Los índices delictivos están afectando de forma generalizada al país, sin embargo en el estado de Guanajuato el fenómeno de la violencia se propagó más allá de los límites de las capacidades institucionales.
Esta problemática ha dejado en evidencia que las estrategias de seguridad enquistadas de los tres órdenes de gobierno, generaron que las principales bandas del crimen organizado en la región puedan prosperar y continuar sus operaciones con impunidad.
Asesinatos como el de Francisco Javier Fuentes Uribe, titular de la Unidad Antidrogas de la Fiscalía General del estado –quien murió el pasado 2 de julio en la ciudad de Celaya por impactos de arma de fuego– dan cuenta de la realidad de un lugar en donde las acciones de seguridad a cargo del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, parecen insuficientes ante la crisis que se vive.
La posición privilegiada de Guanajuato en el mapa de la República y la ubicación de la refinería de Salamanca en su territorio, son elementos que propiciaron la incubación de grupos criminales que se disputan las plazas por todo el centro, sur y norte del estado; cárteles como el de Santa Rosa de Lima, que desde el 2018 a la fecha ha demostrado un incremento considerable en su actividad delictiva o el del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes buscan desplazar a la mafia local en el control del mercado del robo de hidrocarburos, conocido coloquialmente como “huachicol”.
Guanajuato había sido un estado que hasta los últimos cuatro años no habíamos tenido los problemas que tenemos, pero más de 200 homicidios (al mes) es una cifra alarmante
El legislador agrega que el recrudecimiento de la violencia es una realidad que está golpeando fuertemente la imagen del estado. Una crisis cuyo origen principal se genera en la falta de vinculación de los municipios a las estrategias de seguridad. Sin embargo, consideró que en los últimos meses las cifras sobre los homicidios demuestran que estos van a la baja, por lo que tampoco se puede hablar de estrategias mal aplicadas.
“Hay municipios en donde vemos que no están actuando en el tema de la prevención del delito, como la Constitución les está mandatando. Es un tema complicado, pero en las cifras reales que entrega la Secretaría de Seguridad Pública, ahí sí estamos a la baja”, afirmó.
De acuerdo con las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el mes más violento en lo que va del 2019 fue febrero, con 340 homicidios dolosos cometidos en la entidad. A partir de ese momento, se ha reflejado una tendencia a la baja, hasta enlistar 256 víctimas de asesinato en el mes de mayo.
15
Pero, si se hace un comparativo del periodo enero-mayo de este año con el mismo intervalo del 2018, el aumento es significativo.
En los primeros cinco meses de 2018, se registraron mil 302 víctimas de asesinato contra mil 493 registradas durante enero-mayo de 2019. Esto quiere decir, un crecimiento del 15 por ciento de este crimen.
1,493
Por si fuera poco, de las mil 493 víctimas registradas por las autoridades en los primeros cinco meses del año en curso, mil 277 de ellas fueron asesinadas con arma de fuego, lo que equivale al 86 por ciento del total; situación que deja al descubierto la violencia que impera en la entidad.
Abandono institucional en Guanajuato
Saúl Arellano, director editorial de México Social y experto en temas de seguridad en la entidad, asegura que la situación por la que atraviesa Guanajuato tiene que ver con una “descomposición progresiva y creciente” del tejido social que no es de ayer.
Desde su perspectiva, Arellano expone que existen elementos claros para asegurar que al menos desde el 2011, la violencia en el estado no fue tomada como una prioridad por las administraciones panistas.
“Tenemos una violencia que no fue atendida. En donde al autoridad local simplemente cerró los ojos y no quiso ver lo que estaba pasando; no quiso escuchar a las voces que estábamos alertando de este fenómeno.
“Es increíble que el gobernador actual, haya recibido y optado por mantener al equipo de seguridad que pues francamente, a la luz de los resultados y los datos, ha mostrado una enorme incompetencia”, señaló.
En su consideración, existen dos piezas clave para comprender la inefectividad de la estrategia de seguridad del estado: el Fiscal General, Carlos Zamarripa Aguirre y el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca.
“En ningún lugar de Mexico se tienen noticias –al menos yo desconozco que haya ocurrido algo similar en el país– de un Fiscal que con más de 8 mil muertos a cuestas sea ratificado para nueve años más en el cargo; y de un secretario de seguridad pública (Cabeza de Vaca) que por su parte lleva seis años al frente del cargo. Y en las narices de ambos se dio el crecimiento de esta violencia desbordada”, añadió.
De acuerdo con el experto, en el tema de los cárteles que operan en la entidad, lo que se percibe más allá de la disputa de los territorios por el control de los mercados es una reconfiguración de las propias organizaciones.Tales como el Cártel de Santa Rosa de Lima, que se ha convertido en el principal grupo delictivo para las autoridades.
“El cártel de Santa Rosa irrumpe por la amenaza que le genera la presencia del CJNG en diferentes municipios de la entidad. Entonces lo que ocurre es un desplazamiento de los grupos criminales (…) hoy pueden verse tres grupos en Guanajuato: el Jalisco Nueva Generación, el de Santa Rosa de Lima y lo que queda de los Caballeros Templarios.
“Llama mucho la atención que en Guanajuato se esté generando una persecución solamente por el Cártel de Santa Rosa de Lima y que de los otros no se diga nada. Es decir: cuando tienes una violencia de esta magnitud pues vas en contra de todos los grupos delincuenciales. No específicamente de uno”, afirmó Saul Arellano.
El especialista también concluyó que gracias a esta percepción focalizada en el robo de hidrocarburos, se perdieron de vista otros crímenes, como el secuestro, el cobro de piso o diversas problemáticas que siguen sin atenderse como es debido.
