Luego del enfrentamiento entre aficionados de Monterrey y Tigres, la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, la Federación Mexicana de Fútbol, las directivas de los clubes deportivos y el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, establecieron ocho acuerdos para evitar la violencia.
De estas medidas, la cuarta ha despertado inquietud. Se refiere a la entrega oficial de la base de datos de los grupos de animación a las autoridades de seguridad para distinguir a los fanáticos del futbol y a quienes hayan incurrido en actos delictivos.
Los hinchas de Tigres y Rayados serán clasificados bajo una ficha de datos personales, pero este intercambio de información tendrá que realizarse con apego a derecho, procurando garantizar la privacidad.
La Ley de Protección de Datos Personales y la Comisión de Transparencia pueden ayudar a los aficionados
“Al momento que se hace la entrega de la base de datos de ambos clubes a la autoridad, la autoridad va poder comparar contra su propia base de datos para saber cuáles de ellos son verdaderos aficionados y cuáles de ellos son personas ajenas a las sanas prácticas de la sociedad”, dijo el presidente de la Liga Mx, Enrique Bonilla, en la reunión del martes realizada en Monterrey.
Se pretende que con los datos de las barras, en posesión de los clubes, la Secretaría de Seguridad Pública pueda detectar, ubicar y clasificar a los presuntos delincuentes. Sin embargo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares exige proteger la información de los individuos en su artículo 1.
“Tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas”, versa la ley.
Los aficionados podrán exigir quién tiene sus datos personales, para qué serán utilizados y cuáles son los protocolos para proteger su información.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León informó que vigilará las medidas anunciadas por la Secretaría de Seguridad Pública, la Federación Mexicana de Futbol, el Club Tigres y el de Rayados.
La comisión adelantó que un grupo de abogados está analizando los acuerdos cuidadosamente para revisar si se está atentando contra el derecho al libre tránsito de las personas, si existe violación de la privacidad a partir de los datos personales o si se está prejuzgando a los aficionados, pues el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene como eje rector la presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser prejuzgada por alguna autoridad.
Contra la deshonra
El presidente de la organización Renace, Martín Carlos Sánchez Bocanegra, dice que el intercambio de datos se tiene que hacer bajo supervisión para no deshonrar a las personas, pues considera que esta medida está en una línea muy delgada de violar la privacidad.
“Es un problema legal, con la nueva Ley de Acceso a la Información y el cuidado de los datos públicos se tendría que estar supervisando para no violentar la privacidad de las personas. Si la persona va estar siendo perseguida como delincuente, pues creo que se está excediendo porque las personas están dando su información voluntariamente y pueden ser perseguidas por la autoridad con esa información que se dé”, comenta en entrevista.
Sánchez Bocanegra solicita que el uso de la base de datos sea en función del conflicto del domingo, sin un afán de persiguir actos pasados.
El presidente de Renace también comenta que al prohibir marchas y caravanas se están violando derechos constitucionales como la libertad de expresión, reunión y libre tránsito.
Esta medida fue tomada por el conflicto entre seguidores de Tigres y Rayados ocurrido el pasado domingo en la calle Aztlán del municipio de Monterrey, que dejó a un joven gravemente herido.
Obligación de rendir cuentas
Luisa Fernanda Lasso de la Vega García, directora de Datos de Personales de la Comisión de Transparencia de Nuevo León, explica que la autoridad tiene la obligación de rendir cuentas a los titulares de los datos.
“Esa información se debe utilizar con la finalidad que se especifique y, en su momento, se tiene que informar al titular de los datos. La autoridad tiene la obligación de proteger esa información, porque si se hace mal uso de datos ya estaríamos hablado de una afectación”
La funcionaria también señala que la autoridad puede incurrir en prejuzgar a las personas y violentar los derechos humanos.
“Si esa persona se siente vulnerado podrá acudir la Comisión de Transparencia, existen varios principios de licitud y pedimos que haya lealtad, es decir, que no se utilicen sus datos de forma fraudulenta y que haya consentimiento del titular”, afirma la directora.
