Las cuentas pendientes de Grupo México

Los habitantes de siete municipios de Sonora sufren la derrama de más de 3 mil litros de contaminantes por Grupo México en las aguas del Mar de Cortés.

El hecho, ocurrido el miércoles 10 de julio, representa un episodio más de desastres ambientales provocados por Grupo México; daños ecológicos que en su momento pasaron inadvertidos para las autoridades federales y que siguen siendo motivo de preocupación en vista de que el consorcio minero opera sin restricción alguna.

Y es que, a casi cinco años de que la misma empresa contaminara el cauce del Río Sonora con 40 mil litros de solución de cobre acidulado –en un hecho reconocido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como “el peor desastre ambiental de la industria minera del país”– se abrió un nuevo debate sobre las sanciones que Grupo México deberá adquirir por parte de la actual administración; mismas que podrían ir desde los embargos económicos hasta su descalificación de licitaciones públicas.

Sin embargo, a pesar de la indignación generada en la sociedad por el daño al también denominado Golfo de California, los procedimientos que desde el Gobierno federal se están llevando a cabo para la investigación del derrame, no son distintos a los empleados en 2014, año en que se originó el primer derrame del grupo minero.

“Si no hubiera sido porque un ciudadano mandó un video de que un externo se dio cuenta, ellos (Grupo México) habrían seguido ocultando lo que pasó. La Profepa ya mandó un boletín y dijo que iba a inspeccionar, pero la verdad no espero que pase nada porque ya está más que comprobado que Grupo México labora con total impunidad”, consideró la periodista sonorense Priscila Cárdenas.

El derrame ocurrió alrededor de las 15:00 horas en la Terminal Marítima de Guaymas, Sonora, se debió a una falla en una de las válvulas del sistema de contenedores de la empresa Metalúrgica de Cobre –parte del consorcio del empresario Germán Larrea.

Pasado y futuro de Grupo México

En 2015, luego de la investigación por la contaminación del cauce del Río Sonora, la Profepa impuso una multa a la minera por las 50 irregularidades detectadas; un total de 23 millones 566 mil pesos por el incidente.

Asimismo, la Federación abrió el Fideicomiso Río Sonora; una bolsa de 2 mil millones de pesos destinados para contrarrestar el daño ecológico a la par de reactivar la economía de los siete municipios –Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures– principalmente afectados. No obstante, de acuerdo con Priscila Cárdenas, el manejo de los recursos del fideicomiso creado el 15 de septiembre de 2014 siempre destacó por la opacidad: Dinero en efectivo entregado por Nacional Financiera en manos las manos de los habitantes, pero sin que estos obtuvieran soluciones de fondo.

“Nada más de los siete pueblos afectados por el derrame tóxico en el Río Sonora se logran reunir 22 mil personas. Es una proporción de gente muy olvidada a la que se le calló la boca en su momento con dinero, pero imagínate: gente que es de escasos recursos, a la que les pagaron para que compraran garrafones de agua. Hasta la fecha la gente compra garrafones; dejaron de utilizar el agua del río para realizar sus actividades diarias. Es bastante contrastante”, expresó.

Sin embargo, los estragos del pasado y las evidencias de la contaminación actual no son las únicas preocupaciones que agobian a las siete comunidades que integran a los Comités de Cuenca del Río Sonora, sino los peligros potenciales que encierra la nueva presa de Grupo México. Un proyecto aprobado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que se consolidó pese al daño generado en el pasado.

Una presa con mil 700 millones de metros cúbicos de agua de capacidad y con un nivel de almacenamiento de materiales tóxicos 50 mil veces mayor a la presa que causó el derrame en 2014.

Este proyecto derivó en una serie de denuncias promovidas por los Comités de la Cuenca que finalmente llegaron en forma de amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Allí, la Sala Segunda resolvió el juicio 365/2018 en favor de la comunidad, por lo que se le dotaba con la capacidad de participar en las decisiones de los proyectos económicos que le afectaban.

Sin embargo, la presa de Grupo México que en la actualidad se encuentra en operaciones en la comunidad de Bacanuchi, pasó por alto la opinión de los habitantes. Un hecho que en consideración de la periodista local, es una muestra de la opacidad y desatención que las autoridades ponen en materia ambiental.

Trato privilegiado

Para la senadora de Morena, Lilly Téllez, las consideraciones históricas que ha tenido Grupo México en el estado de Sonora son amplias, por lo que este nuevo daño al ecosistema no le sorprendió.

“Lo primero que pensé fue que, si no se hubiera dado a conocer en redes sociales, Grupo México no lo hubiera hecho público. Se lo hubieran guardado”, dijo.

Para la legisladora sonorense es indispensable que ante las nuevas evidencias de daño ambiental el Gobierno federal aplique medidas más estrictas que en anteriores eventos.

“El problema ha sido que no se ha aplicado la ley como es. (Grupo México) ocupan recursos legaloides; se esconden o se arreglan y dan un dinero, como pasó en el caso del Río Sonora, pero luego no sabemos dónde quedaron parte de esos recursos”, expresó.

La congresista, quien se encuentra trabajando una iniciativa para la protección de los recursos hídricos de la entidad, afirmó en entrevista para Reporte Índigo que el consorcio minero de Germán Larrea tiene un amplio poder económico, “capaz de doblar y de quebrar” a mucha gente.

“Es un hombre temido, no respetado. Es temido y siempre lo ha sido así (…) El poderío económico de Germán Larrea es tan grande que efectivamente (los gobiernos) le han dado ese trato”, detalló.

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