“Los Obispos de México decimos: ¡Basta ya! No queremos más sangre. No queremos más muertes. No queremos más desaparecidos. No queremos más dolor ni más vergüenza”
Las arquidiócesis en el país se han alejado de los sermones que solo hablaban de amar al prójimo, ahora, la política es parte del mensaje de Dios
Pese a existir instrumentos legales diseñados para frenar la participación de la Iglesia en la vida política del país, no existe ninguna sanción por parte ninguna autoridad para los ministros de culto que se alejan de su vocación de fe.
El ejemplo más reciente es el semanario Desde La Fe, en donde luego de los resultados de las elecciones del pasado 5 de junio publicó un artículo en el que aplaudió la “actitud madura” de los mexicanos que aplicaron voto de castigo contra el PRI.
“Fue una muestra del hartazgo de una sociedad que se cansó de ser pasiva y espectadora, ante un Gobierno Federal, y gobiernos estatales, caracterizados por su ineficiencia, indolencia, desvergüenza, y una indecente corrupción”, reza la publicación.
También en el tema de la despenalización de la mariguana para usos medicinales, los clérigos han tenido algo qué decir.
Luego de los debates y fotos que el Gobierno federal implementó para analizar el tema, el Arzobispo de México, Norberto Rivera, advirtió mediante la misma publicación que lo peor que puede pasar es que ante los problemas que se pueden solucionar se tome el camino de legalizarlos.
“Condenando con ello a los jóvenes y a las nuevas generaciones a un mundo sin remedio que ellos, tarde o temprano, tendrán que reordenar”.
Rivera reiteró su postura en la homilía del pasado domingo.
Ahí insistió en que la sociedad sigue siendo pecadora y culpó implícitamente del estado de pecado en el que se envuelve la comunidad actual a la persistencia en la violación de los derechos humanos, el desprecio a la vida, el secuestro y las injusticias, esferas de injerencia natural del gobierno mexicano.
Y el asunto de los matrimonios igualitarios no se quedó fuera de su agenda y desde su editorial en el semanario católico la Arquidiócesis le reprochó al gobierno legislar sobre “falsos derechos (…) que minan los valores sociales y familiares sobre los que tradicionalmente se ha asentado la sociedad Mexicana”.
La arquidiócesis de Puebla, con su obispo auxiliar Eugenio Lira Rugarcía, ha sido una de las más incisivas sobre el tema.
Lira Rugarcía ha señalado la corrupción en el país, y movilizó a la sociedad civil durante los pasados comicios para que emitiera un voto de castigo al PRI en esa entidad, en donde finalmente ganó la gubernatura el candidato del PAN, José Antonio Galy Fayad.
En ese activismo político está también el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, quien no ha cesado en sus críticas al Estado no solo por los altos índices de corrupción, sino “por los índices de violencia que siguen imparables en todo el territorio nacional”.
Luego de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, ambos ministros católicos difundieron un documento donde se pedía un basta a la violencia.
Pedro Pablo Elizondo, obispo de Quintana Roo, también es considerado uno de los artífices de la derrota del PRI en esa entidad.
Responde a la iniciativa
Otro de los que alzó la voz fue el obispo de Aguascalientes, José María de la Torre Martín, quien criticó el respaldo del gobernador Carlos Lozano a las iniciativas del Ejecutivo federal.
De acuerdo al religioso las propuestas para legalizar los matrimonios homosexuales, entre otras medidas, afectan la institución de la familia.
Cambian púlpito por la protesta
El Obispo de Durango, José Antonio Fernández Hurtado, fue uno de los principales opositores a la propuesta del reconocimiento jurídico al matrimonio entre iguales, anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto.
Por eso organizó a grupos de laicos, a través del Movimiento Nacional por la Familia, para que se convocara a la “ciudadanía apática” a dar el voto de confianza a los candidatos del PAN, como una forma de “darle oportunidad a otros políticos que tienen ganas de gobernar distinto”.
El activismo de Fernández Hurtado no es fortuito, sigue los pasos del obispo Héctor González Martínez, quien ya había salido a las calles para demandar el regreso de la paz a la entidad mediante una marcha multitudinaria.
Otro de los obispos mexicanos que decidió dejar el púlpito para salir a las calles a reclamar por la inseguridad que se vive, es el del estado de Morelos.
En Cuernavaca, Ramón Castro y Castro encabeza una campaña de duras críticas por la inseguridad y la corrupción que se viven en esa entidad, gobernada por el perredista Graco Ramírez.
En Tamaulipas, donde el PRI sufrió un fuerte revés en las pasadas elecciones locales, el obispo Antonio González Sánchez se ha distinguido por ser uno de los principales señaladores de la corrupción oficial y el crecimiento de la violencia. Allí, el prelado mantiene desde el 2014 una jornada permanente de oración por las víctimas de la violencia, con énfasis en los más de 790 desaparecidos que reconoce el Gobierno estatal.
Sin consecuencias
Pese a existir instrumentos legales, diseñados para frenar la participación de la Iglesia en la vida política del país, la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha hecho uso de las sanciones establecidas para los ministros de culto que se alejan de su vocación de fe.
En los últimos tres años, solo se ha sancionado a dos ministros de culto por hacer un claro proselitismo político durante un proceso electoral.
“El gobierno tiene la responsabilidad de atender los problemas que son verdaderamente graves como la inseguridad, la caída incontrolable de la economía, el combate a la corrupción, y a recuperar una verdadera vocación de servicio a la sociedad que gobierna y que ya no está dispuesta a pasar por alto el cinismo, la corrupción y la inmoralidad”, dice el semanario Desde La Fe, de esta semana.