Grupo Plural, señal de rebelión y cambio en Senado
Aunque el Grupo Plural podría no consolidarse por impedimentos legales, la intentona que protagonizan cinco senadores en la Cámara alta del Congreso de la Unión podría dar pie a una reforma legal que modifique la forma de control que tienen los Grupos Parlamentarios del Poder Legislativo
Carlos MontesinosEl Senado de la República vive una rebelión en la que cinco legisladores provenientes de distintas fuerzas políticas, tanto oficialistas como opositoras, buscan conformar su propio Grupo Parlamentario independiente y plural. Aunque todo indica que esto quedará en una aspiración frenada por el marco legal vigente, también puede ser el inicio de una reforma profunda que cambie el orden y control del Congreso de la Unión.
La semana pasada se presentó el Grupo Plural integrado por el senador plurinominal del Movimiento Regeneración Nacional, Germán Martínez Cázares; Nancy de la Sierra y Alejandra León, representantes de Puebla y Baja California por el Partido del Trabajo; Gustavo Madero, de Acción Nacional electo como primera minoría por Chihuahua; y Emilio Álvarez Icaza, independiente también electo primera minoría por la Ciudad de México.
Ante la negativa de la presidencia del Senado de la República y la insistencia del Grupo Plural de formar una bancada, la única alternativa que tienen es la vía legal
Abogando por una agenda democrática al margen de las fracciones partidistas, el nuevo bloque busca conformarse como Grupo Parlamentario, incluso recibiendo la bendición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras que el morenista Eduardo Ramírez, expresidente de la Cámara alta para el tercer año de la LXIV Legislatura, se postuló como interlocutor entre los denominados “rebeldes”, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política.
Sin embargo, Olga SánchezCordero explicó que, de acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso General y al Reglamento del Senado, los Grupos Parlamentarios sólo pueden constituirse en la primera sesión del año inmediato tras la elección, mismo argumento que se ha esgrimido, en sentido inverso, para evitar la desaparición de las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática y Encuentro Social pese a no contar con los cinco integrantes mínimos requeridos.
Con la postura asumida por la presidenta del Senado y la insistencia del Grupo Plural, la única alternativa sería la vía legal. Lo que hace recordar los esfuerzos de Jorge Castañeda por ser candidato presidencial en 2006 y de Manuel Clouthier a partir de 2012. Casos que, si bien no lograron su objetivo inicial, generaron suficiente impacto como para derivar en las reformas que hoy en día permiten las candidaturas independientes a cargos de elección popular.
En busca de una reforma para el Grupo Plural
En este contexto, Arturo Sánchez Gutiérrez, profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, comenta a Reporte Índigo que si bien se debe tomar en cuenta el aspecto administrativo de las bancadas del Senado, el debate sobre la legalidad del Grupo Plural es secundario a la libertad de asociación y manifestación de los senadores involucrados.
“En términos de hechos, creo muy factible y viable que un grupo de senadores de uno, dos o varios partidos se organicen para representar un punto de vista convergente en sus fuerzas y que, al mismo tiempo, mantengan sus derechos y trabajos dentro de las cámaras. Lo que hicieron los senadores es perfectamente legítimo, no tienen ningún problema y es una posición política que les permite argumentar con relación a sus propias bancadas y la cámara en su conjunto”.
En ese sentido, destaca que ya hay antecedentes de legisladores que se declaran “sin partido” -puesto que, hasta el momento, solo Clouthier ha llegado al Congreso de la Unión por la vía independiente, cuando fue electo diputado federal en 2015-. Por lo que lo novedoso en esta polémica es el reclamo de los senadores para poder integrar una nueva bancada, si bien no se ha aclarado si esta tendría facultades como voto en la Junta de Coordinación Política.
“Me parece destacable que esto esté pasando ahora, justamente cuando se cuestiona la verticalidad que operaron en el Congreso, esas formas de ‘no se le cambia ni una sola coma’, o la fuerza de la oposición, si no está cumpliendo su función.
“Estos fenómenos son un efecto del tipo de lucha política que se está dando en México y que seguramente requerirá de ajustes legales y normativos que permitan este tipo de formas.”
‘Monopolio’ de los Grupos Parlamentarios
Reporte Índigo también entrevistó a Martha Tagle, quien en las últimas dos legislaturas ha integrado bloques independientes o plurales tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Como parte de estos ejercicios, la exlegisladora federal señala el “monopolio” con el que los Grupos Parlamentarios, por medio de la Junta de Coordinación Política, controlan las actividades en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
“Parte de lo que argumentan estos senadores tiene que ver con esta lógica de que la Ley Orgánica hace que todo dependa de los Grupos Parlamentarios. Por lo tanto, los legisladores están sujetos a estar bien con sus grupos porque de ellos depende todo”
“No a buscar rendirle cuentas a la ciudadanía, sino a su grupo y a su coordinador para que tengan derecho a formar parte de comisiones o de subir a tribuna, porque de otra manera no los tendrían”.
A la par de aspectos como subir a tribuna o integrar una comisión, en donde los legisladores sin bancada dependen de los Grupos Parlamentarios, Tagle señala otros como la representación en la Junta de Coordinación Política que, a su vez, suele decidir no llevar al pleno iniciativas incluso ya dictaminadas. Además de las subvenciones que cada fracción es libre de administrar a placer, lo que cataloga como un privilegio ya que no todos los legisladores gozan de los mismos recursos.
“Esta, que han llamado, ‘rebelión de senadores’, no es nueva, hemos tenido diferentes etapas de esta misma situación y llama a que hagamos una revisión de cómo está organizado el trabajo en el Congreso, de si efectivamente la coordinación política que se requiere no termina inhibiendo el trabajo legislativo para hacer que avancen las agendas y que los legisladores estemos representando realmente los intereses de la ciudadanía y los de las entidades federativas”.
