irregulares en la capital.
“Se están creando nuevos polos para el turismo, la intención es que haya turismo para que las personas se queden a dormir y significa crear una infraestructura hotelera importante, que va ocasionar que se eleven los costos del suelo y se hagan más proyectos a su alrededor que van a elevar el costo de vida de las personas”, comenta.
Por último, Velázquez dice que la organización, conformada por pueblos y colonias de Cuajimalpa, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Xochimilco y Tlalpan, principalmente, buscará la forma de defenderse de manera legal ante los cambios y acciones en caso de que repercutan directamente a sus comunidades.
Apenas el 3 de septiembre, el FDDPBOCA presentó un amparo en contra de la norma 26 que permite cambios de usos de suelo y densificación sin consultar a pueblos originarios, que también busca promover la construcción en la Ciudad de México.
