El 19 de septiembre de 2017 a las 13:14 horas, en los estados del centro del país se registró un terremoto similar al que 32 años atrás estremeció a la población en la misma fecha. A un lustro del sismo más reciente, todavía hay heridas abiertas y víctimas sin justicia.
El sismo de 7.1 grados en la escala Richter, con epicentro en Puebla y Morelos, tuvo una duración aproximada de entre 60 y 90 segundos. En entidades como Chiapas, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Tlaxcala también hubo daños considerables, pero la capital del país se convirtió en el estado más afectado, pues hubo 228 decesos y colapsaron 38 inmuebles.
Tras el movimiento telúrico de gran intensidad, la sociedad y el Gobierno se volcaron en las tareas de rescate de las víctimas que estaban bajo los escombros. En la Ciudad de México lograron salvar a 69 personas; sin embargo, hubo edificios que se convirtieron en el foco de las búsquedas por la magnitud del desastre que concentraron.
Sin memorial ni respuestas
Uno de estos lugares fue el predio de Álvaro Obregón 286, ubicado en la colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc, inmueble de oficinas donde fallecieron un total de 49 personas, el 21 por ciento del total de víctimas mortales que hubo en la ciudad.
Casi un año después, en marzo de 2018, la entonces administración del Gobierno de la ciudad, que encabezaba Miguel Ángel Mancera, expropió el predio para llevar a cabo un memorial en honor a las víctimas; no obstante, el proyecto se diluyó por la oposición de los damnificados, quienes pedían que en lugar del monumento se aceleraran los trabajos de reconstrucción.
Actualmente, dicho terreno, aunque le pertenece a la administración capitalina, es usado como patio trasero del predio identificado con el número 284, que aloja una obra en proceso en la que se erige un edificio multifamiliar.
En donde hace cinco años trabajaban elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) junto con voluntarios y rescatistas provenientes de Israel, ahora hay andamios y la zona está rodeada por una barda metálica que soporta un anuncio luminoso. No hay cruces de madera ni evidencia de que hace poco ahí murió medio centenar de personas por el desplome de una construcción deficiente.
Otro símbolo trágico del sismo del 19S
Álvaro Obregón no fue el único predio afectado que en la actualidad es reflejo de las consecuencias de las irregularidades en materia de construcción que existen en la capital del país, también lo es el que se derrumbó en Simón Bolívar 168, esquina con Chimalpopoca, en la colonia Obrera de la alcaldía Cuauhtémoc.
Antes del sismo, en ese lugar se localizaban tres empresas internacionales, una de ellas SEO Young Internacional, dedicadas a la manufactura de prendas y de bisutería, de ahí que en los medios de comunicación al espacio se le denominara como “el de las costureras”.
El inmueble también fue protagonista de diversos videos en redes sociales que mostraron la fuerza y lo crudo del desastre natural: murieron 15 personas, todas mujeres, lo que evidenció, además, la situación de explotación e informalidad laboral que hay en México.
Después del terremoto, se dio a conocer que gran parte de las víctimas quedaron atoradas en las escaleras del edificio, que desde el sismo de 1985 resultó dañado estructuralmente y, pese a ello, se le colocó una antena telefónica en su azotea.
En los primeros aniversarios de lo sucedido, colectivos de mujeres acudieron a manifestarse contra la desigualdad e injusticia que padecen las trabajadoras informales; sin embargo, al igual que en el caso de Álvaro Obregón 286, para septiembre de 2022, en Chimalpopoca casi no queda evidencia del siniestro que ahí ocurrió.
Solo hay una pared ajena al predio con una pinta ya casi borrada que dice: “Organización Colectiva Ni Una Más Sepultada”, lo demás es un espacio de estacionamiento en donde, además de los coches, hay cartones de cerveza abandonados.
En busca de justicia
Como todos los días, el 19 de septiembre de 2017, María Teresa Lira Infante y su hija María Elena Sánchez Lira fueron a su trabajo en Bolívar 168, en la compañía SEO Young International, pero ya no regresaron a casa.
Las dos mujeres se convirtieron tanto en víctimas del terremoto que sacudió al país como de la corrupción.
Desde ese momento, la vida del hijo de María Teresa y hermano de María Elena, Fernando Sánchez Lira, se transformó: a partir de entonces y hasta ahora, su prioridad es la búsqueda de justicia.
Ese objetivo, tras cinco años sin respuesta, ha mermado su calidad de vida y su bienestar general.
“Ha sido desgastante desde el punto de vida emocional y físico, me ha pegado mucho en la salud, estoy tomando antidepresivos y ansiolíticos, después de tanto tiempo. Tuve problemas intestinales, tengo dos neuropatías en la espalda por la tensión y la depresión. Ha sido muy difícil, pero aquí seguimos en la lucha”, declara.
La lucha de Fernando empezó durante los 15 días posteriores al sismo, cuando, junto con los familiares de otros fallecidos, levantaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) por el delito de homicidio culposo en contra de la inmobiliaria Inmobica, dueña del edificio, así como contra quienes resulten responsables.
Obstrucción legal a víctimas del sismo
Fernando Sánchez Lira relata que el primer problema ocurrió cuando el abogado de las víctimas estaba litigando para obtener un acuerdo con la empresa.
“Más que nada, estaba buscando llegar a un arreglo con la inmobiliaria, pero yo no quería eso, porque en un primer dictamen salió que el derrumbe fue culpa de la inmobiliaria, yo quiero saber quién o quiénes permitieron que el edificio operara”, expresa.
Posteriormente y tras esa ausencia de respuesta jurídica, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria contactó a Fernando y, desde aquel momento, han sido sus asesores legales.
La segunda forma en que el hombre acusa que ha tenido obstrucción por parte de las autoridades en las acciones penales contra los responsables es que, a lo largo de un mes, no se les permitió a los damnificados consultar la carpeta de investigación.
“Fue hasta que interpusimos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que nos dieron acceso”, afirma.
Igualmente, hay funcionarios que le han advertido que no podrá obtener justicia: “En una ocasión, una servidora de la Fiscalía, de quien no supe su nombre, nos dijo que no íbamos a ganar porque el dueño de la inmobiliaria, Alberto Cojab Sacal, era alguien muy importante”.
A cinco años del desastre, la carpeta de investigación, dice Fernando, se encuentra en el proceso de aportación de pruebas y será judicializada cuando se considere que hay suficientes elementos para empezar con el proceso judicial.
Además de dicho litigio, existe otro laboral en contra de SEO Young International, porque María Teresa Lira Infante no tenía seguridad social y la compañía quería indemnizar a Fernando sin hacer un cálculo justo.
“Ofrecían una cantidad que ni siquiera era cercana a una indemnización, el dueño habló conmigo y me dijo que era porque había perdido todo en el derrumbe, pero no es cierto porque son una empresa internacional. Ya no responde a los citatorios ni lo pueden localizar actualmente, ese proceso también está atorado”, acusa.
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