De cinco a diez años de prisión sería la sanción que los árbitros del futbol mexicano recibirían en caso de fraude deportivo de acuerdo con la iniciativa de reforma al Código Penal Federal propuesta por el diputado Ernesto (D’Alessio) Vargas Contreras, quien también es presidente de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados.
Según el legislador, la pena no solamente incluiría los años de prisión sino también de mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que es equivalente entre 84 mil 490 y 253 mil 470 pesos como sanción cuando propicien el fraude en el ámbito deportivo.
“Quien con el propósito de obtener un lucro económico o beneficio deportivo, ofrezca, prometa, coaccione, proponga, invite, pagué, obsequie, entregue un beneficio económico o en especie a atletas, árbitros, auxiliares técnicos, directores deportivos, entrenadores, jueces deportivos, médicos, vicepresidentes, administradores de entidades deportivas, directores del deporte municipal, estatal o federal, presidentes de clubes o federaciones deportivas con el objetivo de alterar, modificar, arreglar, cambiar o variar resultados deportivos en competencias de carácter profesional o amateur”, explica la propuesta.
El legislador del Partido Encuentro Social (PES) también agregó que la misma pena se aplicará a quien encubra actos de corrupción para modificar resultados deportivos, y quien lleve a cabo actos violentos como agresiones físicas o psicológicas para alterar un marcador.
“El que se encarga de organizar el acto de corrupción, busca a algún jugador o miembro del cuerpo técnico, dispuesto a ganar dinero a cambio de que se garantice la derrota en un partido específico, pero esto no es una regla, pues a veces es más sencillo y eficiente comprar al árbitro que a un grupo de personas para negociar la participación en una estadística como es cometer tiros de esquina o tiros penal”, dijo el diputado.
Asimismo, el presidente de la Comisión del Deporte planteó que se incremente la sanción cuando el culpable sea un empleado, corredor, representante, gestor, apoderado, administrador o socio de una casa de apuestas, así como directivo o empleado de algún organismo del deporte.
“Esos momentos representan una gran amenaza en contra de la integridad de las diferentes disciplinas deportivas a nivel nacional e internacional, ya que la forma más fácil de amañar un partido es comprando los jugadores o árbitros”, puntualizó.
Por último, el legislador justificó que su propuesta busca atacar los sobornos a jugadores, árbitros y entrenadores, así como el arreglo de partidos en varios deportes.
