Grupo Orlegi y la multimillonaria deuda que tiene con familia ejidataria de Torreón por terrenos del TSM

Fue un 11 de noviembre del 2009 cuando Torreón, Coahuila recibía en sus tierras a grandes celebridades del futbol: el campeón del mundo Pelé, al Santos de Brasil de Neymar y para cerrar con broche de oro al artista internacional Ricky Martin, todos protagonistas de la inauguración del nuevo estadio Territorio Santos Modelo (TSM), un inmueble que fue construido en terrenos tomados a la fuerza y sin permiso por parte del equipo mexicano, Santos Laguna.

La historia de Juan Nava López (QEPD), es la de un ejidatario que vio cómo sus terrenos familiares que han sido heredados por generaciones fueron usurpados sin permiso alguno por parte del equipo de futbol de su ciudad, para construir un magno proyecto.

El TSM inició sus obras a principios del 2008 a las afueras del municipio lagunero, en donde Don Juan se percató que esa construcción estaría dentro de los terrenos de su propiedad, la cual tiene el nombre de “Ejido Paso del Águila”, con una dimensión de 2.44 hectáreas.

Fue ahí que el hijo del adulto mayor decidió tomar cartas en el asunto y realizar una primera demanda contra Santos Laguna y en ese momento su presidente, Alejandro Irarragorri. 

Este primer proceso legal fue interrumpido por los mismos demandantes y no tuvo solución, y no fue sino hasta 2013 cuando la familia inició un nuevo juicio, en este caso en contra de un supuesto Convenio de Enajenación de Derechos Parcelarios, que presentó el equipo de futbol.

¿Cuánto vale el terreno?

En una entrevista para Reporte Indigo, el licenciado Alfredo Ochoa, abogado que actualmente lleva el caso, mencionó que lo único que pide la familia es que se le pague el valor del terreno, el cual podría llegar a costar hasta 200 millones de pesos mexicanos. 

“Si nos vamos a un valor catastral sin hablar de valor comercial y mucho menos de infraestructura. Yo creo que hablamos de por lo menos 200 millones de pesos, que para Grupo Orlegi representa una cifra ridícula”, opinó el representante legal.

Documento con irregularidades: Un ciego que puede ver

En el Convenio de Enajenación de Derechos Parcelarios, que en teoría se realizó el 5 de diciembre del 2000, se asegura que Juan Nava López cedía su terreno a Marcelino Félix Nava, una persona que funcionó como intermediario entre el ejidatario y Santos Laguna.

Dentro del convenio existen grandes irregularidades, la primera de todas es que se menciona que Juan Nava había leído el documento y estaba de acuerdo con él, lo que es imposible, debido a que el adulto mayor padecía de ceguera. 

La segunda incongruencia es que supuestamente se le había notificado de este movimiento de las escrituras a sus hijos junto con su esposa, algo totalmente falso, debido a que el dueño de estas parcelas ya era viudo para esas fechas. 

Juicio con cambio de magistrado

Ya en 2013, una de las hijas de Don Juan, Reina Nava, decide iniciar el juicio agrario con nomenclatura 190/2013, en donde asegura que ni a ella como a sus hermanos se les notificó sobre el Convenio de Enajenación de Derechos Parcelarios, presentando todas las irregularidades antes dichas. 

Este proceso fue tomado por el magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 6, José Lenin Rivera Uribe, y en febrero del 2019 da el fallo a favor de la familia Nava, en donde condena a Grupo Orlegi (nuevos dueños del Santos Laguna), a pagar por las hectáreas que se tomaron sin permiso. 

Tras recibir la notificación, Grupo Orlegi muestra su inconformidad con la solución del caso e interpone un amparo ese mismo año, al tiempo que fue asignada una nueva magistrada al caso, Juana Rebeca Cortés Muñoz, quien dictó una nueva resolución en donde condena a Don Juan no sólo aceptar el convenio sino a pagar los daños y perjuicios de todo este proceso. 

🚨 ALERTA ATENTADO
-El abogado @LicAlfredoOchoa quien ganó el juicio en @SCJN del ciego despojado de sus ejidos para la construcción del estadio TSM y está a la espera de ejecución de sentencia
denuncia que sufrió un ATENTADO contra su vida esta tarde en TORREÓN y en video hace… pic.twitter.com/TvZgowTRl0

— ignacio suarez (@fantasmasuarez) July 12, 2024

La familia decide también interponer un amparo ante esa resolución, documento con nomenclatura 116/2022 y 117/2022, en donde pide la revisión del caso y que se le pague el valor de los terrenos a Reina Nava, quien legalmente los heredó de Juan Nava. 

Hasta el 30 de noviembre de 2023 se concedió el amparo y protección a los ejidatarios, además que se tramitó el amparo directo en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violaciones a los Derechos Humanos tramitado con el número 529/2024 y que fue turnado a la ministra Lenia Batres Guadarrama.

En el transcurso de este proceso, en 2022, Juan Nava López perdió la vida, por lo que se quedó con la idea que la injusticia de la que vivió por parte de Grupo Orlegi no fue resuelta, aunque su hija Reina, heredera legal de las hectáreas sigue en pie buscando que se les regrese el dinero que su familia considera justo. 

Secuestro y amenaza de muerte

Respecto del atentado que sufrí ayer quiero mencionar que coincide con la petición que le hice a Derechos Humanos de Durango para que me informe sobre el estado de la queja que presenté por el atentado que sufrí el 7 de sept de 2023 @fantasmasuarez @SCJN @LeniaBatres pic.twitter.com/iqn8Sx4xDl

— Alfredo Ochoa (@LicAlfredoOchoa) July 12, 2024

A este caso lleno de irregularidades se le tiene que sumar que el abogado de la familia, Alfredo Ochoa, ha recibido dos atentados que pudieran ser orquestados por los demandados.

El primero se registró el 7 de septiembre del 2023, cuando recibió una llamada de una mujer (legalmente no se puede revelar el nombre de la involucrada), que le comentaba que sabía de su secuestro, algo que en ese momento todavía no había pasado. Veinte minutos después de la llamada, Ochoa fue privado de su libertad cerca de las 14:00 horas y fue liberado a las 20:00 horas.

La segunda amenaza fue el pasado 11 de julio de este 2024, cuando la misma mujer lo cita a su oficina y le afirma que unas personas de Grupo Orlegi querían hablar con él. 

En su despacho le comenta que la organización no le dará ningún peso, y acto seguido llegan cuatro hombres armados, lo trasladan a otro lugar del mismo edificio y lo golpearon para después amenazarlo y decirle que este era el segundo aviso, y que no habría un tercero ya que sería la muerte. 

“Yo estaba en la oficina de esta persona, de la licenciada, llegan, francamente no pensé que iba a haber golpes, de haber pensado en eso, no me quedó, la licenciada me dice me vaya con estas personas a una oficina que estaba más adentro, porque la oficina de ella tiene una ventana que da para la calle y me dijo que me fuera a otra oficina y ya en el interior fue que pasó lo de los golpes”, explicó Alfredo Ochoa

Por el momento el juicio sigue en píe, pero ahora ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el licenciado Alfredo Ochoa ya puso las denuncias correspondientes de los dos ataques recibidos, en donde culpa tanto a la mujer que lo citó a su oficina como a Alejandro Irarragorri.