Auditaron el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas, que tuvo irregularidades por 195.5 millones de pesos
En el análisis de la Auditoría Superior de la Federación a cuentas públicas desde 2010, encontró 70 municipios chiapanecos a punto de la quiebra
En los últimos meses se han vuelto mediáticos los casos de corrupción que ya eran del dominio público en los estados.
En lo que sería un efecto dominó, después de romper el hielo con Andrés Granier Melo –que se ganó dos órdenes de aprehensión–, ahora la lista de siguientes parece evidente ante el endeudamiento de los estados y el enriquecimiento inexplicable de varios que encabezaron el poder.
¿Quién será el siguiente?, se preguntan mientras muchos ponen sus barbas a remojar ante las escandalosas pruebas que ellos mismos, o sus vástagos, han compartido a la opinión pública.
En la lista están priistas, panistas, perredistas y petistas.
Por el PRI ya cayó el primero: Andrés Granier, quien está acusado de un desfalco de 23 mil millones de pesos en perjuicio del erario tabasqueño.
Por el PAN está en la mira Luis Armando Reynoso Femat, quien también dejo las arcas de Aguascalientes muy endeudadas a la vez que su hijo triunfaba en los negocios inmobiliarios transnacionales.
Además podrían seguir el exgobernador de Jalisco Emilio González Márquez y Marco Antonio Adame, de Morelos.
Sin ovidar a Miguel Ángel Yunes, exalcalde de Boca del Río en el estado veracruzano, y candidato perdedor a la actual gubernatura.
Pero a últimas fechas apareció un perredista: Juan Sabines Guerrero, que llegó a Chiapas por la alianza PRD-PT.
Sabines, ¿el siguiente?
El primer desvío que encontró la ASF fue por mil millones de pesos en el gasto de fondos federales en los ejercicios presupuestales de 2008 a 2011
Ante las corrupciones que saltan a la vista, los reflectores voltean ahora a la administración de Juan Sabines, exgobernador de Chiapas del 2006 al 2012.
Añadido a lo que se ventilaba ya en medios, se agrega una denuncia presentada por Horacio Culebro Borrayas el 2 de abril del 2013 en contra de Sabines y más de 50 de sus colaboradores, quienes dejaron en la entidad una deuda de más de 40 mil millones de pesos.
La PGR analiza ya los desvíos millonarios que se registraron durante su mandato en el estado mexicano que ocupa el último lugar en desarrollo y con un ingreso per cápita, según el Inegi, de 3 mil 786 dólares anuales, muy pobre comparado con el primer lugar, el DF, con 19 mil 318 dólares.
Pero los recursos extraordinarios para revertir ese rezago, fueron administrados por Sabines como verdadero alquimista y no a favor de los chiapanecos: en seis años transformó la deuda de su antecesor, de 885 millones de pesos, a los 40 mil 500 millones mencionados.
¿Dónde quedaron los millones?
En el último año de la administración de Juan Sabines, se suspendieron, por temporadas, el pago de salarios a trabajadores del estado
Sabines, descendiente de una conocida dinastía de políticos e intelectuales chiapanecos, tuvo un resultado negativo con la Auditoría Superior de la Federación, que determinó que había gastado mil 400 millones de pesos en cuatro entidades rurales afectadas por el Huracán Stan.
Esto a pesar de que su antecesor, Pablo Salazar, había dejado en las arcas 2 mil millones de pesos etiquetados para terminar con las obras de reconstrucción. Hasta ahora nadie sabe a dónde se aplicaron.
Y además, los documentos dicen que entregó 900 millones de pesos a nueve constructoras de Veracruz y Oaxaca. Las obras tampoco se han localizado.
Bursatilizó 6 mil millones de pesos y logró desaparecer 400.
Hacienda también tiene quejas ya que dejó de pagar 3 mil millones de pesos correspondientes al ISR retenido a los trabajadores al servicio del estado.
Y también en su periodo dispuso de 500 millones de pesos del servicio de agua potable para Tuxtla Gutiérrez, que supuestamente destinara a su campaña, entre otros posibles delitos que por su naturaleza podrían ser equiparables a los de Granier, que conjugaran defraudación fiscal, y peculado.
Reprueban auditoría: descubren desvíos
En el análisis de la Auditoría Superior de la Federación a cuentas públicas desde 2010, encontró 70 municipios chiapanecos a punto de la quiebra.
En los datos preliminares detectó 40 cuentas con irregularidades administrativas graves por obras pagadas y no ejecutadas, y pagos a proveedores por suministros inexistentes.
Por lo pronto, el Órgano de Fiscalización Superior ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos, ya confirmó la detención de nueve ediles.
Los alcaldes no comprobaron ni justificaron el gasto público ejercido en 2011, con un resultado de 11 mil 744.6 millones de pesos en total.
Según la ASF, uno de cada tres municipios no utilizó los recursos de manera transparente y 70 de ellos, en quiebra técnica, deben a la hacienda pública más de 5 mil millones de pesos.
El primer desvío que encontró la ASF fue por mil millones de pesos en el gasto de fondos federales en los ejercicios presupuestales de 2008 a 2011.
Se pagaron obras que nunca se ejecutaron o que se entregaron fuera de los plazos convenidos.
De esos recursos gastados pero no aplicados, 22.5 millones de pesos fueron para la remodelación y ampliación del Mercado de San Juan.
Pero la Secretaría de Obras no comprobó los recursos utilizados, de acuerdo con la observación de la ASF.
El Fondo de Inversión para Entidades Federativas (FIEF), reportó observaciones por 176.4 millones de pesos.
El Ramo General 23 (Programas Regionales), por un importe de 154.9 millones de pesos y el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), por 91.1 millones de pesos.
También fueron auditados el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas, que tuvo irregularidades por 195.5 millones de pesos.
El Convenio de Reasignación de Recursos de la Secretaría de Turismo, resultó con anomalías por 957 mil 550 pesos. El Fortalecimiento de Oferta de los Servicios de Salud (FOROSS), con irregularidades por 201 mil 302 pesos.
De acuerdo con la demanda presentada por Horacio Culebro Borrayas, y de la cual Reporte Indigo tiene una copia, a Sabines y su equipo se les acusa de asociación delictuosa, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, tortura e incomunicación. La querella en manos de la PGR está integrada por 129 hojas y 900 anexos probatorios.
Entre los acusados está el extitular de Comunicación Social Jaime Culebro Guillén y el expresidente municipal de Tuxtla Gutiérrez Yassir Vázquez Hernández, a quienes se les señala desfalco.
A la lista se agregan los exalcaldes de San Cristóbal de las Casas, Guillermo Toledo Moguel y Cecilia Flores; el subsecretario de Gobierno, Nemesio Ponce y el exsecretario de Obras Públicas, Ricardo Serrano Pino, entre otros.
Lo que se dejó de hacer
En el último año de la administración de Juan Sabines Guerrero se suspendieron, por temporadas, el pago de salarios a trabajadores del estado, a empresas de la construcción, a proveedores y a prestadores de servicios.
También, la construcción de obras públicas y se paralizó la prestación de servicios para el suministro de agua, climatización de áreas y red telefónica.
Todo ello, como preludio del inminente quiebre de las finanzas públicas, en un estado donde el PIB per cápita de 2006 a 2010, según cifras del Inegi, apenas creció 0.8 por ciento.
En agosto del año pasado la deuda pública de Chiapas sumaba 16 mil 513 millones de pesos.
Ya con la deuda de corto plazo que se tiene con proveedores, contratistas, pago de servicios y pasivos con la banca comercial, el débito de la entidad llega a 40 mil millones de pesos.
Ante la falta de liquidez para concluir su mandato, Sabines creó un Fideicomiso para el Cierre-Inicio de la Administración Pública Estatal (Fidecia) el 29 de agosto de 2012.
Los legisladores, en ese entonces, le autorizaron un préstamo por 5 mil millones de pesos para dicho proceso de transición.
El financiamiento se aprobó a un plazo de hasta 30 años, cuyo pago estará garantizado por las aportaciones que realice el gobierno del estado al patrimonio del mismo.
Dulce comienzo
El 8 de diciembre de 2012, Manuel Velasco Coello, de 33 años, sucedió a Juan Sabines Guerrero.
A menos de un mes al frente del gobierno chiapaneco, Velasco tuvo que admitir públicamente que “Chiapas vive una situación económica y financiera complicada”.
Desde el inicio de su gobierno ha tenido que enfrentar los pagos atrasados de los trabajadores al servicio del estado.
Hoy, la administración estatal adeuda salarios y aguinaldos a sus empleados, 70 municipios están en quiebra.
Aunque el actual gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello se ha manifestado en contra de la impunidad, Sabines sigue libre.
Deudas y más deudas
Tan sólo en la Secretaría de Gobierno se adeuda el aguinaldo de 2012 y el salario devengado a diciembre.
En la oficina Promotora de la Vivienda no les han pagado el aguinaldo completo a los trabajadores.
El mismo escenario se vive en la Secretaría de Infraestructura y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
A las ONGs que colaboraron con la Secretaría del Desarrollo para el Empoderamiento de la Mujer, no les pagan desde hace un año.
Eso sí, desde el 8 de diciembre a la fecha, el gobierno gastó 783 mil 906 pesos en impresiones de lonas para promover el inicio de la nueva administración.
Lo encaró y lo culparon
El único delito de Horacio Culebro Borrayas, exdiputado chiapaneco, fue haber impedido que el entonces gobernador de Chiapas, Juan Sabines, se perpetuara en el poder.
Por intervenir para evitar que el Congreso pasara las iniciativas que hubieran logrado que Sabines siguiera más años en el cargo, Culebro estuvo año y medio en la cárcel, acusado por el homicidio del luchador social Mariano Abarca Roblero.
Finalmente Culebro demostró su inocencia y ahora interpuso una demanda penal en contra del exgobernador de Chiapas, Juan Sabines, y 50 de sus colaboradores.
En su demanda alega peculado, enriquecimiento ilícito, privación ilegal de la libertad y represión.
Abogado de profesión, Culebro Borrayas pisó la cárcel el 24 de febrero del 2010, y el afirma que fue porque en su calidad de diputado pugnó para echar abajo las iniciativas de ley que pretendían prorrogar el mandato de los legisladores de 2012 a 2018.
Dice que la realidad es que Sabines quería prolongar su propia gubernatura hasta esa fecha, y no lo logró.
Además, su familia fue presa de intensas campañas de represión.
Por ejemplo, a su hermano Artemio Culebro lo detuvo la PGJECH, a cargo de Raciel López, durante 43 días, sin ninguna razón oficial.
Cuando Horacio Culebro recuperó su libertad, Sabines lo ha seguido presionando.
Números de Sabines
> 1,400 mdp
Aplicados a daños del Huracán Stan, no están comprobados
> 3,000 mdp
No pagó al SAT de impuestos retenidos a trabajadores del gobierno
> 500 mdp
Tomó del presupuesto de Agua Potable, para deudas de su campaña
> 400 mdp
Pérdidas al bursatilizar el presupuesto de Chiapas
> 900 mdp
Pagos a nueve constructoras por obras no realizadas
> 11,744 mdp
Gastos sin comprobar
> 5,000 mdp
Deuda de municipios al SAT
> 1,000 mdp
Desvío de fondos federales
Un estado sin gobierno
Los últimos gobernadores de Chiapas han pasado importantes sobresaltos. Después del levantamiento zapatista los mandatarios difícilmente han terminado su periodo y hasta la fecha, los chiapanecos están descontentos.
Absalón Castellanos (1982 a 1988)
> Durante el levantamiento zapatista de 1994 fue secuestrado por el EZLN, a la vez que zapatistas tomaron su finca “El Momón” en Las Margaritas el 1 de enero de 1994. Calificado como prisionero de guerra por los rebeldes, fue liberado luego de un juicio denominado “popular” encabezado por un tribunal militar de los zapatistas. Fue simbólicamente condenado a vivir “hasta el último de sus días con la pena y la vergüenza de haber recibido el perdón y la bondad de aquellos a quienes tanto tiempo humilló, secuestró, despojó, robó y asesinó”, según la resolución sumaria del EZLN.
Patrocinio González Garrido (1988 -1993)
> Pidió licencia un año antes de terminar su gubernatura al ser nombrado Secretario de Gobernación por el presidente Salinas de Gortari, pero fue destituido un año después, tras el levantamiento Zapatista del 94. Fue acusado de causar las condiciones que motivaron el alzamiento del EZLN, el cual secuestró a su antecesor Absalón Castellanos Domínguez.
Elmar Setzer Marseille (1993-1994)
> Mientras Patrocinio González, antecesor de Setzer, era destituido de la Secretaría de Gobernación, el levantamiento del EZLN orilló a su gobernador interino, Elmar Setzer Marseille, a renunciar a la gubernatura 11 meses antes del fin del sexenio.
Javier López Moreno (1994)
> El 18 de enero de 1994 el Congreso de Chiapas eligió a Javier López Moreno como el segundo repuesto para González Garrido como gobernador del estado.
Le correspondió iniciar las negociaciones con los Zapatistas y llevar a cabo el proceso electoral para elegir a su sucesor a finales de 1994.
Eduardo Robledo Rincón (1995)
> Cuando Robledo ganó la contienda para gobernar Chiapas, su contrincante Amado Avendaño, el PRD y los Zapatistas denunciaron que se había cometido fraude electoral. En consecuencia, el EZLN rompió el diálogo con el gobierno y amenazó no reanudarlo hasta que la elección fuera declarada nula, lo cual no sucedió. Después de la toma de protesta, el gobierno federal tenía un gran interés en reanudar el diálogo con los Zapatistas, pero eso no pasaría mientras Robledo fuera gobernador, por lo tanto fue acorralado a abandonar la gubernatura a solo tres meses de ocupar el cargo.
Julio César Ruiz Ferro (1995 -1998)
> Tras la renuncia de Eduardo Robledo, Ruiz Ferro tomó posesión como gobernador interino de Chiapas el 17 de febrero de 1995.
> En la masacre de Acteal –municipio considerado zona zapatista–, el 22 de diciembre de 1997, murieron 45 personas a manos de paramilitares. Después de las críticas nacionales apenas al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo, le llovieron acusaciones al gobernador Ruiz, por lo que renunció a su cargo dos semanas después. Se le acusa de haberle dicho dos días antes de la masacre al presidente municipal de Chenalhó, Mariano Arias: “Mi presidente no te preocupes, deja que se maten, yo voy a mandar la seguridad para que levanten a los muertos”.
Roberto Albores Guillén (1998 -2000)
> Después de la escandalosa renuncia de Julio César Ruíz, Albores Guillén fue designado gobernador sustituto el 7 de enero de 1998 y concluyó su mandato el 8 de diciembre de 2000.
Pablo Salazar Mendiguchía (2000 -2006)
> En el 2000 el candidato que unía al PAN, PRD, PT, PVEM, Convergencia, PSN, PCD y PAS, ganó la gubernatura de Chiapas. Pero, Salazar, el gobernador que representaba ocho partidos contra el eterno PRI e iba encaminado al cambio y la paz en Chiapas, terminó en prisión.
> El 7 de junio del 2011 fue arrestado y acusado de abuso de autoridad, peculado, asociación delictuosa y un desvío de 104 mdp, delitos que eran indagados desde 2009 y en los que están involucradas más de 50 de sus funcionarios.
> Después de 15 meses en prisión y dos en arresto domiciliario -por su estado de salud- el exgobernador salió de prisión el 15 de noviembre de 2012 al ser ratificado un amparo que hizo improcedentes los cargos contra él y sus colaboradores encarcelados por presunta asociación delictiva y peculado.
Juan Sabines Guerrero (2006 -2012)
> Renunció al PRI para ser postulado como candidato de la Coalición por el Bien de Todos, conformada PRD, PT y Convergencia al gobierno de Chiapas. Dejó al Estado de Chiapas con la peor deuda de su historia.
Manuel Velasco Coello (2012 -2018)
> Manuel Velazco se convirtió en el primer militante del Partido Verde Ecologista de México en ganar una gubernatura. Es el gobernador más joven del país (33 años) y está por casarse con la actriz Anahí.
> A inicios del mes pidió autorización al Congreso del Estado para adquirir su primer crédito por mil 400 millones de pesos.
La dinastía Sabines
> Los Sabines han ostentado el poder político en Chiapas desde los años 20, y descienden del libanés Julio Sabines, mayor del Ejército Revolucionario. Sabines llegó de Beirut a México, en donde en 1925 el gobernador carrancista Carlos Vidal, lo nombra jefe de la Policía de la capital de Chiapas.
> Su hijo Juan Sabines Gutierrez, gobernó Chiapas de 1979 a 1982, como sustituto del interino Salomón González Blanco. Es padre de Juan Sabines Guerrero, gobernador de 2006 a 2012.
Gobernadores en la mira
— Andrés Granier Melo
Acusado de lavado de dinero y defraudación fiscal, el exgobernador de Tabasco Andrés Granier ingresó este martes al Reclusorio Oriente sin derecho a fianza.
El exmandatario había estado bajo custodia policial desde el 14 de junio, cuando fue puesto bajo arraigo en el hospital donde se atendía de una supuesta enfermedad cardiaca. El mismo día Granier reiteró su inocencia en un comunicado de prensa donde exigia a las autoridades un proceso apegado a derecho.
Durante la audiencia celebrada ayer, el exgobernador se reservó el derecho a declarar y pidió que el plazo para probar su inocencia se ampliara a 144 horas.
— Luis Armando Reynoso Femat
Después de recibir el día 11 de este mes el auto de formal prisión por los delitos de peculado, y el uso indebido del servicio público, el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, puede ser detenido en cualquier momento tras no pagar el lunes una fianza de 11 millones de pesos. En cambio presentó un recurso en el Tribunal Colegiado de Distrito para intentar reducir el monto.
Al exgobernador se le acusa de la compra simulada de un tomógrafo con un costo de 13.8 millones de pesos que nunca recibió el hospital al que se le asignó.
Su hijo, Luis Armando Reynoso López, conocido como ‘El Princeso’ está en observación por la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, por recibir 58 millones de pesos en depósitos en cuentas personales, y por compras inmobiliarias millonarias en Texas.