En las calles y colonias de Jalisco deambulan actualmente 4 mil 857 presuntos asesinos, lo que es una constante situación de riesgo para la ciudadanía que no ha podido ser resuelta por las autoridades.
La captura de estas personas acusadas de homicidio ya se encuentra autorizada por los jueces del estado para llevarlos a juicio, sin embargo, la Fiscalía del Estado que hoy encabeza Gerardo Octavio Solís Gómez no ha podido concretarla, de acuerdo con registros en la materia actualizados al 2019.
Cada vez es más claro que en Jalisco, y particularmente en Guadalajara, la extendida presencia de sicarios o gatilleros representa un gran peligro para los ciudadanos. Apenas la semana pasada en dos tiroteos, uno en una tienda de hamburguesas en Zapopan y otro al aire libre en la colonia tapatía Belisario Domínguez, ocho civiles inocentes fueron heridos con disparos solo por encontrarse en el lugar y el momento equivocados.
De estos 4 mil 857 presuntos asesinos que deberían estar siendo enjuiciados en estos momentos por los crímenes que se les atribuyen, 4 mil 195 tienen órdenes de aprehensión en su contra sin cumplimentarse y los 662 restantes órdenes de reaprehensión igualmente pendientes, según se informó vía transparencia (folio 03420819).
Este rezago no muestra ningún avance en su reducción, lo que evidencia que no está siendo atendido apropiadamente por las autoridades. De hecho, antes que ir a la baja presentó un ligero aumento en este 2019.
En el año 2018, la Fiscalía estatal aún en el gobierno del exmandatario Aristóteles Sandoval Díaz reconocía que no había detenido a 4 mil 792 presuntos asesinos en el estado, una cifra menor a la actual, y de los cuales 4 mil 190 tenían órdenes de aprehensión en su contra y los otros 602 restantes órdenes de reaprehensión, todas pendientes de ejecutarse.
En las cifras anteriores no está considerada la violencia homicida por cuestiones de género, es decir, los feminicidios. Sin embargo, también en estos ha habido un incremento en la cantidad de presuntos responsables que no han sido detenidos por las autoridades ministeriales.
En el 2018 el gobierno de Sandoval Díaz reconocía que había 30 presuntos feminicidas en Jalisco que seguían libres, pues no habían sido capturados; ahora en el mandato de Enrique Alfaro Ramírez se informa de 48 presuntos feminicidas sin ser detenidos, un 60 por ciento más, y de los cuales 46 tienen órdenes de aprehensión, y dos de reaprehensión
Las 49 mil capturas de asesinos pendientes
La incapacidad de la Fiscalía de Jalisco en la detención de presuntos asesinos y en general de supuestos delincuentes que tienen órdenes de captura pendientes es un mal bien diagnosticado desde años atrás.
Lo que no ha llegado, sin embargo, es una solución para ello.
Con las cifras actualizadas al 2019 se sabe que la Fiscalía enfrenta un rezago de 49 mil 518 capturas de presuntos delincuentes no efectuadas (40 mil 275 aprehensiones y 9 mil 243 reaprehensiones), derivadas de 36 mil 178 órdenes de aprehensión y reaprehensión no concretadas (una sola orden puede implicar a más de una persona).
Ya desde el Programa Sectorial de la “Dimensión Garantía de Derechos y Libertad”, elaborado por el pasado gobierno de Sandoval Díaz, se reconocía que la Fiscalía –antes Procuraduría- estaba ejecutando con éxito apenas una quinta parte de las órdenes de captura concedidas por jueces.
“Del total de órdenes de aprehensión emitidas por los jueces durante 2010 más las rezagadas de 2009, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado logró ejecutar solo 22.9 por ciento (4 mil 600), un porcentaje bajo si se considera que la media nacional fue 29.15 por ciento”.
El Programa identificaba que parte del problema radica en que la dependencia sigue sin estar preparada para explotar con eficacia la inteligencia criminal. “En lo relativo al manejo de información de inteligencia, no se cuenta con herramientas sólidas para consulta y análisis de información que coadyuve a identificar y vincular a los presuntos responsables con hechos delictivos. Además, se requiere de capacitación y procedimientos para el resguardo, sigilo y tratamiento de información sensible”, señala el documento.
Mientras que en el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2018, de la ONG Impunidad Cero, el municipio de Jalisco apareció como el sexto estado del país con el peor nivel de cumplimiento de las ordenes de aprehensión, con el 40.6 por ciento de las mismas.
Víctimas colaterales
En una sola semana la metrópoli de Guadalajara vivió dos enfrentamientos que lesionaron con arma de fuego a ocho personas que no tenían ninguna relación con los hechos. El primero ocurrió en un Carl’s Junior de la plaza comercial Galerías, en Zapopan, el 1 de agosto.
Ahí se confrontaron dos grupos de hombres armados que comenzaron un tiroteo entre los comensales, en el que también participaron los escoltas de María Luisa Aguirre, esposa del gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, para resguardarla a ella y a las personas presentes, según se reportó.
En ese hecho la Fiscalía de Jalisco reconoció que hubo cinco comensales heridos por los disparos. “Me tiré abajo de la mesa con mi mujer que es diabética, mi tía resultó con una esquirla, mi sobrina con una bala en un glúteo y la verdad es algo espantoso, muchachos. No se imaginan lo que es estar ahí empezando a comer y escuchar esa ráfaga de muerte”,. narró un testigo.
El segundo tiroteo ocurrió al día siguiente, el 2 de agosto por la mañana, en la colonia tapatía Belisario Domínguez, en el cruce de Belisario Domínguez y Mesa del Norte.
En ese lugar la Policía intentó detener a un sujeto que accionó en repetidas ocasiones un arma larga. Los disparos alcanzaron a dos mujeres que se hallaban en la zona, así como a un hombre que viajaba en un camión.
