El 18 de este mes, el presidente Enrique Peña Nieto propuso endurecer el control de las deudas al lanzar la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
Más allá de los conflictos sociales que registra cada una de las entidades que recientemente tuvieron elecciones, los virtuales gobernadores se alistan para ejercer funciones en condiciones financieras poco favorables. La deuda pública que recibirán de las actuales administraciones se ha calificado ya como una “herencia maldita” con la que tendrán que lidiar.
De los nueve gobiernos estatales que registrarán cambio de administración en los próximos meses, al menos 4 de ellos se encuentran en un nivel alarmante de endeudamiento: Sonora, que adeuda 20 mil 300 millones de pesos; Nuevo León, que debe 61 mil millones de pesos; San Luis Potosí, con un débito de 4 mil 400 millones de pesos, y Michoacán con una deuda bancaria ubicada en los 17 mil 100 millones de pesos.
Los otros cinco estados que –aunque se mantienen dentro de la tasa nacional promedio de deuda– tienen problemas para mantener las finanzas sanas son Baja California, con una deuda de 2 mil 200 millones de pesos; Querétaro, que adeuda mil 600 millones; Colima, con una deuda de 2 mil 700 millones; Guerrero, con empréstitos por 3 mil 100 millones, y Campeche con una deuda de mil 600 millones de pesos.
El 18 de este mes, el presidente Enrique Peña Nieto propuso endurecer el control de las deudas al lanzar la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Esta proposición pudiera tener dedicatoria para los estados de Sonora, Nuevo León, Michoacán y San Luis Potosí, donde el endeudamiento se ha dado sin control, bajo un esquema de opacidad y corrupción que impiden la rendición de cuentas.
En las 9 entidades que tendrán nueva administración, los gobernantes salientes adecuaron o modificaron leyes locales para evitar el endeudamiento desmedido, pero solo luego de que se solicitaron empréstitos con la banca comercial, bajo un esquema de intereses y pagos por servicios de deuda que no fue informado a los congresos locales.
De acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras la deuda de la federación ha disminuido un 15 por ciento como efecto de la disciplina presupuestal, en los estados y municipios el endeudamiento ha crecido en los últimos diez años en poco más de un 200 por ciento, todo ello debido las escasos mecanismos de transparencia.
Datos aportados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), a través del Índice de Información Presupuestal Municipal, revelan que la deuda pública estatal y municipal en todo el país ha ido en aumento.
Al cobijo de la federación
En Sonora, la próxima gobernadora Claudia Pavlovich inició cabildeos con la Secretaría de Hacienda para que no se enajenen las participaciones federales, siguiendo el ejemplo del gobernador electo de Michoacán, Silvano Aureoles, quien gestiona un rescate federal para las finanzas estatales.
También el panista Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur busca –con la mediación de la fracción de diputados federales de esa entidad- medidas de apoyo que le permitan la pronta liquidación de la deuda pública.
El gobernador electo de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, aun cuando reconoce que la deuda pública de esa entidad es manejable, en las primeras reuniones con funcionarios federales llevó a la mesa el tema de la deuda pública y la posibilidad de un apoyo federal para disminuir el empréstito de 4 mil millones de pesos que recibirá.
Por su parte Francisco Domínguez, gobernador electo de Querétaro, ha planteado la necesidad de gestionar un programa de obras federales que permita la inversión de las participaciones antes de destinarlas al pago de la deuda pública, que aunque con sus mil 600 millones de pesos es de las más pequeñas del país, podría ser un problema a largo plazo.
De igual forma los priistas electos gobernadores de Colima, Guerrero y Campeche, José Ignacio Peralta, Héctor Astudillo y Rafael Alejandro Moreno, respectivamente, ya han sostenido reuniones en la Secretaría de Hacienda para observar la posibilidad de que la deuda pública de sus entidades no signifique un lastre en sus planes de gobierno, dado lo comprometido de las participaciones federales.
Violencia y deudas
El endeudamiento en los municipios está directamente ligado a los niveles de desgobierno de cada una de las localidades, aseguró el sociólogo de la UNAM, Roberto Guízar Robles.
El investigador explicó que por atender el tema de la seguridad social los gobiernos locales descuidan el manejo financiero, alentando la corrupción, lo que se refleja en aumentos desmedidos de deuda.
Un ejemplo de esto es Michoacán, en donde la deuda bancaria llega a más de 17 mil millones de pesos, pero se arrastra también una deuda con proveedores que supera los 9 mil millones de pesos.
Las localidades más inestables de la entidad son las que han incrementado, sin ningún control, los créditos en los últimos dos años. Por ejemplo, en Buenavista Tomatlán, donde surgieron las autodefensas, se endeudo al municipio en menos de dos años con más de 6 millones de pesos, recursos que no se sabe a dónde fueron a parar.
En el municipio de Lázaro Cárdenas, donde también brotó la violencia la deuda creció en 23 millones de pesos. En Apatzingán, donde también el alcalde Uriel Chávez fue encarcelado por sus nexos con el crimen organizado, los pasivos aumentaron en solo un año en más de 5 millones 600 mil pesos.
En esas mismas condiciones se encuentra Nuevo León, en donde se adeudan a la banca privada poco más de 61 mil millones de pesos, o Jalisco, que mantiene pasivos por más de 25 mil millones de pesos.
En Tamaulipas, hasta antes de la ola de violencia, los niveles de endeudamiento no rebasaban el 2 por ciento de las participaciones federales, sin embargo en los últimos siete años la deuda creció en más de un 60 por ciento, llegando a más de 12 mil millones de pesos en pasivos con la banca privada y de desarrollo.
Pero más allá de los gobiernos estatales, es en los municipios en donde el nivel de endeudamiento es más alarmante.
En Michoacán por ejemplo, solo durante el periodo de inestabilidad que representó la administración que está a punto de concluir, la deuda pública global de los municipios creció en poco más 866 millones de pesos, en donde la mayor parte de los recursos no se sabe en que fueron aplicados.
El Instituto Mexicano para la Competitividad incluso considera que el problema de sobreendeudamiento municipal es muy grave.
A través del Índice de Información Presupuestal Municipal detalla que “los municipios generan sólo 2.9 por ciento de los ingresos totales del país, pero se gastan el 8.3 por ciento”, el que obtienen mediante créditos, muchos de ellos logrado en forma poco trasparentes.
Colima incumple pago de deuda
El gobernador electo de Colima, Ignacio Peralta, recibirá un desastre financiero de parte del mandatario Mario Anguiano.
El mes pasado el Gobierno de Colima incumplió con el pago del servicio de la deuda, provocando una baja en la calificación crediticia que recibe la administración estatal.
La calificadora Fitch Ratings bajó hace dos semanas la calificación de A (mex) a RD (mex), que significa que la entidad federativa está en “default restringido”.
De acuerdo a la calificadora, Colima incumplió con el pago de dos créditos bancarios de corto plazo, que en total suman 343 millones de pesos.
Esta calificación negativa también afectó a la deuda que el gobierno de Colima tiene a largo plazo.
Durante la administración de Mario Anguiano, la deuda pública ha crecido casi un 200 por ciento, al pasar de los 800 millones que debía en el 2009 a los 2 mil 200 millones de pesos que se adeudan en la actualidad.
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