De nueva cuenta, la Agencia de Administración Penitenciaria denegó la solicitud realizada por la Comisión Anticorrupción del Congreso Local de entregar las cartas de no antecedentes penales de los 63 aspirantes al cargo de Fiscal General del Estado, con lo que el proceso de selección vuelve a entramparse.
Mediante un oficio entregado en la sede del Poder Legislativo, firmado por el titular de la dependencia gubernamental, César Daniel Ramírez Acevedo, se asegura que la entrega de los documentos sería equivalente a brindar una ‘segunda oportunidad‘ a los perfiles que no contaban con ella al inicio del proceso.
Además, se subrayó que expedir las cartas implicaría el incumplimiento de una sentencia otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación al restablecimiento
#IndigoMTY | La Agencia de Administración Penitenciaria del Gobierno de #NuevoLeón adelantó que no enviará las cartas de no antecedentes penales de los candidatos al puesto de fiscal General de Justicia, lo que derivará en un nuevo retraso en el proceso.https://t.co/gsoH9IM6v2
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) August 6, 2024
“Se estaría violentando el contenido de la resolución de la controversia constitucional 238/2022, toda vez que la Segunda Sala de la Suprema Corte invalidó el acuerdo del 8 de noviembre de 2022 emitido por la Comisión Anticorrupción, lo cual tiene como efectos el continuar con el proceso de selección a partir de que se modificó la convocatoria, más no reponerlo desde su origen”, puede leerse en el documento.
De tal forma, para la Agencia de Administración Penitenciaria, el hecho de que la Comisión Anticorrupción exige en calidad de urgente las cartas de no antecedentes penales implicaría una necesidad de que se tomen en cuenta a los candidatos que ya deberían estar descartados.
“Una vez más, se pretende subsanar la omisión de las personas aspirantes que no cumplieron con el requisito de exhibir la constancia referida con antelación (…) Tendrían que ser ellas las que soliciten a la Agencia de Administración Penitenciaria éstas, y no la Comisión Anticorrupción”, cita el documento.
Negativa divide al Congreso Local
Adicional a todo lo anterior, la oficina gubernamental aclaró que el acuerdo que exige la entrega de los documentos debió ser votada por el Pleno del Congreso, algo que no ocurrió debido a que los diputados de Movimiento Ciudadano mantienen vigente su decisión de no acudir a las sesiones, mismas que, al momento, están conformadas únicamente por legisladores del PRI y el PAN.
El fallo provocó reacciones cruzadas por parte de los diputados locales.
Mientras que la bancada emecista insistió que el proceso está viciado de origen y que el resto de los legisladores están en desacato, el bloque opositor del Congreso advirtió, como lo hizo hace un par de días, que la negativa por parte del Gobierno para liberar las cartas podría desembocar en un proceso penal en contra de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y la misma Agencia de Administración Penitenciaria.