Gobierno de Colima esfuma bolsa de casi 300 millones de pesos

El Gobierno de Colima que encabeza Indira Vizcaíno Silva, desapareció sin dejar ningún rastro una bolsa multimillonaria de participaciones federales que recibió durante 2022, y la cual se habría esfumado de las cuentas bancarias gubernamentales, según lo expone la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Se trata en específico de una bolsa que ronda los 300 millones de pesos y, sobre la cual, el Gobierno de Vizcaíno Silva fue incapaz de acreditar el destino que tuvo, pues la misma no se encuentra en ninguna de las cuentas bancarias gubernamentales, ni existen tampoco respaldos documentales sobre la aplicación que pudo haber tenido.

Estas anomalías en la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFyA) de Colima ameritaron este señalamiento de la Auditoría, por implicar violaciones tanto a la Ley General de Contabilidad Gubernamental como al Código Fiscal de la Federación:

“La SPFyA contó con los registros contables y presupuestales de las erogaciones financiadas con las PFEF 2022, de acuerdo con el clasificador por fuente de financiamiento por un total de 5,135,219.6 miles de pesos, al 31 de marzo de 2023, fecha de corte de la auditoría; sin embargo, quedó un saldo sin comprobar por 296,021.9 miles de pesos, debido a que no se acreditó su permanencia en las cuentas bancarias del estado, y tampoco se proporcionó la información financiera sobre las erogaciones, por lo que se desconoce su destino”.

La gobernadora de Colima, Vizcaíno Silva, sostiene un discurso de combate a la corrupción, y de un manejo transparente de los recursos públicos. El 10 de febrero de 2023, en un evento con la Secretaría de la Función Pública federal, expresó:

“En Colima compartimos una genuina visión transformadora de las instituciones, estamos a favor de todos los acuerdos y buenas prácticas que nos ayuden a cumplir con uno de los compromisos más importantes que adquirimos antes de llegar a la gubernatura: ejercer el presupuesto con honestidad, transparencia y una responsabilidad”.

En los hechos, y tras detectar ese faltante por casi 300 millones de pesos en el Gobierno de Colima, la Auditoría Superior generó la siguiente observación contra la administración de la gobernadora de Morena:

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 296,021,939.02 pesos (…), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, por los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2022, sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa de su destino o, en su caso, ni de la permanencia del monto en las cuentas bancarias donde se administraron las participaciones federales, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (…) y del Código Fiscal de la Federación”.

La pérdida del rastro de estos recursos públicos por parte del gobierno de Vizcaíno Silva, explica la mayor parte del monto total de observaciones que determinó el órgano fiscalizador, tras analizar el ejercicio de las  participaciones federales que obtuvo esa administración estatal en 2022, y ante lo cual emitió esta conclusión general: “Se determinaron 344,686,847.68 pesos pendientes por aclarar”.

Otras irregularidades marcaron el ejercicio de 2022

Las anomalías multimillonarias que se detectaron en el ejercicio de las participaciones federales por parte del Gobierno de Colima no fueron las únicas identificadas en la administración de Vizcaíno Silva durante 2022, según se desprende de los informes publicados por la ASF.

De hecho, al considerar todo el gasto federalizado que fue transferido hacia el Gobierno de Colima durante ese año, el monto total de anomalías que se le atribuye a la administración de Vizcaíno Silva asciende a 413 millones 26 mil 100 pesos, según los hallazgos de dicho órgano fiscalizador.

Este monto total de observaciones que generó el Gobierno del Estado de Colima, durante la gestión de la gobernadora de Morena, lo establece la Auditoría en el documento titulado: “Matriz de Datos Básicos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, Primera, Segunda y Tercera Entregas Consolidado”.

No obstante, y como ha quedado expuesto, la mayor parte de las observaciones que ameritó el gobierno colimense tuvieron como punto de origen las irregularidades documentadas en la aplicación de las participaciones federales. De esta forma, de cada 10 pesos ejercidos con anomalías por la administración de Vizcaíno Silva, ocho fueron obtenidos de la bolsa de participaciones federales (el 83.45 por ciento).

La Auditoría sobre estas participaciones federales apunta: “En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; del Código Fiscal de la Federación; del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, así como de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 333,484.4 miles de pesos y solicitudes de aclaración por 11,202.0 miles de pesos que representaron el 8.9% de la muestra auditada”.

La denuncia del PRI en contra de la mandataria

En octubre de 2023, la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de Colima, encabezada por su coordinador Héctor Magaña Lara, presentó una denuncia penal contra la gobernadora del estado, Vizcaíno Silva, así como contra miembros de su gabinete –tres, al menos-, por un presunto enriquecimiento ilícito.

La prensa local de Colima ha expuesto los cambios que ha tenido el patrimonio declarado de la gobernadora y sus colaboradores, particularmente tras revelarse que la mandataria y varios de sus funcionarios de alto rango habían adquirido residencias en el exclusivo fraccionamiento Bosque Real, en Villa de Álvarez.

Magaña Lara ha declarado que la residencia adquirida por la gobernadora “rebasa los 13 millones de pesos” de valor.