Tras 15 días de haber sido promulgada la Ley de Seguridad Interior por el presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno de San Pedro Cholula, Puebla, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la primera controversia constitucional en contra de la polémica ley.
El secretario general del gobierno de Cholula, Ignacio Molina, presentó la controversia bajo el argumento de que dicha ley viola la autonomía municipal. Los artículos de la Ley de Seguridad Interior que busca impugnar el municipio poblano son el 7, 11 y 16.
Molina declaró para medios locales que la Constitución otorga a los municipios facultades para decidir en materia de seguridad pública, además que la ley establece que el presidente puede determinar la intervención de las Fuerzas Armadas sin consultar a los gobiernos locales.
Este martes, al iniciar el primer periodo ordinario de sesiones, el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, anunció que no había recibido ningún recurso relacionado con la citada ley, es decir, que no podían comenzar a resolver porque nadie se había inconformado.
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Y en otros estados…
El Consejo Nacional Ciudadano (CONACI) de la zona sur de Tamaulipas solicitaron amparos en contra de la Ley de Seguridad Interior en juzgados federales.
El CONACI busca presentar amparos de forma individual, pero en gran cantidad, para mostrar que la ley viola los derechos de cualquier persona, sin importar su condición o lugar de residencia.
También se han presentado amparos en Nuevo León, Jalisco, Tabasco.
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Ahora, la Corte deberá discutir si admite o no la controversia constitucionalidad presentada por el gobierno de Cholula y en otros estados. En caso de ser aceptado el recurso, los ministros podrían tardar cerca de un año en resolver si la Ley de Seguridad Interior viola o no la carta magna.
Se espera que en los próximos días, sean presentadas más controversias constitucionales y acciones constitucionales contra la ley, pues diversos actores políticos y organizaciones de la sociedad civil advirtieron que presentarían impugnaciones ante la Corte.
El máximo tribunal del país sólo puede recibir recursos contra la ley hasta 30 días naturales después de que fue promulgada, es decir, el 21 de diciembre, por lo que los demás recursos deben ser presentados en los próximas días antes que se venza el plazo.
Ahora, el hecho de que la Corte acepte acciones de inconstitucionalidad, no implica que se vaya a eliminar la Ley de Seguridad en su totalidad: puede que se modifiquen algunos artículos, si es que los ministros consideran que, en efecto, violan la Constitución.
Además que si el tema es tratado como el resto de casos que llegan a la Suprema Corte, los ministros podrían emitir una resolución ya que se haya elegido al nuevo presidente de México; incluso, podría ser después que Peña Nieto deje el cargo el próximo 1 de diciembre.
