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La vivienda en México no es un problema menor, y el gobierno federal lo sabe.
Hoy, la mayor parte de la construcción, 76 por ciento, está fuertemente concentrada solo en 86 municipios.
De ahí que la Política Nacional de Vivienda (PNV) anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto deberá enfrentar el problema de esa concentración, como también la falta de coordinación y de planeación.
Todos factores que han distorsionado, por años, el mercado de la vivienda en México, advierten Carlos Serrano y Eduardo Torres del Servicio de Estudios Económicos de BBVA Research.
Ante este panorama, el reto de la PNV de este sexenio –como se le conoce– será mejorar la coordinación institucional de la vivienda, así como utilizar el financiamiento para orientar el desarrollo urbano y reducir el rezago habitacional.
Para ello se buscará fortalecer la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entidad producto de la fusión de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (antes de Sedesol) con Reforma Agraria.
La Sedatu coordinará la política de vivienda y presidirá la Comisión Intersecretarial en la materia, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El nuevo esquema buscará dar coherencia y consistencia a la política de vivienda al consolidar todos los programas de apoyo, en opinión de los analistas.
Con estos cambios, la Sedatu tendrá a su cargo a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).
Además, destacan, se coordinará con Infonavit, la institución que más incide en la política de vivienda a nivel nacional, así como con los gobiernos municipales de las 60 ciudades más importantes del país.
Sin embargo, no se prevé una coordinación similar con el Fovissste, organismo que regula el financiamiento a la vivienda para los burócratas.
Por ordenar las cosas
Con esta nueva política, dicen los especialistas, el gobierno de Peña Nieto admite que debe revisarse la forma “desordenada y sin planeación integral” que ha caracterizado el crecimiento urbano.
“Y esto ha provocado la expansión descontrolada de las manchas urbanas, restándoles competitividad y sustentabilidad”.
De ahí que el esquema a partir de 2014 será la “redensificación”, así como la construcción de viviendas verticales y desarrollos certificados.
Esto significa, explican Serrano y Torres, que las reglas de operación de los programas de subsidio pondrán más énfasis en la ubicación.
“Para las grandes desarrolladoras de vivienda, con importantes reservas territoriales en las zonas periféricas de la zona urbana, esto implica un reto importante”.
En 2012, un estudio de geolocalización de 260 mil viviendas arrojó que apenas el 3.5 por ciento de ellas se ubicaba en zonas intraurbanas.
Aunque el ajuste se irá haciendo en el transcurso de 2013 y 2014, los expertos anticipan que habrá un intenso cabildeo para definir lo que debe entenderse como la zona intraurbana.
De acuerdo con sus estimaciones, en 2010 alrededor de nueve millones de hogares enfrentaban tipo de rezago.
La propuesta de la actual administración habla de un millón de acciones anuales para mejorar el acceso a la vivienda, con 500 mil nuevas construcciones.
Una parte importante de la nueva política es el papel que jugará la banca privada.
Para ello, habrá que revisar las formas de operar de los organismos gubernamentales que participan en el mercado de financiamiento.
“Cuantificar el rezago habitacional a nivel regional constituye un reto pues requerirán de un subsidio completo”.
Además, alinear el desarrollo urbano con el ambiental podría requerir algunas modificaciones al marco jurídico a nivel estatal.
Los especialistas recomiendan que el periodo de transición de dos años se realice en términos de mercado y que no se otorguen apoyos que puedan generar problemas de riesgo moral hacia el futuro.
