Golpe al INAI
Carlos Alberto Bonnin y Blanca Lilia Ibarra, cuestionados por sus vínculos con el PRI fueron nombrados ayer por el Senado como nuevos comisionados del máximo organismo de transparencia, designaciones que han puesto en duda la legitimidad de esta institución y el proceso que respaldó el Comité de Acompañamiento Ciudadano
Imelda García[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_3v60q4hz” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] La designación de los dos nuevos miembros del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) representa un golpe directo a la institución por las sospechas que rodean, en especial, a uno de los nuevos comisionados.
El Senado eligió la madrugada de este jueves a Carlos Alberto Bonnin Erales y a Blanca Lilia Ibarra Cadena como nuevos comisionados del INAI a pesar de tener vínculos y ser impulsados por el PRI.
Aunque los senadores del PAN y del PRD —y otros sin partido como Martha Tagle—, abandonaron el Salón de Plenos para intentar romper el quórum y que no se consumara la elección, los legisladores de la bancada del PT-Morena permanecieron en la sesión y con ello se completó el quórum necesario para que la votación tuviera validez.
Senadores cercanos a la negociación aseguraron que el PRI y el PAN no alcanzaron un acuerdo porque el blanquiazul se oponía a la imposición de Bonnin; por lo que al final el PRI buscó al PT-Morena y este se decantó por Ibarra Cadena —que también era impulsada por el PRI—.
Expertos en Transparencia consideran que esta decisión abona al debilitamiento del INAI, pues consideran que la simple sospecha de tener vínculos políticos debió descalificar a cualquier aspirante, pues los comisionados deben ser plenamente independientes.
El 19 de abril, Reporte Índigo publicó una nota sobre los vínculos políticos de algunos de los 34 candidatos a ocupar una de las dos vacantes en el INAI; entre los mencionados estaban los hoy comisionados.
El 23 de abril, Reporte Índigo publicó que fuentes del INAI expresaban ya su preocupación por que Carlos Alberto Bonnin era impulsado por el PRI para ese cargo, a pesar de tener un claro vínculo con ese partido y de que, como coordinador general de Transparencia del Senado, procuró en todo momento proteger información en lugar de transparentarla.
“Sólo transparenta de manera global los costos y los gastos que se hacen en el Senado; pero esto ha sido avalado por el INAI como por la Unidad de Transparencia que, entre otras cosas, se dedica a hacer todo lo que tenga que hacer para que la información no sea suficientemente pública”, acusó Martha Tagle, senadora sin partido, cuando Bonnin compareció ante senadores.
En la elección de estos dos nuevos comisionados participó un Comité de acompañamiento ciudadano de 5 personas, que estuvo presente en las comparecencias de los candidatos, les realizó preguntas previamente seleccionadas y al final entregó una lista con los que consideró eran los 11 aspirantes idóneos.
En esa lista figuraban los nombres de personas con claros vínculos políticos, incluidos Bonnin e Ibarra; su decisión legitimó el nombramiento que realizaron los senadores.
Perfil tricolor
Desde antes de comenzar el proceso de selección para ocupar las vacantes que dejaron en el INAI las excomisionadas Ximena Puente de la Mora y Areli Cano, ya se sabía que entre los candidatos favoritos estaba Carlos Alberto Bonnin Erales, coordinador general de Transparencia del Senado.
Bonnin llegó a ese cargo de la mano de Arely Gómez González en agosto del 2013, cuando era senadora del PRI y presidenta del Comité de Garantía y Transparencia de la Información de la Cámara alta.
Sin embargo, su cercanía se remonta a 15 años, pues comenzaron a trabajar juntos desde el 2003, cuando Gómez González trabajaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Bonnin tenía otro conflicto de interés: era coordinador de Transparencia del Senado, la misma Cámara que lo nombró comisionado, por lo que en el INAI tendrá que resolver asuntos originados en el propio órgano que no nombró.
Por si fuera poco, el funcionario fue señalado de ejercer presión directa sobre los comisionados del INAI y sus ponencias para hacer que los recursos de revisión interpuestos contra el Senado fueran rechazados en el Pleno del Instituto.
A pesar de que esos hechos se hicieron públicos y provocaron cuestionamientos de los senadores de Oposición, el Comité de Acompañamiento Ciudadano avaló su inclusión en la lista de perfiles idóneos, lo que abrió la puerta a que el PRI pudiera consumar la imposición.
Esa percepción aumento porque, en la votación en la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, donde en el 2015 se dio la elección, hubo un empate a dos votos entre los tres candidatos. El PRI, que preside la Comisión, aplicó su voto de calidad y fue como Ibarra Cadena llegó a esa posición.
Ya en el 2014, Ibarra Cadena se había postulado para ocupar un lugar en el entonces IFAI; desde ese momento se decía que tenía el apoyo del PRI por haberse enfrentado desde la Comisión de Acceso a la Información de Puebla al entonces gobernador panista Rafael Moreno Valle.
A pesar de estos lazos con el PRI, ambos candidatos pasaron el filtro del Comité Ciudadano y el tricolor logró su cometido de imponerlos en el INAI.
La legitimación ‘ciudadana’
La decisión del Comité de Acompañamiento Ciudadano legitimó la elección de Bonnin e Ibarra como nuevos comisionados del INAI.
Como parte del proceso de selección de los nuevos comisionados, las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, presidida por el priista Héctor Yunes; y de Justicia, presidida por el panista Héctor David Flores, acordaron integrar a un Comité de Acompañamiento ciudadano para coadyuvar en el proceso de evaluación.
Este Comité realizaría, de forma independiente, el análisis de cada uno de los perfiles de los candidatos. Su misión era proporcionar a las comisiones una lista de los 11 candidatos que consideraban idóneos para el cargo.
Fueron convocados para formar parte de ese Comité, tres miembros del Consejo Consultivo del INAI: María Solange Maqueo Ramírez, catedrática del CIDE y quien preside dicho Consejo; Fernando Nieto Morales, académico del Colegio de México y Khemvirg Puente Martínez, catedrático de la UNAM y miembro también del Consejo Consultivo del Canal del Congreso.
En este último caso hubo también un conflicto de interés, pues Blanca Lilia Ibarra, una de las candidatas y hoy nueva comisionada del INAI, era hasta el miércoles directora del Canal del Congreso.
También se convocó a dos representantes de organizaciones de la sociedad civil. En un primer momento, el Senado llamó a Edna Jaime Treviño, directora de la organización México Evalúa y a Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Sin embargo, ambos declinaron la invitación porque les fue notificada con apenas 5 días de anticipación y se excusaron porque ya tenían actividades agendadas para los días de las comparecencias de los candidatos.
Se invitó entonces a Issa Luna Pla, coordinadora del área de Derecho a la Información del IIJ de la UNAM y a Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas.
Estos cinco ciudadanos estuvieron presentes durante las comparecencias de los 32 candidatos; les realizaban preguntas que ya habían sido predeterminadas y que se sacaban de una urna. Jamás los cuestionaron sobre su trayectoria o sus posibles conflictos de interés.
Unas horas después de que concluyeron las comparecencias, este Comité de Acompañamiento entregó la noche del martes su lista de 11 candidatos idóneos a las comisiones del Senado.
La lista incluía a varias personas con claros vínculos partidistas; entre ellos, Bonnin e Ibarra.
Esto abrió la puerta a que la Junta de Coordinación Política y luego el Pleno del Senado eligiera a estos dos personajes; incluso, con su inclusión en esa lista, se legitimó su elección, tal como demostró el propio Emilio Gamboa.
“Hubo un Comité de Acompañamiento de la sociedad civil y calificó a 11 como idóneos. De esos 11 Blanca ocupó el segundo lugar y Carlos el quinto lugar.
Fernando Nieto, quien fungió como vocero del Comité Ciudadano, afirmó en entrevista que se evaluó los perfiles de cada uno de los candidatos por su conocimiento técnico del tema y, aunque se sabía de los vínculos partidistas, no podían basarse en “trascendidos”.
Incluso cuando le restabas puntos por eso, se compensaba con un muy buen expediente o una muy buena propuesta de trabajo o una excelente comparecencia, ¿no? Y eso, digamos, movió lugares (…) en general ponderamos ese tipo de factores cuando había información que se había confirmado, pero la evaluación final incluyó todos los criterios, y sí hicimos mucho énfasis en el expediente como tal y en la comparecencia”, comentó en entrevista.
Cuestionado sobre los perfiles donde bastaba ver el curriculum de una persona para saber que se trataba de gente cercana a grupos políticos o que incluso fue militante de algún partido político —y aun así estaba en la lista de candidatos idóneos—, Nieto insistió en que no fue lo único que tomaron en cuenta, sino su conocimiento del tema y del INAI, así como su propuesta de trabajo.
Nieto se dijo satisfecho con el trabajo del Comité y con la lista de finalistas y afirmó que en ningún momento fueron presionados por senadores para tomar la decisión.
“Al final del día, cuando se hacen nombramientos, cada quien tiene sus filias y sus fobias y no le puedes dar gusto a todo mundo. Incluso, es un proceso político lo que sucede en el Senado y estoy seguro que todos tendrán sus preferidos o los que no prefieran, pero en general yo creo que fue una lista balanceada, con gente con experiencia probada (…) y de lo que había, pues creo que sí es lo mejor”, justificó Nieto.
Debilita al INAI
Expertos en Transparencia coincidieron en que el nombramiento de Bonnin e Ibarra como nuevos comisionados del INAI es un golpe directo al corazón de la legitimidad de la institución.
Renata Terrazas, coordinadora del programa de Participación Ciudadana de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, criticó que el Comité de Acompañamiento no haya sido un contrapeso a los intereses políticos de los senadores.
y el segundo era asegurar una sana distancia entre titulares de órganos constitucionales autónomos y los poderes políticos”” autor=”Renata Terrazas” puesto=”Coordinadora del programa de Participación Ciudadana de Fundar”]
Hubieron casos muy evidentes (…) pero como no viene prohibido en la ley, justo por eso metes a la sociedad civil; por eso metes a consejeros del INAI que deberían trabajar para el fortalecimiento de la institución y por eso metes a dos académicas comprometidas con el tema de la transparencia, para que puedan poner al menos sobre la mesa estas discusiones”, afirmó Terrazas, miembro también del Observatorio de Designaciones Públicas.
Sin embargo, señala, tal parece que el Comité sólo se fue por la evaluación de la vertiente técnica y dejó de lado la trascendencia que tenía elegir a dos perfiles completamente independientes en el máximo órgano de transparencia del país.
“A mí no me queda claro que hayan dado esas discusiones; si hubieran dado las discusiones sobre esta sana distancia, varios perfiles no estarían en la lista.
A mí me parece que se fueron sólo sobre la línea de competencias técnicas, lo cual es muy lamentable, porque es una oportunidad perdida de enfatizar la discusión sobre la importancia de procurar la independencia y autonomía de los titulares de los organismos constitucionales autónomos”, lamentó.
Terrazas indicó que, sobre todo la elección de Bonnin como nuevo comisionado, es una acción del Senado que debilita al INAI y mina su credibilidad.
“Es complicado porque no hay forma de comprobar las acusaciones (contra Bonnin); sin embargo, mina la confianza que se pueda tener en la persona que está al frente del Instituto de Transparencia.
Ya tenemos un problema de legitimidad de las instituciones y en designaciones tenemos un dicho: ‘tienen que ser honestos y mostrar probidad, pero también tienen que ser percibidos como tal’. Esto es muy importante, no es menor. La reputación de un funcionario debería serlo todo.
Entonces cuando a un comisionado se le lanzan todas estas acusaciones y sospechas, uno debe dudar un poco (…) El simple hecho de que exista la sospecha, dificulta ya el trabajo del INAI”, expuso.
Terrazas llamó a que las organizaciones dedicadas a la transparencia tengan un marcaje personal a las decisiones y acciones de Carlos Alberto Bonnin como comisionado del INAI.
Para Martha Tagle, senadora sin partido, la elección de estos dos nuevos comisionados se realizó nuevamente bajo el esquema de cuotas y cuates, lo que es un golpe no sólo al INAI, sino al sistema de Transparencia del país.
“El caso de Bonnin, no solamente era una liga partidista, era un claro conflicto de interés y además en su comparecencia dijo que lo único que había hecho era ver por la institución; está dispuesto a ser tapadera y prácticamente lo confesó (…) por eso lo llevan ahí, esa es la intención de ponerlo en el INAI porque fue, de alguna manera, muy eficaz en el Senado para tapar lo que tenían que tapar.
Y es increíble que aun así lo valoraran y lo pusieran como candidato y al final de cuenta el PRI usó (la decisión del Comité de Acompañamiento) para decir que él estaba en los 11 y había sido muy bien valorado su desempeño”, criticó Tagle.
En un comunicado, el Observatorio de Designaciones Públicas señaló que la elección de los nuevos comisionados representa un retroceso para el INAI y que en especial Carlos Alberto Bonnin Erales no cumple con los estándares de autonomía e independencia políticas.
“Daremos seguimiento al desenvolvimiento de estos perfiles y su actuación al frente del Instituto. Se espera que estos dos comisionados se aparten del interés político partidista y se enfoquen en garantizar el ejercicio de reconocimiento del derecho humano de acceso a la información y protección de datos personales en un contexto marcado por las violaciones de derechos humanos y actos de corrupción en distintos niveles.
“Se espera ver la profesionalidad y la autonomía en su toma de decisiones y se mantengan un diálogo abierto con la sociedad civil”, llamó el Observatorio.
Además, los expertos coincidieron en que el hecho de que no se haya nombrado a dos mujeres rompe con la igualdad de género que se aspira haya en todos los organismos públicos del país.