Gobernadores proponen ‘su’ Mando Único

En medio de una crisis de seguridad en varias partes del país, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) presentó al Senado su propuesta de creación de un cuerpo de Policía Estatal Única.

Los mandatarios urgieron al Senado a apurar el debate, pues consideraron que la instrumentación del nuevo modelo tomará varios años, por lo que se debe comenzar cuanto antes.

La propuesta busca destrabar el debate que se encuentra empantanado en el Senado desde hace 14 meses, cuando el presidente Enrique Peña Nieto envió un paquete de iniciativas que contemplaba el MandoÚnico policial.

El modelo propuesto por los gobernadores, sin embargo, es distinto.

Mientras el Ejecutivo mandó una propuesta que implicaba desaparecer las policías municipales, los gobernadores han sugerido que estos cuerpos locales se conserven, pero tengan sólo funciones administrativas.

Los gobernadores propusieron que las policías municipales, que quedarían como policías de proximidad, no tengan permiso para portar armas.

Estos cuerpos municipales estarán también bajo un mando policial centralizado, cuyo comando principal recaerá en los propios gobernadores.

La propuesta de los gobernadores se suma al debate en el Senado, donde está radicada también la propuesta de Peña Nieto y la que el Partido Acción Nacional presentó en noviembre pasado, en la que rechaza la posibilidad de desaparecer las policías locales.

Los mandatarios estatales no llegaron a la mesa con una iniciativa; más bien, exhortaron a los senadores a reactivar el debate sobre las propuestas que ya existen en el Congreso.

“¿Por qué apoyamos una policía única en los estados? Es mejor fortalecer, robustecer, apoyar a 32 policías estatales, que tratar de recomponer o reconstruir más de mil 800 policías municipales, la mayoría de ellas con dificultades económicas, de formación, de certificación y en la aplicación de pruebas de confianza”, expuso Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México y presidente de la Conago.

Con este modelo, expuso el mandatario, se quitarán presiones a los alcaldes y secretarios de seguridad pública locales, que a veces son coaccionados por el crimen organizado.

La discusión del nuevo modelo policial tomará como base la iniciativa presidencial, pero también la presentada por el PAN en noviembre del 2015.

A ellas, se unirá la propuesta que esta semana presentará el PRD para cambiar el modelo de seguridad y justicia del país.

Ahora, las bancadas en el Senado podrían trabajar en una nueva iniciativa conjunta, reveló el senador priista Emilio Gamboa, presidente de la Junta de Coordinación Política, o tomar elementos de todas las que se han presentado para reformar la que envió el presidente Peña Nieto.

A la reunión privada con senadores, realizada en la antigua casona de Xicoténcatl, acudieron Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal; y los gobernadores Eruviel Ávila, del Estado de México; César Duarte, de Chihuahua;

Asistieron también Manuel Velasco, de Chiapas; Francisco Domínguez, de Querétaro; Graco Ramírez, de Morelos; Roberto Borge, de Quintana Roo; Egidio Torre, de Tamaulipas; Arturo Núñez, de Tabasco; Rolando Zapata, de Yucatán; Miguel Alonso, de Zacatecas; Francisco Olvera, de Hidalgo; Héctor Astudillo, de Guerrero; y Jorge Herrera Caldera, de Durango.

Las iniciativas en la mesa

Con un año de diferencia, el presidente Enrique Peña Nieto (PRI) y el PAN presentaron sendas iniciativas para reformar el sistema de seguridad pública que incluían un cambio en el modelo policial que existe en México.

En la iniciativa presidencial, presentada en noviembre del 2014, se propone que los cuerpos de seguridad estarán a cargo del gobernador de la entidad.

Los cuerpos policiacos municipales desaparecerán, y los municipios sólo podrán participar en la prevención de delitos.

“El actual modelo constitucional en el que convergen los tres órdenes de gobierno con policías encargadas de la seguridad pública en ejercicio de idénticas atribuciones (en especial entre las locales y municipales) genera graves deficiencias que han complicado la aplicación del modelo policial, tales como la pulverización de los mandos, la heterogeneidad o inexistencia de los protocolos de actuación, falta de capacitación, una distribución geográfica inadecuada de los elementos de seguridad pública a lo largo del territorio nacional, así como la falta de colaboración entre órdenes de gobierno e instituciones”, cita la iniciativa presidencial.

El primer mandatario propuso, incluso, que las tareas de tránsito le fueran conferidas a los cuerpos estatales.

En el caso de la propuesta del PAN, su primer premisa es que no hay evidencia contundente de que el mando único policial estatal vaya a resolver los problemas multifactoriales de seguridad pública en el país.

Los panistas insisten en que las policías estatales no necesariamente son mejores que las municipales; citan el caso, por ejemplo, de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y la capital de Querétaro, donde los cuerpos policiales han sido reconocidos por sus altos niveles de eficiencia.

“En vez de lidiar con una localidad afectada por una institución policial, tendríamos que enfrentar consecuencias para toda una entidad”, exponen los albiazules.

Por ello, los panistas propusieron preservar las corporaciones municipales de policía; crear el Instituto Nacional de Seguridad Pública; y crear controles internos y externos para la evaluación de los policías.

Los panistas plantean además, crear el Sistema Nacional de Carrera Policial; y un nuevo régimen laboral y de seguridad social, homogeneizando las condiciones laborales de los policías de todo el país.

Esta semana llegará otra iniciativa que presentará el PRD en el Senado, con lo que se tendrán las visiones de los tres principales partidos políticos.

Un diagnóstico policial

Carentes de recursos humanos y materiales, escasa formación académica y condiciones de trabajo paupérrimas, son algunas de las características que enfrentan día a día las policías municipales en el país.

Son alrededor de mil 800 policías municipales actuando en el país, que representan apenas el 32 por ciento de la fuerza policial de México. El 86 por ciento de esas corporaciones cuenta con menos de 100 elementos.

De acuerdo con datos del Gobierno federal, solo 14 estados tienen cuerpos policiales en todos sus municipios.

“Los centros urbanos y municipios más poblados concentran a los cuerpos policiales más grandes y con mejores capacidades. Por el contrario, en lugares poco poblados o donde la población se encuentra dispersa, las policías cuentan con tan pocos elementos que llegan a ser prácticamente inexistentes”, expuso el Ejecutivo en su iniciativa del 2014.

Un total de 20 corporaciones municipales, las más grandes, concentran al 25 por ciento del total de los policías locales del país. En contraste, el 10 por ciento del total de policías municipales se dispersa en mil 100 municipios; esto promedia 12 elementos por cada una de esas corporaciones.

Además del reducido número de policías, las corporaciones enfrentan el bajo nivel de preparación de sus elementos.

El 0.6 por ciento de los policías municipales son analfabetas; el 3 por ciento carece de educación básica; el 11.9 por ciento tiene educación básica; y el 52 por ciento cuenta con educación media.

Por si fuera poco, los policías municipales reciben salarios que no garantizan una subsistencia digna para sus familias y que los pone en la disyuntiva, muchas veces, de realizar otro tipo de actividades que les permitan tener más ingresos.

Aproximadamente el 40 por ciento de los policías municipales del país reciben un salario mensual inferior a 4 mil 600 pesos; menos del 4 por ciento tiene un ingreso superior a los 12 mil pesos. La edad predominante entre los elementos policiacos locales es de entre 30 y 39 años.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, las policías municipales están en el noveno lugar de niveles de confianza de la población; mientras que los policías de tránsito se ubican en el último lugar de 10.

Los ciudadanos tienen confianza en la Marina (81 por ciento); el Ejército (77 por ciento); la Policía Federal (56 por ciento); la PGR (49 por ciento); los jueces (46 por ciento); la policía estatal (42 por ciento); la policía ministerial o judicial (42 por ciento); el ministerio público o procuradurías (41 por ciento); la policía preventiva municipal (36 por ciento); y la policía de tránsito (31 por ciento).

En consonancia con esas cifras, la policía de tránsito es vista como la institución de seguridad más corrupta por 77 por ciento; le sigue la policía preventiva municipal, con 66 por ciento; y los jueces, con 65 por ciento.

En cuarto lugar están el ministerio público y las procuradurías estatales, con 64 por ciento; y la policía estatal, con 63 por ciento.

El Ejército (25 por ciento) y la Marina (17 por ciento), son las dos instituciones consideradas como menos corruptas.