Gobiernos del mundo, más endeudados que nunca

El sistema económico global acumuló la deuda más elevada de la que se tenga registro, lo que plantea una nueva normalidad caracterizada por la dificultad para el cumplimiento de las obligaciones financieras de los países.

Durante la última década, el adeudo de gobiernos, hogares, empresas no financieras y bancos de todo el mundo se incrementó en 100 billones de dólares, con lo que alcanzó un acumulado de 307 billones en 2023, de acuerdo a las estimaciones del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés).

A pesar de que esta cantidad logró disminuir en 2022, retomó su tendencia creciente este año gracias a un contexto de presiones inflacionarias persistentes, ciclos alcistas sin precedentes en las tasas de interés de diversos bancos centrales y el encarecimiento de los costos de endeudamiento, explica el IIF.

Este contexto ha impactado de manera diferenciada dentro de los componentes de la deuda global, ya que mientras la adquisición de compromisos económicos por parte de los hogares en diversas regiones del mundo todavía se encuentra en niveles manejables, algunas empresas han caído en condición de impago por la imposibilidad de acceder a un financiamiento o el alto costo del mismo, considera Ariane Ortiz, vicepresidenta de la Oficina de Crédito Senior en Moody´s Investors Service.

“Ha habido un aumento importante en impagos, sobre todo en empresas que calificamos a niveles más bajos, no es una crisis a nivel general, pero las compañías que ya tenían riesgos de refinanciamiento y liquidez son las que han estado empezando a caer en ‘default’ en todo el mundo”, comenta al respecto Ortiz.

Sin embargo, el endeudamiento de las naciones ascendió a 87 billones de dólares durante el primer semestre de este año, lo que implica el 28 por ciento de todo el adeudo global y una clara tendencia en la que, incluso las consideradas economías más avanzadas, incurrieron en solicitudes de crédito para cumplir con sus compromisos.

Naciones endeudadas

La mayoría de las naciones optaron por incrementar su endeudamiento para hacerle frente a las consecuencias comerciales y económicas que generó la pandemia y que se recrudecieron por el conflicto bélico ruso ucraniano, lo que ha generado un reto para las administraciones públicas que llevan meses enfrentándose a condiciones de endeudamiento cada vez más complejas, explica a Reporte Índigo Renzo Merino, analista sénior del grupo de riesgo soberano de Moody’s Investors Service.

“Las tasas de interés ya no van a ser tan bajas y eso tiene implicaciones importantes porque en la última década las tasas fueron relativamente bajas y ahora empezamos a refinanciar esa deuda con tasas más altas, además, hay más demandas sociales que en algunos casos se enfrentan a déficits fiscales pero que requieren financiamiento nuevo, pero ahora con tasas más elevadas”, dice Merino.

Si no es porque saben que el BCE recompra la deuda de los países de la eurozona los PIGS estarían quebrados desde hace 15 años. Por eso la prima de riesgo es baja. No pueden dejar quebrar europa, nadie compraría deuda española en su sano juicio si no fuera por la intervención pic.twitter.com/Ec2ZfHsPo8

— David AS (@temporero1988) October 1, 2023

Las condiciones económicas, crediticias y comerciales que emergieron de un periodo tan complejo como fue el inicio de la década del 2020 establecieron una nueva normalidad a escala global que no se logra entender puntualmente por el choque inflacionario que afecta a la economía actualmente, precisa el analista.

Aunque los nuevos puntos de referencia monetarios y financieros son aún desconocidos, los endeudamientos de más de 100 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) de las grandes potencias mundiales, condiciones monetarias restrictivas capaces de frenar la actividad económica y mayores costos de endeudamiento como los registrados en los últimos años, sugieren que las naciones que estén próximas a aumentar su deuda pagarán un precio muy caro.

El paradigma de la disciplina fiscal

El panorama económico internacional se ha tornado tan convulso que las autoridades en materia económica alrededor del mundo han tenido que romper con uno de los principios fundamentales de la administración pública: la disciplina fiscal.

“Las condiciones cambiaron por la naturaleza del choque económico que vivimos en 2020; depende de cada país y la situación fiscal que enfrentan, pero lo fundamental es que no solo importa el nivel de deuda, también es importante observar el flujo necesario para el financiamiento y la carga de los intereses, lo que representa un desafío para los gobiernos entre cumplir con sus obligaciones financieras y a la vez cumplir con su población, ese es un nuevo dilema”, opina el analista senior de Moody´s.

 En 2011, un total de 22 países presentaban niveles de endeudamiento público por encima del 60 por ciento de su PIB, para 2022 ese número se elevó a 59, de acuerdo a lo documentado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), la cual ha denunciado que, sin modificaciones profundas en la arquitectura financiera internacional, será imposible construir un mundo próspero, inclusivo y sostenible.

La deuda global alcanza $255 trill. De ellos $12 trill se emiten a tipos negativos. Ante la falta de crecimiento, sigue creciendo el endeudamiento. La disciplina fiscal se está olvidando y sustituyendo por deuda Ponzi pic.twitter.com/6zvIGIVnak #Bolsamx

— EddTrader 𝕏 (@EddtraderMx) December 2, 2019

Pendiente transformar arquitectura financiera

Líderes de diversas naciones denunciaron que las condiciones crediticias de los países menos favorecidos han sido injustas, poco inclusivas e incentivan la desigualdad, por lo que es urgente modificarlas.

La arquitectura financiera o el conjunto de normas e instituciones que regulan el ámbito monetario y financiero a nivel internacional no han evolucionado en favor de la población, prueba de ello es que 3 mil 300 millones de personas viven en países que gastan más en pagos de intereses que en educación y salud, de acuerdo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés).

Por esto, las voces de los dirigentes de naciones que se han visto afectadas por condiciones crediticias desfavorables se han hecho oír en el foro más importante de la comunidad internacional: la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“El Fondo Monetario Internacional (FMI) no pude subir sus intereses cada vez que la Reserva Federal Americana sube sus tasas para contener la inflación de su país ¡no puede hacerlo, pero lo hace! En ese contexto resulta vergonzoso que aún hoy apliquen sobrecargos a muchos países a los que ya se les vuelve insoportable cargar la mochila de la deuda”, denunció Alberto Fernández, presidente de Argentina, durante el 78 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La nación liderada por Fernández se ha visto seriamente afectada por su convulso desempeño económico y la relación crediticia que ha sostenido con el FMI, lo que ha dado como resultado una deuda pública equivalente a 85 puntos porcentuales de su Producto Interno Bruto (PIB) y una inflación anual de 124 por ciento, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

“El G77 reclama derechos y continuará demandando una transformación profunda de la actual arquitectura financiera internacional, porque es profundamente injusta, anacrónica y disfuncional. Porque fue diseñada para lucrar con las reservas del sur, perpetuar un sistema de dominación que acrecienta el subdesarrollo y reproducir un modelo de colonialismo moderno”, denunció ante las Naciones Unidas Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba.

El mandatario cubano alzó la voz por la situación que viven los países menos favorecidos, como lo que ha sucedido en el escenario africano, donde sus naciones han accedido a créditos con tasas cuatro veces más altas en comparación a Estados Unidos y hasta ocho veces superiores a las que ha pagado Alemania gracias a los altos costos de financiamiento, según lo expuesto por la UNCTAD.

México y la decisión de postergar

Debido al endeudamiento al que incurrirá la actual administración en su último año de gestión, es de vital importancia implementar una reforma fiscal y optimizar el gasto público, advierte el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

El endeudamiento por 5.4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) del país propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el último año de la administración obradorista generó incertidumbre sobre lo que sucederá en cuestión de finanzas públicas el próximo sexenio.

Producto de un desequilibrio entre la recaudación y el gasto público, desde 2009 se ha hecho necesaria una modificación jurídica y fiscal que permita aumentar los recursos con los que la SHCP cuenta, además de un ajuste en el gasto, decisión que ha sido postergada, de acuerdo con el CIEP.

“La deuda es realmente el factor de ajuste de no tomar la decisión de recaudar más o de ajustar el gasto, es sólo una postergación de qué hacer más adelante ¿Qué implica entonces la deuda? Que hoy no me voy a comprometer a tomar decisiones que tengo que tomar, sino que voy a entregar esa responsabilidad a alguien más adelante”, comenta Ricardo Cantú, investigador en ingresos y deuda del CIEP.

El costo de no haber tomado la decisión a tiempo es que, el endeudamiento público del país alcanzará una magnitud similar a 48.8 por ciento del PIB en 2024, donde cada ciudadano del país deberá 126 mil 818 pesos, según la estimación del Centro de Investigación.

Aunque a corto plazo no se contempla una revisión de la calificación crediticia, si el déficit continúa incrementándose sería un factor de grave preocupación y de consideración para modificar el grado de inversión con el que hasta ahora ha contado el país.

“Sin una reforma fiscal que revise la situación financiera del Gobierno federal, así como de sus organismos y empresas, ni que evalúe las razones por las que los gastos ineludibles crecen de manera más acelerada que la economía, no se puede argumentar una sostenibilidad de largo plazo. Se necesitan recursos para enfrentar, en tiempo y forma, las demandas de la población, ahora y en el futuro, así como dirigir los programas a áreas prioritarias como educación, salud y primera infancia”, advirtió el CIEP en su último reporte sobre el tema.