Un agravante más sería el que Ricardo Hiram Barbosa omitió esos montos en la presentación de las modificaciones a sus declaraciones patrimoniales
La investigación que realiza el órgano de inspección del Poder Judicial en contra del juez de distrito, Ricardo Hiram Barbosa Alanís, halló 5.7 millones de pesos injustificados en una cuenta de él y de su familia.
Con esto, tanto Barbosa Alanís, como el otro juez de distrito investigado, Luis Armando Jerezano Treviño, tienen depósitos de recursos que no pueden comprobar.
Fuentes del Poder Judicial confirmaron que con esto, hoy el pleno del Consejo de la Judicatura Federal podría iniciar un procedimiento disciplinario contra Barbosa Alanís.
El juez fue sometido a una extensa investigación desde hace tres años, cuando fue suspendido por la Judicatura cuando se desempeñaba como Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León.
Según la investigación, se descubrieron depósitos bancarios en cuentas de sus familiares, de los cuales se desconoce el origen del dinero, por 5 millones 123 mil pesos.
Además en cuentas personales de Barbosa Alanís, el órgano de disciplina del Consejo de la Judicatura también logró ubicar 597 mil pesos no justificados en ingresos, que no corresponden a las percepciones de su encargo como juez de distrito.
Pero un agravante más a estos 5.7 millones de pesos sin justificar por el juzgador, sería el que Barbosa Alanís incurrió en mentiras a la hora de presentar, como todo profesional en su encargo, las modificaciones a sus declaraciones patrimoniales ante el Poder Judicial.
Esto significa que no sólo tuvo ingresos sin justificar, sino que además los ocultó.
Pero no sólo Barbosa Alanís fue investigado, también el secretario del Juzgado, Héctor Fernando Monterrubio Pontigo, a quien le encontraron cuentas bancarias que no reportó por 1.5 millones de pesos.
Además de una cuenta de uno de sus familiares por cerca de 900 mil pesos.
En total, el secretario del Juzgado Monterrubio Pontigo, no justificó movimientos por cerca de 2.4 millones de pesos.
Por ello hoy el pleno de la Judicatura podría empezar a limpiar la casa de un escándalo de corrupción en el Poder Judicial.
Escándalo que inició con los amparos sin argumentos entregados a una serie de casineros en Nuevo León.
De hecho, hace tres años Barbosa Alanís fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal para ser investigado por sus vínculos con socios de casinos de Monterrey.
La suspensión temporal fue con goce del 40 por ciento de su sueldo.
El entonces Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León fue acusado por el exalcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, de favorecer con sus fallos a empresas de casinos para que se instalaran en ese municipio.
Como Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, los amparos que otorgó Barbosa Alanís fueron estratégicos para la instalación de casas de apuestas en Monterrey y su zona metropolitana.
El juez federal firmó suspensiones para que casinos como el Poker City, El Revolución y el SportZone, pudieran operar sin contar con los permisos municipales.
Fue precisamente el amparo concedido por Barbosa Alanís al casino SportZone, que operaba el Grupo Palmas en el municipio de San Pedro, el que provocó que el exalcalde Mauricio Fernández lo denunciara ante el Consejo de la Judicatura Federal.
Barbosa Alanís ordenó la destrucción de sellos de clausura que impulsó el Municipio de San Pedro a esta casa de juego, ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, en el sector de Valle Oriente.
En el 2001, Barbosa Alanis comenzó su carrera como juez en la ciudad de La Paz, en Baja California Sur, donde trabajó junto con el juez federal Luis Armando Jerezano, también investigado por sus resoluciones otorgadas a favor de casas de apuestas.
Reporte Indigo ha documentado el caso de Jerezano, acusado hoy de formar parte del crimen organizado e investigado por la DEA por sus nexos con el Cártel del Golfo.
El 20 de septiembre de 2011, a través de un comunicado de prensa, el Consejo de la Judicatura Federal vinculó la investigación de Barbosa Alanís con la del juez Luis Armando Jerezano Treviño.
“Como es del dominio público, sobre esos funcionarios judiciales suspendidos pesan cuestionamientos respecto de su actuación en juicios de amparo vinculados con la operación de establecimientos de juegos y sorteos”, aseguró el órgano judicial.
En su despacho privado, Barbosa Alanís antes de convertirse en juez trabajó con Arturo Ignacio Cardona Calderón, abogado propietario del casino La Fortuna, en Monterrey, y que está preso por haber denunciado penalmente a Luis Armando Jerezano Treviño.
Barbosa Alanis pasó de ser el juez favorito de antros del Municipio de San Pedro, a ser el favorito de los grupos de casineros cuando se trasladó como juez a la Ciudad de México.
En la adscripción de Barbosa Alanís a los juzgados de la Ciudad de México habría intervenido la hoy ministra de la SCJN, Margarita Luna Ramos, quien se desempeñaba en ese entonces como consejera de la Judicatura Federal.
Este periódico publicó también los vínculos que existen entre Barbosa Alanis y la red que encabeza el magistrado Alejandro Luna Ramos.
