El Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón adquirió siete drones por un monto de 2 millones 414 mil 617 pesos, con funciones iguales a la aeronave adquirida para Fuerza Civil, que tuvo un costo de más de 50 millones.
La empresa Grupo Camouflage S.A. de C.V. ganó el pasado 17 de diciembre la subasta electrónica inversa nacional con número D.A.S.G. 20/18 para el suministro de estas aeronaves de tecnología para la Dirección de Protección Civil.
El fallo definitivo y acta quinta mencionan que esta acción fue solicitada por la Secretaría de Gobierno y Alma Delia Cavazos García, directora de Concursos, dentro de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Administración.
Dichas aeronaves tienen como función la ubicación, localización y obtención de información para Protección Civil del Estado por medio de imágenes o video, que captan durante su vuelo. Tareas similares ofrece la aeronave no tripulada de Fuerza Civil para ubicar brotes de inseguridad, a través de fotos o videograbación, que el Gobierno llamó información de inteligencia, durante la prestación del aparato el pasado 20 de marzo en la Explanada de los Héroes.
La aeronave no tripulada es única de su tipo en el país, diseñada por ingenieros de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), que Jaime Rodríguez calificó como la tecnología más moderna. La empresa local Unmanned Systems Technology International (USTI), administrada por Mauricio Ramos Pons, subsecretario de Seguridad en el sexenio de Fernando Canales y asesor de Seguridad Gubernamental en la administración del exgobernador Natividad González Parás, se encargó de la manufactura.
En el evento, el Secretario de Seguridad estatal, Aldo Fasci, afirmó que el aparato es prácticamente imposible de derribar por sus dimensiones, pues mide poco más de tres metros de largo y alcanza una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora.
Los siete drones, en cambio, cuentan con una cámara térmica para ubicación o localización de personas, refiere la ficha técnica. Además tienen un vuelo estacionario que puede vigilar por cierto tiempo un posible hecho delictivo, es decir, pueden encontrar a delincuentes mientras llega el apoyo terrestre. A diferencia del dron policial que no se puede mantener estático ya que sólo es de recorrido.
Violan la ley
La opacidad y las compras irregulares son una constante en el Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, la compra de los sietes drones a través de una subasta electrónica inversa viola los artículos 25 y 26 de la Ley de Adquisiciones del Estado de Nuevo León, los cuales promueven la libre concurrencia y competencia.
El acta del fallo técnico en poder de Reporte Índigo exhibe violaciones a estos reglamentos, pues el Grupo Camouflage S.A. de C.V. participó solo, simplemente no tuvo competencia, a pesar que en Nuevo León existe Unmanned Systems Technology International, la empresa de la aeronave policial.
En la licitación también se violó el artículo 26 de esta ley, en donde se establece que los entes públicos tendrán que hacer una investigación de mercado, que no se respetó.
Es decir, el Gobierno no se molestó para invitar más empresas en el mercado de drones, lo que levanta muchas dudas sobre el manejo de licitaciones.
Otros nuevos juguetes
El Gobierno de Nuevo León, que encabeza Jaime Rodríguez Calderón, adquirió equipo para seguridad y rescate que tuvo un costo millonario del erario público, el cual incluye siete partidas de recursos destinados a vehículos todoterreno, JETSKY de rescate acuático, motos de seguridad y camionetas Pick Up.
Documentos en poder de Reporte Índigo revelan que la adquisición de tres JETSKY modelo STX15F, a través de la Dirección de Protección Civil, bajo el esquema de subasta electrónica, se realizó a la empresa Organización Moto Mundo S.A. de C.V. por 304 mil 390 pesos cada una.
Estas motos acuáticas son utilizadas en mares o bahías para la diversión de turistas, más no son para rescate de personas. Existen lanchas especialmente diseñadas para los cuerpos de rescate.
Además, este concurso violó el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones del Estado de Nuevo León, el cual establece que en la compra de vehículos se debe contar con la libre concurrencia y competencia, pero no fue así, solo se simuló.
La convocatoria de subasta electrónica inversa D.A.S.G 21/18 revela que la única competencia que tuvo esta compañía fue Autokam Regiomontana S.A. de C.V. y Car ONE Monterrey S.A. de C.V., empresas cuyo giro son autos, más no motos acuáticas.