La defensa de la maestra Elba Esther Gordillo interpuso una demanda de amparo para evitar que vuelva a ser detenida pues, a su decir, ya existe otra orden de aprehensión en su contra.
Según la versión de la maestra, un juez de control del Reclusorio Preventivo Norte libró la orden para aprenderla nuevamente por otro delito no incluido en el proceso penal 11/2013, en donde se le acusó de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, la jueza Rosa María Cervantes Mejía, ante la cual su defensa presentó el recurso de amparo, no lo concedió inmediatamente al considerar que faltan argumentos que sustenten el pedido.
La autoridad pidió que se precisen los acontecimientos de carácter positivo o negativo que antecedieron a los actos que está reclamando y que atribuye a las autoridades.
Además dio un plazo de cinco días para que la maestra realice una “narración clara de los hechos que demanda”.
Por su parte, el abogado Marco del Toro, informó que la noticia sobre el amparo fue una filtración mediática, pero aceptó que sí lo presentaron como “una medida de todo despacho debe llevar a cabo desde un punto de vista preventiva, máxime cuando se trata de un asunto que ha presentado una serie de anomalías a lo largo del tiempo”.
El 7 de agosto un magistrado federal ordenó el sobreseimiento de los procesos penales que por lavado de dinero y delincuencia organizada tenía la exdirigente sindical del SNTE y ordenó su inmediata liberación y absolución.
Estos cargos, imputados por la PGR, provocaron la detención de Gordillo en febrero del 2013 por parte del Gobierno federal acusada de desviar por casi 2 mil millones de pesos como dirigente sindical.
Fue recluida desde entonces pero desde diciembre se encontraba en prisión domiciliaria en su casa en Polanco.
El Magistrado Miguel Ángel Aguilar consideró que las pruebas ofrecidas por la PGR no acreditaban la responsabilidad de la lideresa.
Por su parte, un día después de la resolución, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que respetaban pero no compartían la resolución emitida por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México.
A través de un comunicado, la PGR, órgano responsable de la detención, informó que actuaron en todo momento con estricto apego a la Constitución, respetando siempre los derechos humanos y aclararon que su intervención en el caso fue conforme a la ley.
