Guerrero sin ley

La causa: la inseguridad y la falta de aplicación de la justicia.

El efecto: el pueblo levantado en armas.

Una situación que crece día a día en el Estado de Guerrero. Las autoridades estatales y municipales no han podido calmar los ánimos de quienes ante la desesperanza y el hartazgo han decidido hacer justicia por su propia mano.

Reuniones, acuerdos y la creación de una comisión especial no desactivan un movimiento que ya se observa desde otros países.

El pasado domingo, un turista fue agredido por no detenerse en un retén de estos justicieros comunitarios. 

El incidente no pasó a mayores, pero fue el primer aviso de que los retenes son en serio.

Y por si se requerían más ingredientes para todo esto, en Acapulco un grupo de encapuchados agredió a siete mujeres, violando a seis de ellas, todas españolas.

Para el alcalde de Acapulco, Luis Walton, esto pasa en todo el mundo y lo negativo es que afecta a la imagen del puerto.

Fue tal el desprecio por sus palabras que vino una andanada de críticas en las redes sociales. El político tuvo que disculparse. Solo logró sumarse al repudio que tienen los guerrerenses hacia sus autoridades y poner a Acapulco como otro de los municipios con evidentes problemas delincuenciales.

El operativo en las playas y en la zona de Barra Vieja buscando a los violadores poco ayudó al alcalde, el daño por sus dichos ya estaba hecho. Menospreció el delito.

Y es precisamente esa insensibilidad la que ha provocado el enojo de los guerrerenses. Por eso, la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) ha dicho que no confía en las autoridades.

No están dispuestos a entregar los 54 detenidos que tienen en el poblado de El Mezón a las autoridades estatales y federales. 

Sin embargo, participaron junto con el gobernador del Estado, Ángel Aguirre, en la creación de la Comisión para la armonía de los pueblos de Guerrero.

Y es que, en propias palabras del mandatario estatal, con ese órgano lo que se pretende es institucionalizar la protesta de los pueblos que se han levantado en armas.

“La creación de la Comisión para la Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado, pretende ser punto de promoción focalizado, que coordine y promueva políticas integrales, orientadas al desarrollo indígena, a fin de darles un puntual seguimiento y evaluación; pero que sea a la vez un órgano de consulta de las dependencias federales, estatales y tomen en cuenta las propuestas ciudadanas, generando con ello, oportunidades más equitativas y progreso”, explicó Aguirre.

Pero, en realidad, las instancias para todo eso existen ya. Lo que la gente en la Costa Chica pretende es que se aplique la ley. 

Están cansados de los levantones, secuestros, cobros de piso, asaltos, violaciones y todo tipo de delitos que, en los últimos cuatro años al menos, han azorado a la población. Fue por eso que, ante el rápido crecimiento de este movimiento –actualmente son 13 poblaciones-, el gobierno estatal decidió desactivarlo.

Pero sus intentos solo lograron aplazar el juicio comunitario que se realizaría el pasado jueves. Ahora se celebrará el 22 de febrero y hasta el momento no hay indicios de que se vaya a soltar a los 54 detenidos que, en realidad, tienen calidad de secuestrados.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos quiso enviar a un grupo de observadores, pero al ver que no existen las condiciones de seguridad necesarias, se detuvo la misión. Están todavía a la espera de que las autoridades estatales les brinden seguridad para que puedan realizar su trabajo en la zona del Municipio de Ayutla de Los Libres.

En la instalación de este nuevo órgano –creado ex profeso para la ocasión– Bruno Plácido Valerio, líder la UPOEG, advirtió que en realidad la Comisión poco significa.

En su intervención le pidió al gobernador, Ángel Aguirre, que piense bien quién, en realidad, viola los derechos de quién, pues han sido las propias autoridades las que han pisoteado la ley.

Buena paradoja el cruce de discursos.

“Cuando nosotros protestamos somos sometidos como órdenes de aprehensión porque somos revoltosos”. 

Por eso, advirtió que la Comisión será un espacio de diálogo, pero sin condiciones.

Adelantó que la entrega de los detenidos por el momento no se contempla y que, en todo caso, se consultará a las comunidades para decidir si se hace o no.

“Vamos a tener un diálogo sin condicionarnos, la coordinación quiere decir que nosotros nos respetamos, que no es lo mismo que someternos”. Más claro ni el agua.