Guerrero: la nueva ‘tierra caliente’
Guerrero, por la intrincada geografía de su sierra, ha sido siempre territorio propicio para esconder guerrillas, cárteles y grupos clandestinos.
Y ahora, en un despunte de violencia, el estado enfrenta inseguridad, autodefensas, narcotraficantes y grupos rurales que rechazan al gobierno.
El estado parece estar fuera de control y se ha convertido en la otra “tierra caliente”; un nuevo Michoacán.
La inseguridad en el estado volvió a ser noticia nacional.
Rodrigo Villegashttps://www.youtube.com/watch?v=zjmJCm4Ul8E https://www.youtube.com/watch?v=mhYemfqOWIg
Guerrero, por la intrincada geografía de su sierra, ha sido siempre territorio propicio para esconder guerrillas, cárteles y grupos clandestinos.
Y ahora, en un despunte de violencia, el estado enfrenta inseguridad, autodefensas, narcotraficantes y grupos rurales que rechazan al gobierno.
El estado parece estar fuera de control y se ha convertido en la otra “tierra caliente”; un nuevo Michoacán.
La inseguridad en el estado volvió a ser noticia nacional.
El cuerpo de Jorge Torres Palacios, vocero de Salud de Acapulco, fue encontrado dentro de una bolsa de plástico con huellas de tortura en la comunidad Plan de los Amates.
También ayer en Chilpancingo policías federales liberaron a un empresario que se encontraba secuestrado y que presentaba la mutilación de un dedo de la mano.
Pero los males que aquejan a Guerrero no son nuevos.
Pese a la cruzada del gobierno federal en el estado, la violencia se ha vuelto a recrudecer y las comunidades rurales buscan organizarse.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG) han intensificado sus operaciones en al menos 14 municipios de la entidad.
Con metodologías diferentes y confrontaciones ocasionales entre sí, ambas organizaciones tienen un objetivo en común: combatir a la delincuencia organizada.
“No estamos fuera de la ley”, aseguró Bruno Plácido Valerio, líder fundador de la UPOEG en entrevista exclusiva para Reporte Indigo.
Sin embargo, el más reciente incidente grave, ha generado controversia.
Policías comunitarias de la UPOEG intercambiaron disparos con la escolta de la alcaldesa panista del municipio de Juan R. Escudero, Elizabeth Gutiérrez Paz.
Ambas partes tienen su versión.
La alcaldesa asegura que fueron los comunitarios quienes abrieron fuego primero, y Plácido Valerio argumenta que los escoltas de Gutiérrez pasaron el filtro de seguridad instalado por la UPOEG, y empezaron los balazos.
El gobierno del estado inició una investigación sin que hasta el momento se haya emitido algún veredicto.
Por otro lado, la inminente amenaza del grupo delictivo “Los Rojos” –célula remanente del Cártel del Pacífico Sur o Beltrán Leyva– mantiene a comunidades de Chilpancingo y Tierra Colorada bajó flagelo.
Con enfrentamientos, secuestros y extorsiones, es el pan de cada día de la región.
Se trata de la misma agrupación que mantiene al estado vecino de Morelos hundido en descontento social y con el mayor índice de secuestros del país.
No obstante, el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, ha dicho que en su entidad no se requiere de un operativo federal como el que se lleva a cabo en Michoacán, “tampoco de un comisionado”, aseveró.
Dijo que si bien el combate al crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal, la seguridad pública estaba bajo el control de las autoridades estatales.
Y aunque el gobierno federal hasta el momento no ha implementado un plan estratégico de seguridad, la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha destinado recursos extraordinarios para la reconstrucción de Guerrero tras el paso de los huracanes Ingrid y Manuel en 2013.
Y también ha redoblado de manera silenciosa el número de fuerzas federales en la entidad.
El mandatario federal ha visitado el estado más que cualquier otro en lo que va de su administración.
Y funcionarios de alto nivel del gobierno de la República tienen la instrucción de dar especial atención a esta entidad.
Ni autodefensas, ni policías rurales
Para muchos el brazo policiaco de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG) está en el limbo jurídico.
Para otros, el artículo 39 de la Constitución, la ley 701 de la entidad y el reconocimiento del Gobierno del Estado, les brinda legitimidad y carácter jurídico.
En entrevista para Reporte Indigo, Bruno Plácido Valerio, el líder comunitario transformado en autodefensa y de nuevo en policía comunitario, aseguró que la UPOEG no esta fuera de la ley.
También dijo que se trata del derecho de los pueblos indígenas a brindar seguridad a sus comunidades.
Con el rostro recio y mirada fija, el indígena de origen mixteco aseguró que no están tampoco en contra de las autoridades.
Oriundo de la comunidad de Buenavista de San Zacatlán, a los 26 años pasó a formar parte de los miembros fundadores de la Policía Comunitaria, en 1995.
“El punto era participar en un proyecto comunitario, en la reconstrucción de la sociedad. Y a más de 18 años, el objetivo es el mismo.
“Se trata de la exigencia a devolver el derecho colectivo. Y para ello contamos con el articulo 169 de la OITE y también con el artículo 115 del municipio”, dice el mixteco.
“Los indígenas no queremos ser suplantados, queremos ser representados por un indígena”.
Nuestro proyecto inicial no era crear una autodefensa, era crear un sistema de seguridad y justicia.
El 5 de enero de 2013 se alzaron en armas en Ayutla de los Libres, luego de que la CRAC se negara a instalar el sistema colectivo de justicia.
“Nos estaban matando y secuestrando gente; y en ese momento teníamos dos caminos, o le entrábamos a la seguridad o nos moríamos”.
Los cinco objetivos de la UPOEG son seguridad, justicia, educación, consulta, desarrollo integral.
Los usurpadores
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) ha sido usurpada por un grupo de infiltrados y han desvirtuado el proyecto original.
“La CRAC es un derecho de los pueblos. La decisión es un proyecto colectivo. Una asamblea indígena, cosa que en la CRAC ha cambiado”, dijo.
Pablo Guzmán Hernández y Valentín Chapa son los personajes que han desvirtuado el proyecto comunitario de la CRAC, según Bruno Plácido.
“No cuentan con autoridad moral, para llamar a hacer alianzas con otros sectores”, ha dicho el exlíder fundador de dicha organización.
“Los actuales dirigentes del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias se montaron en la CRAC, y carecen de una visión comunitaria. No ven el desarrollo de las comunidades”, reprochó el guerrerense en 2013.
“Ellos creen que todo se resume a un asunto de carácter policiaco y no, todo tiene que ver con el desarrollo de las comunidades, con las obras prioritarias para los pueblos y sus habitantes, pero no, ellos violan derechos humanos y eso es lo que nosotros estamos reprobando”, dijo Bruno Plácido a medios de comunicación en diciembre de 2013.
También dijo que se habían transformado ya en un grupo paramilitar.
Ya entrados en 2014, Plácido Valerio dijo que en la UPOEG “nosotros continuamos con el proyecto original pero con una perspectiva multicultural.
“No es un proyecto radical, simplemente se adecua a las comunidades”.
‘No somos guerrilla’
En 2005 Bruno Plácido fue detenido y torturado por el Ejército, tras ser vinculado con la guerrilla.
“Nosotros no somos ni EPR ni ERPI”, asegura.
El 2 de diciembre de 2013 apareció en Guerrero un nuevo grupo guerrillero denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo (FAR-LP), quienes prometieron atentar contra cualquier “invasor extranjero” y derrocar al gobierno del presidente Peña Nieto.
El líder de la UPOEG dijo que el grupo pseudo guerrillero “es un proyecto que tratan de involucrar en nuestra zona para decir que nosotros estamos con la guerrilla. El gobierno infiltra gente”.
“Nosotros no tratamos de confrontar al modelo de gobierno, sino reordenar.
“Que no se equivoquen los medios, nosotros tenemos puntos de encuentro con el gobierno, sobre todo cuando hablamos de desarrollo”.
Alcaldesa del ‘viejo oeste’
Si algo ha dejado la experiencia de Michoacán, es que se evidenció la extensa entramada de funcionarios y alcaldes que tenían vínculos con el crimen organizado. Especialmente con “Los Caballeros Templarios”.
En Guerrero, no se puede negar lo mismo. Pero tampoco se ha realizado una investigación federal que exponga a los actores políticos que están coludidos con la delincuencia organizada.
En tanto, todo queda entre dimes y diretes.
Este es el caso de la alcaldesa de Juan R. Escudero, Elizabeth Gutiérrez. Quien ha sido acusada por la UPOEG de tener vínculos con la organización delictiva “Los Rojos”.
El pasado 18 de mayo se suscitó un enfrentamiento a balazos entre policías ciudadanos de la UPOEG y el equipo de seguridad de la alcaldesa panista Gutiérrez Paz, quien resultó con una herida en el brazo.
La UPOEG denunció la ejecución el 25 de marzo del comandante Guadalupe Quiñones en San Juan del Reparo.
Lo cual justificó –de acuerdo al líder Bruno Plácido– su incursión a Tierra Colorada. Dijo que desde que llegaron contaban con “inteligencia” de cómo operaba la delincuencia organizada en la región.
A decir de Plácido Valerio, el grupo que opera es “Los Rojos”.
El líder comunitario también asegura que cuentan con evidencia sólida de que la alcaldesa de Juan R. Escudero “llegó a la presidencia municipal con financiamiento del crimen organizado”.
De acuerdo, al líder de la UPOEG, todo inició cuando policías comunitarios detuvieron a su director de seguridad pública, quien fue puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado al contar con “pruebas” de que el funcionario tenía vínculos con el crimen organizado.
Sin embargo, el jefe policiaco fue liberado días después.
“Dialogamos con ella a pesar de su actitud, y después se firmó un convenio entre el cabildo y nosotros, en donde se reconocía al sistema de seguridad de Tierra Colorada.
“Desde ahí tomó una actitud negativa, va a las fiestas de los pueblos armada (ella), actúa como si fuera el viejo oeste”. Esto fue denunciado a los diputados locales y al gobierno estatal.
“Sigue impune, ella no ha brindado informes en los dos años de administración que lleva.
“Ha infiltrado a delincuentes en ambulancias. En su fiesta de cumpleaños, para sacarlo lo hace en ambulancia para que nosotros no sepamos quién va adentro”, asegura.
Esto vino a reventar hace 10 días, cuando mataron a un joven en La Lima.
“Al segundo día detuvo (la alcaldesa) a un policía nuestro con su escolta, y lo metió a su casa y lo torturó. Ella quería saber qué sabía ese policía sobre la muerte de Mario Rico Ramírez alias “El Payaso” –chofer y escolta de la alcaldesa– nosotros tenemos la versión de que el conflicto es entre ellos porque “El Payaso” sabía muchas cosas de ella y entonces tenían que eliminarlo, pero ella quería justificarse con nosotros”, apuntó Bruno Plácido.
De acuerdo a la versión del responsable del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, ese fin de semana se implementó un operativo de puestos de revisión.
Uno de ellos, por el que la alcaldesa pasó el 18 de mayo “sin ni siquiera hacerle la parada, abrió fuego”, aseguró.
‘Mujeres guerreras’ pero sin armas
Una revolución de mujeres guerrerenses ha acaparado los reflectores del estado.
Empresarias, amas de casa, indígenas, maestras y funcionarias públicas se han concentrado en una agrupación civil que busca el empoderamiento de la mujer.
Mujeres Guerreras, una asociación civil presidida por la líder textil del estado y presidenta de la Comisión de Seguridad de la Coparmex, María Luisa Vargas Mejía, ha decidido acercarse con las mujeres policías de la UPOEG para concientizarlas e instarlas a que su lucha no sea solo a través de las armas.
Se trata de más de 6 mil mujeres de las siete regiones del estado que aparecen como eco de una sociedad que busca más oportunidades.
Sin embargo, Amir Zapata, la promotora y líder las mujeres policías de la UPOEG, dijo en entrevista a Reporte Indigo que las mujeres de la organización no solo están armadas con rifles y escopetas, sino que han cerrado filas con organizaciones de la sociedad civil.
A nombre de la UPOEG, ha decidido formar parte del consejo de Mujeres Guerreras.
Abogada y administradora del Colegio de Bachilleres de Guerrero y promotora y coordinadora de las mujeres de la UPOEG, Zapata dijo que la metodología jurídica por la cual se rige el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana que lidera Bruno Plácido, difiere considerablemente de aquella seguida por la CRAC.
Cuestionada por el caso de la policía comunitaria encarcelada, la comandante Néstora Salgado, Amir Zapata dijo que conocía poco el caso.
Pero de lo que estaba convencida, es que el método de presentación y detención de la UPOEG no es violatorio de los derechos humanos.
“Se basa en un sistema de certificación jurídica, en el que por escrito se tiene que describir y denunciar al indiciado para que sea presentado ante la asamblea comunitaria, si no hay evidencia o un testigo ocular con capacidades de explicación, el sospechoso es turnado a las autoridades estatales”, explica.
Y agrega que ahí no hay tomas de decisiones arbitrarias, “solo un proceso que no agrede ni atropella, a comparación de la CRAC, a donde pertenece Néstora Salgado”.
Al respecto, en entrevista con Reporte Indigo, Bruno Plácido dijo no conocer a Néstora Salgado.
¿Quién es la comandante Néstora?
Reporte indigo publicó el 7 de mayo sobre la comandante Néstora.