Nuevo León está pasando por una crisis política sin precedentes. Durante más de un año la clase política neoleonesa ha estado en constante conflicto lanzando severas acusaciones de corrupción entre ellos.
El desacuerdo entre el Poder Ejecutivo, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC), con diputados del Congreso local y alcaldes metropolitanos, en su mayoría del PRI y PAN, ha escalado a niveles alarmantes.
Actores públicos, incluso organismos autónomos, usan de manera facciosa los recursos públicos para atacarse unos a otros, lo que evidencia una falta de madurez política.
Sin embargo, lo más preocupante, es que el gobernador Samuel García, busque la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, y del Legislativo federal, para destituir a Pedro Arce, encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León desde hace ocho meses.
“Voy rumbo a la CDMX (Ciudad de México) a pedir la destitución del encargado de la Fiscalía de Nuevo León, impuesto por el PRIAN, a raíz de la renuncia del anterior titular. Ya hablé con el presidente para decirle que esta situación es insostenible y ahora voy ante el Congreso”, dijo a través de su cuenta de Twitter y en varias de sus historias de Instagram.
Voy rumbo a la CDMX a pedir la destitución del encargado de la Fiscalía de Nuevo León impuesto por el PRIAN a raíz de la denuncia y renuncia el anterior titular. Ya hablé con el presidente @lopezobrador_ para decirle que esta situación es insostenible y ahora voy ante el Congreso
— Samuel García (@samuel_garcias) June 8, 2023
La posible intervención del presidente supondría una violación no sólo a la soberanía de Nuevo León, sino la autonomía de la Fiscalía, creada con la participación de la ciudadanía a través del Sistema Estatal Anticorrupción.
Por su parte, el presidente respaldó a García, asegurando que el mandatario local está siendo chantajeado.
MÁS CLARO NI EL AGUA: la vieja política, que tiene secuestrado al Congreso, NO PUEDE generar fondos para obras, ni adueñarse de las fiscalías con fiscales a modo, ni secuestrar al Poder Judicial, Auditoría Superior, Derechos Humanos, ni a Transparencia. pic.twitter.com/eZeQkiq9Zk
— Samuel García (@samuel_garcias) June 8, 2023
Esta es la segunda ocasión en la que García solicita la destitución del fiscal, pues tras el caso de Debanhi Escobar, el gobernador exigió la salida del fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, quien dejó su cargo hace poco más de ocho meses.
Después de la renuncia de Guerrero, comenzó un proceso de selección para nombrar al titular de la Fiscalía, el cual apuntaba a que Adrián de la Garza, quien compitió contra García por la gubernatura de Nuevo León, obtendría la mayoría de los votos de los diputados del Congreso, dejando fuera de esta selección a los aspirantes ligados a MC.
La posible designación de De la Garza motivó que el Gobierno estatal interpusiera una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que derivó en que el proceso de selección quedará congelado hasta el día de hoy.
La petición de destitución del fiscal del mandatario ha generado suspicacias, pues surge días después de la vinculación a proceso de dos empleados del albergue Fabriles, así como de Miguel Ángel “N”, entonces director del DIF, hoy dirigente de MC, por la muerte del adolescente Ángel Manuel Moreno.
⭕️ #EnDesarrollo En acción simultánea para pedir #JusticiaParaÁngel, desde México #REDIM se moviliza hasta la fiscalía general de Nuevo León para solicitar que se esclarezcan las causas de la muerte de Ángel Manuel Moreno, en el DIF Fabriles, ubicado en el esa entidad. pic.twitter.com/mxApgdvbhI
— Derechos Infancia (@derechoinfancia) April 8, 2022
También se encuentra en curso una investigación por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita,por parte de una empresa ligada a Glen Villarreal, exdirector de Comunicación Social del Gobierno de Nuevo León, compañía que se encuentra ligada a un hombre ejecutado que utilizó a una menor como escudo humano, quien también perdió la vida en Apodaca.
Tanto Glen, como el mandatario, acusan al PRI y PAN de utilizar a la Fiscalía de manera facciosa contra políticos y exfuncionarios estatales de MC.
Todo apunta a que esta acusación por parte de Villarreal y García podría ser realidad, pues días después Protección Civil del Estado clausuró el edificio Kalos el pasado 2 de junio, inmueble donde el exdiputado del PRI, Francisco Cienfuegos, señalado por el gobernador de mover los hilos de diputados priistas y en la Fiscalía, tiene una oficina.
Un año en conflicto
El enfrentamiento entre el Ejecutivo con diputados del Congreso y alcaldes metropolitanos del PRI y PAN comenzó en mayo del 2022, con el robo de legisladores y ediles, principalmente priistas y panistas, para unirlos a las filas de Movimiento Ciudadano y obtener la mayoría en el Congreso.
Todo a cambio de una contraprestación económica, financiada con recursos públicos, para las alcaldías y distritos de los ediles y los legisladores.
Posteriormente, se orquestó un operativo desde las entrañas de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFNL) y la Subsecretaría de Administración Tributaria, ambas operadas por el Gobierno estatal (SATNL).
La mira está puesta en el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, y en el panista, Zeferino Salgado, líder del Grupo San Nicolás. Adicionalmente, las cuentas bancarias de los municipios metropolitanos panistas y priistas fueron embargadas, lo que acrecentó aún más el conflicto.
Haciendo uso de su poder en el Congreso, donde priistas y panistas son mayoría, se aprobaron leyes y reformas a la Constitución local para quitarle a García la UIFNL y el SATNL, además de incluir un fondo municipal de 2 mil 500 millones de pesos para municipios del PAN y PRI.
Sin embargo, estos recursos no se han entregado por completo a los alcaldes, por lo que este asunto se ha convertido en uno de los principales problemas de la crisis política que hoy se vive en Nuevo León.
