Gobierno de Jalisco reconoce rezago forense, eran más de 200 en tráiler

Luego de anunciar la salida de Raúl Sánchez Jiménez como titular de la Fiscalía General de Jalisco, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz reconoció el déficit en las tareas de registro forense que hay en la entidad, a pesar de que señaló que no se presentaron solicitudes formales para dotar de más recursos

Explicó que el titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses nunca le presentó una solicitud para mover los cuerpos o dotar de mayores recursos ante el déficit en las instalaciones para resguardarlos.

Con estas expresiones, el gobierno también reconoció el rezago que existe en las tareas forenses del IJCF, al señalar que los cuerpos contenidos en los tráileres refrigerados no contaban con la plena identificación y peritaje por parte del propio instituto, como lo había señalado en sus declaraciones el ex titular de dicha dependencia, Luis Octavio Cotero Bernal.

En contraste, sólo 60 cuerpos han podido ser catalogados en los registros oficiales de Ciencias Forenses de acuerdo al Protocolo Homologado, de los 444 cadáveres que reconoció la autoridad como existentes hasta el momento en sus instalaciones y que constituyen el meollo de la polémica por el incremento de la violencia y los homicidios.

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Los 444 cadáveres que se encuentran bajo resguardo del Servicio Médico Forense, como explicó el fiscal de derechos humanos, Dante Haro, están distribuidos en distintos espacios; 1232 se encuentran en la cámara de refrigeración de dicha dependencia, el tráiler que inició la polémica contenía 273 cuerpos y no 157, y 49 en la segunda cámara refrigerante que se rentó y las cuales ya están en el patio del IJCF

La crisis por la superación en los espacios disponibles en el IJCF inició a partir de 2016. Entonces se construyeron 200 criptas en el municipio de Tonalá, que de inmediato fueron ocupadas por los cuerpos que llegaban a la morgue., a partir de ahí la fiscalía tomó la decisión de rentar el primer tráiler refrigerado.

Esto a partir de que se modificó la ley para que los cuerpos no fueran incinerados mientras estuvieran abiertas las investigaciones de sus casos. Ya que entre 1997 y junio de 2015 se incineraron dos mil 754 cuerpos, a pesar de que la Ley General de Víctimas sancionó esta práctica desde el 2013.

En la conferencia donde anunció su decisión, el gobernador trató de deslindar su responsabilidad en los hechos polémicos, señalando que nunca tuvo conocimiento de la acumulación y el traslado de los cuerpos.

Esto a pesar de que el primer tráiler refrigerado fue contratado desde el 2016 y de que existe una Comisión Interinstitucional con funcionarios de primer nivel, organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de familiares de desaparecidos en donde se habla de las tareas del gobierno en materia de desaparición y las tareas pendientes.