Gobernanza comprometida por confrontación del Poder Ejecutivo y Legislativo de NL

Juan Fernando Alvarado López, titular del Juzgado Séptimo de Distrito del Poder Judicial de la Federación con sede en Reynosa, Tamaulipas, estaría yendo más allá de su funciones por otorgar una suspensión provisional, en la ampliación del juicio de amparo 2268/2023, al secretario de Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro.

Sin embargo, además de estarse entrometiendo en la gobernanza y política de Nuevo León, al otorgar este recurso, sus acciones podrían ocasionar una crisis constitucional en la entidad.

La Ley de Amparo, en artículo 37, establece que un juez federal tiene competencia para otorgar una suspensión provisional en el lugar, entidad o estado donde ocurrió el acto reclamado.

“Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado”, dice este artículo.

Inexplicablemente, Navarro recurrió a Alvarado López a pesar de que Nuevo León cuenta con jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación.

El funcionario estatal recurrió al juicio de amparo para obtener el cargo de encargado de despacho del Gobierno neoleonés tras la solicitud de licencia por seis meses que el gobernador Samuel García interpuso en el Congreso local para participar en la elección presidencial.

Navarro podría convertirse en el encargado de despacho siempre y cuando García se ausentará solo 30 días, sin embargo, debido a que el mandatario estará ausente seis meses corresponde al Congreso local nombrar a un gobernador interino, de acuerdo con la Constitución del Estado de Nuevo León.

Para resolver esta situación no es necesario recurrir a la Constitución federal, por ello la actuación del juez Juan Fernando Alvarado López, resulta fuera de competencia.

La Ley de Amparo tiene por objeto resolver controversias siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o se vulnere la soberanía de los Estados.

No obstante, en el caso de Navarro no se están violentando sus derechos humanos, mucho menos las garantías que le otorga la Constitución federal sino que, al contrario, al otorgar el amparo, el juez está vulnerando la soberanía del Congreso local y la gobernanza de Nuevo León.

El juez de Reynosa abrió la puerta a que Navarro pueda quedar como encargado de despacho si Arturo Salinas, quien fue nombrado gobernador interino por el Poder Legislativo por la licencia del mandatario estatal, resulta inelegible.

Navarro recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una controversia por una supuesta inelegibilidad de Salinas, mientras que el gobernador interino aseguró que no puede renunciar a su nombramiento, por lo que SCJN resolverá a su favor, incluso, el juez de Reynosa reconoció que no podía dejar el encargo que le concedió el Congreso local.

La contradicción del juez

La suspensión concedida al secretario general de Gobierno, Javier Navarro, resulta contradictoria.

Mientras que por un lado desechó la queja de Navarro acerca de la improcedencia de los actos legislativos relativos al nombramiento y toma de protesta Arturo Salinas Garza como gobernador interino, por otro confirmó la designación de Salinas, aunque vinculó los efectos del nombramiento y toma de protesta del mandatario interino en la suspensión provisional para dejarlos sin efectos.

Alvarado López complicó la gobernanza de Nuevo León al otorgar en la ampliación del juicio de amparo a Navarro la suspensión provisional.

De acuerdo con información pública, este juez, cuenta con la carrera de derecho y con una especialidad en derecho de trabajo y justicia laboral.