Durante la gubernatura de Omar Fayad Meneses en el estado de Hidalgo el combate contra la corrupción imperante al interior del Poder Judicial local arrojó resultados sumamente pobres, ocasionando, de esta manera, que su plantilla de juzgadores solamente registrara una destitución fundamentada en motivos disciplinarios, según archivos oficiales.

El Poder Judicial de Hidalgo confirmó directamente vía transparencia que durante el sexenio 2016-2022, cuando Fayad Meneses fungió como mandatario estatal de esa entidad federativa, solamente un juzgador local tuvo que dejar su cargo público ante la detección de anomalías en sus actuaciones.

“Se hace de su conocimiento que, se tiene el registro de una persona juzgadora, que causó baja como trabajadora del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en cumplimiento al resolutivo dictado por la Unidad de Responsabilidades de la Comisión de Disciplina, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en fecha 15 de febrero del año 2018 (folio 130218400010424)”.

El Poder Judicial de Hidalgo reconoce en la respuesta otorgada, no obstante, que este único caso de destitución de uno de sus juzgadores por causas disciplinarias se encuentra actualmente impugnado, lo cual implica que el procedimiento implementado podría ser revertido mediante una sentencia favorable para el servidor público cesado.

“Se hace de su conocimiento que derivado de la contestación otorgada por la Unidad de Responsabilidades del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, se sabe que existe un procedimiento administrativo cuya resolución no está firme, es decir no ha causado estado, en razón de que existe la interposición de un Juicio de Amparo promovido por la persona que fungiera como servidora pública en contra de la resolución dictada por la Unidad de Responsabilidades de los Servidores Públicos ante el órgano jurisdiccional federal”.

Basándose en la existencia de esta impugnación contra la destitución del juzgador, el Poder Judicial del Estado determinó clasificar como “información reservada” los datos básicos del expediente, tales como: “Nombre del cesado o despedido”, “Juzgado que atendía”, “Materia jurídica que atendía”, así como el “Motivo del cese o despido”.

“Se hace de su conocimiento que su solicitud, se tramitó ante la Coordinación General de Administración, así como ante la Unidad de Responsabilidades del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. (…) La información que requiere constituye información reservada en virtud de que no ha causado estado, por lo tanto, es información que se encuentra restringida al acceso al público”.

En diciembre de 2023, Fayad Meneses fue ratificado como embajador de México en Noruega, uniéndose así formalmente al Gobierno que encabezaba en ese momento el presidente López Obrador, y quien tenía como una de sus principales banderas políticas el combate frontal contra la corrupción anidada en las estructuras judiciales de todo el país.

Plantilla judicial

En el año 2022, cuando concluyó el mandato de Fayad Meneses como gobernador del Estado de Hidalgo, el Poder Judicial local contaba en total con 15 Magistrados (seis hombres y nueve mujeres), así como con 109 jueces (49 hombres y 60 mujeres), según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023.

El tamaño preciso de la plantilla judicial del estado de Hidalgo permite dimensionar, por lo tanto, la pobreza de los resultados del combate de la corrupción en ese poder público, con apenas una destitución por anomalías indagadas por la Unidad de Responsabilidades de los Servidores Públicos, durante el sexenio de Fayad Meneses.

El 10 de septiembre de 2024, la entonces titular de la Secretaría de Gobernación, del Gobierno de México, Luisa María Alcalde Luján, expuso información para mostrar que también el Poder Judicial federal presenta deficiencias en sus mecanismos de combate contra la corrupción existente en sus estructuras internas.

“El Consejo de la Judicatura es un órgano no eficiente para vigilar el comportamiento de los jueces, de las 38 mil quejas en contra de personas funcionarias del Poder Judicial presentadas de 2004 a 2023, en 86 por ciento de los casos no se inició investigación; de las que sí se investigaron, únicamente 472 jueces y magistrados fueron sancionados en este periodo.

“De las 72 denuncias presentadas de 2023 a la fecha por el gobierno federal y sus dependencias ante el Consejo de la Judicatura en contra de jueces y magistrados, ninguna ha sido resuelta ni se ha sancionado a alguna persona servidora pública”.

Aquel día, Alcalde Luján defendió la reforma judicial impulsada por el entonces presidente, López Obrador.

“La reforma lo que está planteando es que sea la ciudadanía la que participe, el pueblo de México a través de un proceso democrático, que pueda acudir a las urnas y pueda votar por quien considera son los mejores perfiles para ser ministros de la Corte, magistrados y jueces”.

Lucha anticorrupción

El 1 de marzo de 2021, cuando Fayad Meneses, en ese momento gobernador de Hidalgo, presentó su Iniciativa Preferente de Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción para el estado de Hidalgo, aseguró que el gobierno que encabezaba estaba comprometido con el combate de la corrupción en esa entidad.

“El objetivo es proteger la integridad de quienes rinden declaraciones testimoniales o información por posibles actos de corrupción. Como gobierno no podemos cerrar los ojos ante la corrupción. Como senador de la República impulsé la creación del Sistema Nacional Anticorrupción; y ya como gobernador, instruí crear un sistema de rendición de cuentas y de cero tolerancia a la corrupción.

“Para combatir la corrupción debemos participar gobierno y ciudadanía. (…) Esta Iniciativa Preferente de Ley es una propuesta de vanguardia en México, con lo cual refrendo el compromiso de mi administración para hacerle frente a la corrupción, como lo hemos hecho desde el primer día de mi gobierno”.