Es lunes 9 de noviembre. Sergio llega a su oficina al cuarto para las nueve, se sienta en su escritorio, enciende la computadora y comienza a trabajar. Observa que la mesa está sucia y tiene polvo, como si no la hubieran limpiado en días. El suelo tiene manchas de líquidos que alguien derramó.
Sergio espera a que lleguen sus compañeros y que, ojalá, ninguno esté contagiado con el virus que tiene paralizado al mundo.
Así es el día a día de varios colaboradores que ofrecen ayuda a grupos vulnerables en la capital del país, como migrantes e indigentes, para protegerlos contra “impactos ocasionados por desastres, contingencias o emergencias naturales”. Lo contradictorio es que, mientras cuidan de otros, ellos mismos están desprotegidos.
Sergio trabaja en el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), dependencia pública que, según los empleados, no resguarda a sus colaboradores de la COVID-19.
El 5 de junio, la Jefatura de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un acuerdo que deberían cumplir todas las oficinas de la administración pública capitalina, en el marco del plan Gradual hacia la Nueva Normalidad.
Por la emergencia sanitaria, las estancias gubernamentales están obligadas a seguir medidas para resguardar la salur de sus colaboradores. Entre ellas, garantizar la limpieza de los espacios de trabajo y asegurar el distanciamiento social.
Trabajando en el hacinamiento
Trabajadores de la IAPP, cuyos nombres reales se mantendrán en anonimato, denuncian que en las oficinas ubicadas en Diagonal 20 de Noviembre, colonia Obrera, existe un grave hacinamiento de personal aún cuando al menos tres personas resultaron positivas por COVID-19.
Los ordenamientos la Jefatura de Gobierno incluyen expresamente evitar la aglomeración de más de 5 personas en áreas de uso común y en reuniones de trabajo, pero en el IAPP eso no ocurre: “somos alrededor de 16 personas compartiendo al mismo tiempo impresoras, sanitarios y artículos de oficina”, explica Sergio.
El Instituto tiene cuatro áreas: una Jurídica, la Dirección de los Centros de Atención e Integración Social (CAIS), el área de Atención Emergente y una coordinación de Migrantes. Los trabajadores de todas ellas comparten una sola oficina todos los días laborales de la semana. Muchos de ellos, durante más de ocho horas consecutivas.
Las reglas dictan que las oficinas deben establecer horarios de entrada y salida esclalonados y ajustar las jornadas laborales con trabajo a distancia, a realizarse “de manera rotativa entre el personal” para evitar aglomeraciones.
“No se han apegado a las indicaciones de la Jefa de Gobierno en los horarios escalonados, no era necesario estar todos ahí. No en todos los casos hay sana distancia. Donde yo estoy, a menos de un metro hay un compañero sentado”, explica Brenda, colaboradora del Instituto.
Al inicio de la emergencia, el IAPP cumplió con el ordenamiento de los horarios escalonados. Pero hace pocos semanas, los trabajadores tuvieron que regresar a las oficinas de tiempo completo aún cuando el Semáforo Epidemiológico continúa en alto riesgo.
La orden la dio Nadia Troncoso Arriaga, directora ejecutiva de Instituto, quien considera, dicen, que “todos deben quedarse en las oficinas hasta que ella se vaya”.
La misma subdirectora de Asistencia Jurídica, María de Lourdes Tlapanco Martínez, es una mujer de 60 años que asiste a las oficinas todos los días, ocho horas continuas.
¿Y quienes estuvieron en contacto con infectados por COVID-19?
Se sabe que quienes convivieron con un paciente infectado por el SARS-CoV-2 pueden estar contagiados y deben aislarse. El gobierno capitalino exige a los centros de administración pública:
“Identificar y solicitar a las personas que hayan tenido contacto estrecho con la persona con síntomas que se dirijan de forma inmediata a su domicilio”.
En los últimos días, al menos dos personas dieron positivo por COVID-19 en el IAPP; pero el resto de los empleados se enteraron sólo cuando notaron la ausencia de sus compañeros que ya estaban en cuarentena.
“¿Por qué no nos dicen que están enfermos?”, preguntó un colaborador al Coordinador del CAIS zona norte. “¿Por qué les vamos a estar diciendo?, esa información solo la debemos tener nosotros, ustedes no tienen por qué saber”, respondió el funcionario Ernesto Alatorre Macías.
“Nadie nos informa acerca de los casos positivos, sólo lo sabemos cuando dejaron de llegar porque los mandaron a cuarentena. Hace como un mes, falleció un trabajador de la tercera edad en RH y tampoco nos quisieron informar la causa de su muerte”, comenta Óscar, otro colaborador del Instituto.
Los testigos están preocupados, pues muchos convivieron con los colaboradores que ahora se recuperan de la COVID-19 en casa. Y los que no estuvieron cerca, tienen miedo de contagiarse al tocar alguno de los espacios comunes que, aseguran, no son sanitizados.
“La limpieza sólo se hace una vez al día, pero no nos consta. Cuando llegamos supuestamente ya debieron hacer la limpieza. Nosotros hemos observado el mobiliario y pisos sucios, con manchas de que se cayó el agua hace días y nunca limpiaron. Los escritorios están llenos de tierra y te das cuenta porque dejas un papel en el suelo y al otro día sigue ahí”, explica Sergio, quien sólo desea conservar su salud mientras continúa haciendo su trabajo.
