En los últimos meses de este año la agenda pública ha estado marcada por debates y discusiones en torno a temas culturales y artísticos. Desde la instalación de obras de arte por parte del Municipio de Guadalajara, hasta las pintas en edificios públicos que causaron indignación en algunos sectores sociales.
En junio pasado, dos jóvenes fueron detenidos por realizar una serie de pintas en los pilares del Teatro Degollado, uno de los edificios principales del primer cuadro de la ciudad, abriendo a la discusión el tema del grafiti.
La acción generó mensajes en defensa y otros atacando la actitud de los jóvenes, que fueron calificados de vándalos.
A nivel personal, Miguel Castro Reynoso, titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, señaló que los jóvenes no tenían consciencia de lo que es hacer comunidad y ciudadanía.
En ese contexto surgió la iniciativa de la diputada local por Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Cultura del legislativo, que busca reformar el artículo 261 bis en su párrafo segundo, del Código Penal del Estado, que este lunes se turnó a la Comisión legislativa de Puntos Constitucionales.
Dicho artículo refiere a las sanciones que se deberán realizar cuando se incurra en delitos como el “daño al patrimonio urbano”. La iniciativa contempla que no sólo se contemplen sanciones económicas, sino la realización de cursos que abonen al conocimiento en materia de patrimonio para los infractores de este delito penal.
En el artículo correspondiente, que habla de sanciones que se deberán aumentar en dos terceras partes a las sanciones comunes, cuando se trate de edificaciones de orden público, se pretende agregar que los cursos deberán estar acreditados por la Secretaría de Cultura.
“Que estimule y fomente el interés y respeto por el patrimonio cultural, teniendo un margen de ocho horas como mínimo y 24 horas como máximo” se lee en la adenda que busca la iniciativa sobre tal tema.
En junio pasado, dos jóvenes fueron detenidos por realizar una serie de pintas en los pilares del Teatro Degollado, abriendo a la discusión el tema del grafiti
Fenómeno social
Aunque la iniciativa pretende mejorar la visión que se tiene sobre las personas que realizan grafitis en los edificios públicos, también muestra una fuerte carga criminalizante y no comprende el fenómeno del grafiti desde un aspecto social.
El documento legislativo señala que el grafiti “es un problema permanente que está mal direccionado e involucra gravemente a los jóvenes y a la ciudad, el mismo surge desde la ilegalidad en las calles, por una necesidad de dejar escrito su nombre en la ciudad”.
También lo describe como un problema ineludible que está tipificado en la ciudad, sin que se ahonde en las condiciones que encierra este fenómeno.
Menciona, además, las denuncias ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre inmuebles dañados a nivel local, las cuales suman 27 entre los años 2006 y 2016.
Este tipo de visión ha llevado a que, incluso desde el propio sector artístico, se hagan llamados a respetar y reconocer estas prácticas; uno de los casos ha sido en Zacatecas, donde artistas locales realizaron un llamado para que se respete este tipo de expresión artística.
Artistas como la zacatecana Sonia Félix explicaba que en su momento hubo grandes tensiones al interior del entorno artístico por reconocer ciertas expresiones o estilos artísticos, en ese sentido hacían un llamado para darle espacio de desarrollo o despliegue a expresiones como el grafiti, ya que también existe una propuesta.
La iniciativa plantea reformar el artículo 261 bis en su párrafo segundo, del Código Penal del Estado; el pasado lunes se turnó a la Comisión legislativa de Puntos Constitucionales
‘A mayor represión, mayor expresión’
Lo que tampoco se menciona es la naturaleza con la que se ha tomado este fenómeno artístico en la cotidianidad.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del segundo trimestre de 2017 menciona que un 54 por ciento de los tapatíos consultados se dijo ya relacionado con este tipo de imágenes urbanas y las reconoce como parte de su entorno.
Por lo cual llama la atención el enfoque que ha tenido este tema a partir de la tipificación penal y la necesidad de abonarle al mismo en el artículo 261 bis.
Rogelio Marcial, académico de la Universidad de Guadalajara, menciona en su texto “El grafiti: expresividad juvenil urbana”, que la prohibición también provoca un impacto para que en lugar de inhibirlo, se realice con mayor incidencia.
“No es extraño que a mayor delimitación y desigualdad de expresión y a mayor represión policiaca, se presenta una expresión de bardas con placazos y grafitis en las ciudades”, señala el artículo académico.
También refiere que existen prácticas más allá de un simple rayón que la gente identifica con el vandalismo.
“(Los grafiteros) emplean códigos y simbología que sólo los iniciados pueden descifrar, mientras que el transeúnte común no entiende el significado de muchas de esas ‘rayas’. Esto le ha valido al grafiti de grupos juveniles el rechazo social, ya que al no entenderse sus mensajes, simplemente se descalifica y se concibe como basura visual: tachones, rayones, monos, garabatos, etcétera”, justifica el análisis de Marcial.
“(El grafiti) es un problema permanente que está mal direccionado e involucra gravemente a los jóvenes y a la ciudad, el mismo surge desde la ilegalidad en las calles”
La deuda
Si bien los Ayuntamientos han intentado enfocar los esfuerzos artísticos de la población por medio de programas que incentivan el grafiti dentro de la legalidad, la realidad es que las autoridades evidencian su poco entendimiento de este fenómeno social.
La iniciativa de Movimiento Ciudadano en el Congreso local contempla la adenda al párrafo penal, pero además lo hace bajo un discurso criminalizante.
Una deuda que el Legislativo tiene para el entendimiento de la realidad social que, como muestran las cifras, hay mayor familiaridad por parte de un grueso de la población.
