El acuerdo que emitió el Gobierno de Jalisco en abril pasado donde autorizó el uso de la fuerza pública para obligar a los jaliscienses a acatar las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus, provocó excesos y abusos por parte de policías en contra de ciudadanos.
Así lo concluyó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en su “Informe especial sobre detenciones arbitrarias en el contexto de las medidas sanitarias durante la pandemia por SARS-CoV2 (Covid-19)”, donde analizó los efectos y consecuencias del controversial acuerdo expedido por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, el 19 de abril de 2020.
En ese documento vigente en todo el estado de Jalisco, alerta la CEDHJ, “se implementaban, entre otras medidas obligatorias, el aislamiento físico y el uso de cubrebocas, se sancionaría a quien no lo cumpliera y la fuerza pública tendría la encomienda de hacerlo cumplir”.
La mayoría de las quejas que se presentaron ante la CEDHJ del 11 de marzo al 31 de mayo son por el probable ejercicio indebido de la función pública
El problema es que dicho acuerdo hizo que la pandemia del coronavirus se abordara en Jalisco desde una perspectiva de seguridad pública, lo que ha originado cientos de detenciones de ciudadanos y de quejas por abusos de las autoridades, advierte la comisión.
No solo eso, las autoridades también emprendieron otras medidas restrictivas de la libertad de los jaliscienses, tales “como la implementación de filtros sanitarios en los que verifican que las personas vivan en el lugar, de lo contrario se les impide su acceso, privándoles el ejercicio del derecho al libre tránsito contenido en el artículo 11 constitucional”
El análisis de ese acuerdo del gobernador lo realiza la CEDHJ luego de que causó indignación nacional el caso del joven Giovanni López, quien fue detenido por la Policía de Ixtlahuacán de los Membrillos por no portar cubrebocas, según lo afirman sus familiares, y quien posteriormente murió presuntamente a manos de los propios agentes.
Más de 400 arrestos del Gobierno de Jalisco
La perspectiva coercitiva con que se ha abordado la pandemia del coronavirus en Jalisco ha dado lugar a 246 quejas por violaciones de derechos humanos y al menos 412 detenciones de personas que desobedecieron los mandatos del gobernador, de acuerdo con el recuento que hace la CEDHJ.
Las quejas de los ciudadanos se presentaron del 11 de marzo al 31 de mayo (incluyendo una colectiva que integra 214), y el 89 por ciento de las mismas, señala la Comisión, se generaron por el probable ejercicio indebido de la función pública.
Con respecto a las más de 400 detenciones de ciudadanos derivadas del acuerdo que emitió Alfaro Ramírez, la CEDHJ alerta que “muchas de esas detenciones pueden ser arbitrarias considerando la forma irregular en que se practicaron, lo que desde luego no se puede permitir en un Estado de derecho que se generen ámbitos de discrecionalidad fuera del margen de la razón. Es decir, toda persona sólo puede ser perturbada en la medida que exista una adecuada justificación que sea relevante”.
El acuerdo del gobernador y su política de “tolerancia cero”, también llevó a que una proporción importante de los 125 ayuntamientos de Jalisco implementaran sanciones contra sus habitantes, es decir, que “uno de cada diez municipios reportó la aplicación de sanciones a la población, arrestos o sanciones económicas, por ejercer el libre tránsito durante los primeros días de la pandemia y hasta la segunda quincena de abril”.
Entre los excesos que documentó la Comisión está uno registrado en el municipio de Tapalpa, donde a un ciudadano se le impidió el paso “debido a que no llevaba consigo un comprobante de domicilio”.
Por lo que se señala que algunas autoridades municipales realizaron una aplicación inadecuada del acuerdo dictado por el gobernador, “con su aplicación arbitraria y discrecional han dejado de lado el marco jurídico constitucional, lo que ha provocado excesos por parte de los encargados de vigilar su aplicación.
Algunas autoridades municipales realizaron una aplicación inadecuada del acuerdo dictado por el gobernador (…), han dejado de lado el marco jurídico constitucional
Riesgo autoritario
La manera en la que se ha tratado la pandemia del coronavirus en Jalisco, derivado del acuerdo expedido por Alfaro Ramírez, junto a los excesos de las autoridades municipales, han ocasionado no solo un “distanciamiento” entre el gobierno y la sociedad, sino un ambiente donde la “represión” y el “autoritarismo” están latentes.
El organismo, por ello, llamó a las autoridades estatales y municipales a ser “conscientes de que la lucha y los esfuerzos contra la pandemia no son una confrontación entre la ciudadanía y las autoridades, sino un trabajo común”, por lo que deben evitar “una finalidad restrictiva, represora y sancionadora”.
De igual forma, la CEDHJ les recuerda a las autoridades de Jalisco que México no está en un estado de excepción “en el que se hubiesen suspendido los derechos humanos”, ni tampoco se está en la “disyuntiva“ de que “para resolver el problema de salud pública, en este caso se deba suprimir el Estado de derecho”.
Caer en esa trampa, alerta el organismo, “puede provocar problemas de incertidumbre jurídica, autoritarismo, justificación de violaciones de derechos humanos y la utilización de la fuerza y organismos auxiliares del Estado, tales como las instituciones de seguridad pública para reprimir a la población”.
