Aunque el contrato de temporalidad que la familia Aguilar tiene con el Panteón San José, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, concluye hasta 2024, los restos de su papá fueron extraídos desde hace al menos un año.
Elsa Aguilar, hija de Guillermo Aguilar, a quien pertenecía el cadáver desaparecido, cuenta a Reporte Índigo que en la fosa en la que yacía el cuerpo de su padre actualmente hay una tumba de cemento con fecha del 7 de junio de 2022, por lo que la profanación tiene al menos un año.
El hallazgo lo realizó Adriana, también hija del fallecido, quien visitó la sepultura en el marco del Día del Padre, el 16 de junio pasado, fecha en la que entregó el pago correspondiente a las autoridades del panteón por el uso y cuidado del espacio, igual que lo hizo un año antes, cuando acudió a la misma conmemoración.
“Fue al lugar y encontró que había una tumba de concreto y loza hecha sobre el lote donde estaba la de mi papá, ya sin ningún vestigio de la tumba de él, y con fecha del 7 de junio de 2022, por lo que entendemos que, básicamente, lo visitó por última vez e inmediatamente lo profanaron”, explica.
Autoridades omisas y explicaciones confusas durante la investigación
Las hermanas Aguilar señalan que quienes realizaron la exhumación incurrieron en un delito, pues no existe ningún documento legal en donde conste que se le haya dado aviso a la familia o la Secretaría de Salud o a la alcaldía, gobernada por Raúl Armando Quintero Martínez, como indica la Ley General de Salud.
El artículo 350 bis 7, correspondiente al Capítulo V de la Ley General de Salud, señala que los establecimientos en los que se realicen actos relacionados con cadáveres de seres humanos deberán presentar el aviso correspondiente a la Secretaría de Salud.
“En los términos de esta Ley y demás disposiciones generales aplicables, y contarán con un responsable sanitario que también deberá presentar aviso”, indica el marco legal.
“Tenían el contacto de mi hermana, acababan de recibirle un pago y no le dijeron que hubiera ninguna novedad; eso indica muchas cosas, entre ellas, que el panteón no está al tanto de lo que ahí ocurre y que no vigila las tumbas de las personas que yacen ahí”, acusa Elisa.
Detalla que, en el transcurso de dos semanas, acudieron al menos en tres ocasiones para hablar con los administradores y los sepultureros y no recibieron respuestas claras sobre lo sucedido.
En contraste, los funcionarios les dieron explicaciones contradictorias y confusas como que existía una alta probabilidad de que el cadáver hurtado estuviera en una bolsa a la cabecera o a los pies de la tumba, o que podría estar en uno de los tres almacenes del panteón.
Profanación y venta de cadáveres con fines de santería
En una de las visitas recientes, las hermanas Aguilar se reunieron con el director, una encargada y el representante jurídico del cementerio, Mauricio Bananelli, quien les aseguró que la administración actual tiene tres meses en operación y entró en sustitución del equipo anterior, a quienes responsabilizan de los delitos diversos cometidos contra las tumbas.
“Le dijimos que cómo podía darnos una respuesta así tan hueca, tan irresponsable, y nos respondió que lamentablemente no estaba en sus manos, que podíamos denunciar en el Ministerio Público”, declara la afectada.
Añade que al abogado sobre los posibles fines con los que se realiza la exhumación de cadáveres en ese mismo panteón, como la venta a estudiantes de medicina o rituales de santería u otras prácticas religiosas, los funcionarios confirmaron la declaración.
“Nos dijo que sí, que, efectivamente, eso estaba ocurriendo, y que muy probablemente el cuerpo de mi papá había acabado profanado para ritos. Obviamente eso nos enojó muchísimo”, lamenta.
Numerosas denuncias por el mismo delito
Posterior al encuentro con las autoridades del Panteón San José, Adriana Aguilar acudió a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la alcaldía Iztacalco, en donde le informaron que existían al menos 20 denuncias levantadas por hechos similares, pero no han sido ratificadas.
“Otros funcionarios públicos le dijeron ’le sugerimos mucho que usted venga a ratificar para que se haga algo, porque todo eso está sin proceso, sin investigación ni conclusión, y necesitamos que le dé seguimiento porque ya son muchos delitos, que nosotros sepamos’”, menciona Elisa al señalar que tanto ella como su hermana se encuentran muy decepcionadas.
Actualmente el caso se encuentra en proceso de ser investigado y la familia tiene conocimiento de que tanto el representante legal como el director del cementerio ya han sido llamados a declarar.
“Ha sido un atropello tras atropello. Para empezar, es revivir el luto y el duelo, mi hermana está quebrada emocionalmente; por otro lado, está la irresponsabilidad institucional, las violaciones de la institución contra la Ley General de Salud, contra sí misma y contra la ciudadanía; es decir, cualquier persona puede ser víctima”, manifiesta.
A lo anterior, se suma la vulneración simbólica a un espacio que les permitía asumir y acompañar la pérdida de su padre y saber que él se encontraba descansando.
Reformas al Código Penal para endurecer las penas por profanación
El 15 de junio de 2022, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma al Código Penal para el Distrito Federal con el objetivo de incrementar las penas por ocultar, inhumar, desintegrar o exhumar un cadáver, sus partes o fetos humanos.
La pena por cometer alguna de estas conductas se incrementó de entre tres meses a dos años de prisión o de 30 a 90 días de multa, a de entre uno a tres años de prisión y de 60 a 120 UMAs (Unidad de Medida y Actualización) de multa.
Además, se añadieron siete nuevos supuestos al delito, de los que destaca la comercialización y la utilización de cadáveres de personas, partes de éstos o sus restos para la realización de rituales o ceremonias.
