Tras la visita del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, el gobernador Aristóteles Sandoval acudió a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para hacer observaciones sobre el estado que guardan los cadáveres que esta dependencia tienen en resguardo.
En su visita a las instalaciones forenses, el gobernador se comprometió para una reingeniería del organismo que tradicionalmente se encarga del resguardo de los cuerpos en investigaciones, a pesar de que la dependencia que legalmente tiene el encargo es la Fiscalía de Jalisco, vía los ministerios públicos.
Señaló que se requiere de una nueva cámara frigorífica, en la que estarán trabajando hasta que concluya su administración, esto como agregado al panteón forense que se espera construir en Tonalá.
Esto luego de que se diera a conocer que hay 444 cuerpos sin identificar que están rezagados en registro del Servicio Médico Forense, donde sólo 60 cuentan con los peritajes necesarios y ante la crisis de una dependencia que sólo puede dar resguardo a alrededor de 300 cuerpos.
Entre los cambios, que el mandatario anunció como una reingeniería, se anunció la instalación de una agencia del Ministerio Público en el IJCF, ya que estas entidades son las que legamente se encargan del destino de los cuerpos durante las investigaciones. Además de que se anunció la contratación de 18 nuevos peritos forenses, debido a que las plazas actuales no son suficientes para los trabajos que se requieren.
Por otro lado, la dependencia forense atraviesa un déficit presupuestal, pues entre 2017 y 2018 disminuyó 12 millones 201 455 pesos su presupuesto; ya que en 2017 recibió 191 millones ocho mil pesos y en 2018 apenas ingresaron a sus arcas 178 millones 806 mil 545 pesos. Sin embargo sobre este tema no se expresó el gobernador, aunque anteriormente se había señalado que la falta de recursos se debió a que el anterior titular no había incluido la solicitud de incremento en los espacios para resguardo en su proyecto de presupuesto
Desde hace por lo menos dos años, el IJCF enfrenta una crisis por la acumulación de tareas y cuerpos en resguardo, luego de que en 2013 la Ley General de Víctimas prohibiera explícitamente la incineración de los cuerpos en investigación, práctica que venía ejerciendo esta dependencia para aminorar los espacios requeridos.
Además de que colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos y organizaciones de derechos humanos habían denunciado desde entonces la crisis que actualmente atraviesa ciencias forenses, pidiendo que se dotara de mayor presupuesto y un incremento en las plazas para tener mayor personal en los peritajes.