Hacia la privatización de parques de Nuevo León
El gobernador Jaime Rodríguez transfirió La Huasteca, La Pastora y la Macroplaza a Artemio Garza, presidente Ejecutivo del Consejo Administrativo del Parque Fundidora
Luz RangelEspacios públicos de los neoleoneses podrían ser de unos cuantos empresarios. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, transfirió las responsabilidades que Parques y Vida Silvestre tenía sobre La Huasteca, La Pastora y la Macroplaza, a Artemio Garza, presidente Ejecutivo del Consejo Administrativo del Parque Fundidora.
“Los espacios siguen siendo públicos pero el organismo que será responsable de su operación será Fundidora. Esta reestructuración obedece a poder orientar los esfuerzos de mantenimiento y de conservación en un solo organismo”, pronuncia Garza en un video.
Guillermo Martínez Berlanga, presidente del Comité Ecológico Pro Bienestar, acusa que esta reestructura administrativa es una “entrega exprés”.
“Este señor, que es un gobernador fallido, ha sido entreguista de los espacios públicos de los neoleoneses a intereses particulares muy definidos para hacer conciertos, desarrollos comerciales, hoteles, restaurantes”, señala.
El director general de Parque Fundidora, Fernando Villarreal Palomo, expresó que el objetivo que tienen es que los parques sean autosuficientes en términos financieros.
“Ellos están confundiendo la autosuficiencia financiera con ser autosustentable. Ellos manejan perversamente el parque”, critica.
Por tercer año consecutivo, la administración de “El Bronco” no contempla recursos para este sitio emblemático. Desde 2018 el paquete fiscal mencionaba en sus aspectos relevantes que tenía que ser 100 por ciento autosuficiente.
Roberto Chavarría, director de Parques y Vida Silvestre a cargo de La Huasteca y La Pastora, pidió licencia del cargo
De manera que los eventos masivos al aire libre son una de las fuentes de ingresos. En 2012 Fundidora se convirtió en sede del festival de música Tecate Pa’l Norte y a partir de 2015 del Tecate Live Out. Sin embargo, el parque recibe sólo 10 por ciento de los ingresos por estos espectáculos que lo sobreexplotan, sin contar la venta de alcohol, cuyas ganancias son para los empresarios.
Para el ecologista, al menos 70 por ciento del parque no tiene relación con un bosque urbano. Además, 42 por ciento de las instalaciones son privadas, concesionadas o tienen costo pese a que la entrada general es “libre”.
¿Y dónde está el Congreso?
Sólo existe un acuerdo administrativo entre el Gobierno de Nuevo León y el organismo público descentralizado denominado Parque Fundidora. No hubo solicitud al órgano legislativo neoleonés y mucho menos aprobación de su parte, pero tampoco ha habido oposición.
En septiembre de 2018, “El Bronco” reunió en un desayuno en Palacio de Gobierno a los 42 diputados de la LXXV Legislatura para exponer sus proyectos.
En ese primer acercamiento del gabinete con los nuevos legisladores, Manuel González, secretario General de Gobierno, dio a conocer algunas de las iniciativas o reformas que el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso local. Entre éstas estaba la Ley de Parques, que a la fecha no ha sido presentada.
“La pregunta es ¿y dónde está el Congreso? ¿Dónde están los diputados? Nuevo León es una entidad que está viviendo sin pulmones urbanos ¿Por qué el Congreso se somete a esta ecomafia? Ningún legislador ha sacado la cabeza”, reclama el activista Guillermo Martínez Berlanga.
Integrantes de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) han declarado que revisarán si la entrega y recepción de los tres parques es jurídicamente válida o incumple los marcos legales de la entidad. Se trata del coordinador panista Carlos de la Fuente, quien, por cierto, regaló pases dobles para el festival de música Tecate Pa’l Norte que se lleva a cabo en Parque Fundidora, y del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priista Jorge de León Fernández.
En el caso de la Macroplaza, el Congreso del Estado ya estaba advertido. En noviembre de 2019, durante la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, Humberto Torres Padilla, secretario de Infraestructura, adelantó que la concesión de la Gran Plaza ya estaba ocurriendo en la Dirección de Patrimonio.
“El fideicomiso que administra el Parque Fundidora estaría tomando lo que es la Macroplaza, incluyendo el área de los locales comerciales y los estacionamientos”, pronunció.
En la Comisión de Medio Ambiente hay al menos tres iniciativas de reforma promovidas por la diputada Claudia Tapia para restringir eventos, modificar la integración del Consejo de Administración del Parque Fundidora y que el gobierno le reasigne presupuesto. Sin embargo, los grupos legislativos que se comprometieron a revisar la transferencia no las han apoyado.
