Pese a las condiciones en el estado, con un crimen organizado presente y conflictos sociales brotando en las comunidades, el exgobernador sería nombrado por el actual Gobierno federal como embajador en Noruega. Foto: Especial

Hidalgo: Elección de 2018 en riesgo durante gobierno de Omar Fayad

Durante la administración estatal encabezada por el actual embajador de Noruega, las autoridades federales detectaron múltiples condiciones de riesgo que pusieron en vilo el proceso electoral de hace 6 años

El poder que amasó la delincuencia organizada en Hidalgo durante la administración de Omar Fayad Meneses, así como los conflictos sociales que se acumularon en su territorio, pusieron en riesgo el desarrollo del proceso electoral del año 2018, según lo revelan documentos oficiales.

La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), de la Fiscalía General de la República, entregó vía transparencia el documento titulado “Atlas de Operación de Hidalgo”, emitido el 30 de mayo de 2018, con la colaboración de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) (recurso de revisión RRA 5763/24).

En dicho documento las autoridades plasmaron los riesgos que detectaron en esa entidad federativa para la celebración de los comicios en puerta, considerando fenómenos como la presencia de grupos delictivos dedicados al robo de hidrocarburos y múltiples conflictos sociales, algunos de estos generados por incumplimientos del gobierno de Fayad Meneses.

Ocho los municipios con mayor actividad criminal

Por ejemplo, en el apartado “Nivel de Operación por Municipio en Materia de Seguridad” se hacen estos señalamientos sobre el escenario imperante en Hidalgo:

“Derivado del análisis de información de la Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas de Segob, de la Sección Segunda del Estado Mayor de Sedena e información con que cuenta Fepade, se considera que la acción de la delincuencia organizada y diversos conflictos sociales han prendido la alerta en ocho municipios de la entidad.

“De los cuales, dos tienen ‘Operación Muy Alta’ y seis ‘Operación Alta’, que de no atenderse podrían generar violencia política y amenazar el desarrollo de la jornada electoral del 1 de julio del presente año”.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales sería posteriormente transformada en la actual FISEL. En dicho apartado se exponen las siguientes advertencias sobre lo que estaba ocurriendo en esos momentos en el estado.

Los municipios de Atotonilco de Tula, Atitalaquia, Tezontepec de Aldama, Tula de Allende,  que aparecen con la clasificación “alta” tienen este señalamiento: “Considerada zona conflictiva por presencia de ‘huachicoleros‘ quienes ven a los capacitadores electorales como personas que pudieran interferir en contra de sus actividades ilícitas”.

Sobre los municipios de Cuautepec de Hinojosa, Ixmiquilpan y Pachuca, que aparecen con clasificación “Muy Alta”, se plasmó esta conclusión: “La presencia de huachicoleros ha impedido la labor de las actividades de los encuestadores y empleados de organización electoral. Hay presencia y violencia por parte de la delincuencia organizada”.

Mientras que el municipio de Apan con clasificación “Alta”, se señaló que Alejandro González Ramos, presidente municipal de Pacula fue asesinado cuando se dirigía a la comunidad de Jiquilpan ubicado en el municipio de Apan.

Los riesgos detectados

El “Atlas de riesgos” de Hidalgo contiene otro apartado titulado “Nivel de Operación por Municipio en Materia Electoral”, que cuenta con la siguiente introducción:

“Derivado del análisis de información de la Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas de Segob, de la Sección Segunda del Estado Mayor de Sedena e información con que cuenta Fepade, se considera que la acción de la delincuencia organizada y diversos conflictos sociales han prendido la alerta en cuatro municipios de la entidad, con ‘Operación Muy Alta’, donde se han impedido actos de campañas y amenazan el desarrollo de la jornada electoral del 1 de julio del presente año”.

Dichos municipios son, en primer lugar, Huejutla, en localidades como Cacateco arriba y Los Otates. La problemática identificada se describió así:

“Por incumplimiento de la pavimentación de la carretera Otates-Cacateco de casi 4 kilómetros, los habitantes de estas comunidades anunciaron que no permitirán la instalación de casillas electorales el próximo 1 de julio. (…) Tras intentar obtener presunta evidencia de entregas de apoyos diversos, cuando está en vigencia la veda electoral, el candidato Fortunato Rivera Castillo de la coalición Juntos Haremos Historia, denunció la retención de su esposa e hija por parte de autoridades auxiliares municipales y mujeres del programa Prospera“.

El segundo municipio es Cuautepec de Hinojosa, en su localidad de Coyuco Nuevo. Ahí el problema detectado fue originado por el Gobierno de Fayad Meneses: “Por incumplimiento de la realización de obras públicas por parte de los gobiernos estatal y municipal, los habitantes de éstas comunidades anunciaron que no permitirán la instalación de casillas”.

El tercer municipio es Tecozautla, en su localidad de San Antonio, por incumplimiento de la realización de obras públicas por parte de los gobiernos estatal y municipal, los habitantes de éstas comunidades anunciaron que no permitirán la instalación de casillas.

Y, finalmente, el municipio de Emiliano Zapata por incumplimiento de la realización de obras públicas por parte de los gobiernos estatal, los habitantes de éstas comunidades anunciaron que no permitirán la instalación de casillas.

Violencia política, en otro mal en el estado

Pese a estas condiciones prevalecientes en Hidalgo durante la administración de Omar Fayad, con un crimen organizado ejerciendo su influencia y conflictos sociales brotando en las comunidades, el exgobernador sería nombrado por el actual Gobierno federal como embajador en Noruega.

En el apartado del documento titulado “Estatus de la entidad” se advierte también: “En el sector político-social se presentan cuatro casos de violencia política, además, 16 candidatos a cargo de elección popular han renunciado por temor a la violencia del crimen organizado, factor que ha rebasado a las autoridades y sus estrategias reducidas porque los grupos locales tienen capacidad y disposición para la violencia”.

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