El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, rechazó que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) se encuentre en la antesala de una nueva crisis con el manejo de cuerpos sin identificar, como la que vivió el Estado en septiembre de 2018, todavía en el gobierno del ex mandatario Aristóteles Sandoval Díaz.
Este 21 de mayo la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) que encabeza el ombudsman Alfonso Hernández Barrón, emitió la recomendación 10/2019 derivada del descubrimiento de un tráiler en septiembre de 2018 que deambuló por la metrópoli de Guadalajara con 273 cuerpos sin identificar que fueron extraídos del IJCF de forma irregular.
La Comisión señaló en su comunicado: “El titular de la CEDHJ advirtió que si las autoridades estatales no actúan de forma inmediata se presentará otra contingencia igual a la del año pasado. Dijo que los documentos presentados apoyan a las autoridades actuales para seguir una hoja de ruta que impida que esto vuelva a ocurrir”.
Según Hernández Barrón, el IJCF alberga actualmente más de 400 cadáveres, por lo que apuntó: “En este momento deben reforzarse las acciones con base en las propuestas que hacemos, los propios diagnósticos que ellos realizan. La nueva administración conoce muy bien la estructura y las capacidades que recibieron; tiene que actuar con la debida diligencia, porque de no hacerlo la responsabilidad les alcanzaría. Hoy las autoridades están llamadas a tener las competencias, las habilidades, la empatía, la disposición, la humildad, la sencillez para acompañar a las víctimas en su sufrimiento”.
Al consultársele sobre estos señalamientos del ombudsman, el gobernador, Alfaro Ramírez, aseveró que la situación en el IJCF se encuentra bajo control, por lo que no se avizora una nueva crisis como la del 2018:
No sé con base en qué se presenten las cifras de la Comisión, lo que yo les puedo decir es que todas las semanas platicamos en las mesas de seguridad con el coordinador del Gabinete, tiene un corte actualizado semanalmente y no tenemos un problema; sí una presión fuerte que nos debe llevar a resolver a fondo la problemática de Ciencias Forenses y en este momento no estamos en riesgo de una crisis, ni mucho menos (como) la que se vivió en el sexenio anterior.
En su recomendación la CEDHJ concluyó sobre la contingencia de 2018 que: “Las autoridades y servidores públicos involucrados violaron los derechos al acceso a la justicia en la modalidad de incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia; a la igualdad, al trato digno, negativa de asistencia a víctimas del delito, a la protección a la salud, a la verdad y a la reparación integral, relacionado con la identificación, clasificación, conservación y tratamiento de cuerpos de personas fallecidas, así como a la legalidad y seguridad jurídica”.
Ya que: “se aplicaron de forma irregular y omisa las disposiciones legales y los protocolos que se debían seguir para el control y custodia ministerial y forense, así como el adecuado tratamiento, identificación, clasificación, conservación e inhumación de los cuerpos, además de disposiciones inherentes al derecho a la protección de la salud, entre otras”.
Esto derivado de que la CEDHJ confirmó que se permitió “sin notificaciones ni autorizaciones, la salida del multirreferido tráiler y su contenido del IJCF”, por lo que los funcionarios fueron “omisos en el control y registro sobre dicha salida, su destino e itinerante traslado de los lugares de estancia temporal por diferentes municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y su regreso al IJCF”.
Ese mismo día la CEDHJ presentó también un Informe Especial sobre Inhumaciones en el IJCF donde se documenta un rosario muy amplio de anomalías cometidas tanto por esa institución como por la Fiscalía de Jalisco en el tratamiento de los cuerpos no identificados, entre estas:
Cuerpos que permanecieron en esas instalaciones entre cinco meses y tres años y seis meses sin dárseles una disposición final; y 85 cadáveres de personas que “difícilmente podrán ser identificadas porque no tuvieron las condiciones adecuadas de preservación ni de almacenamiento”.
De acuerdo con la CEDHJ en la crisis de 2018 estuvieron involucrados en total 605 cadáveres encontrados tanto en los frigoríficos como en las instalaciones del IJCF: 380 sin identificar en frigoríficos móviles y cámaras fijas; 64 sí identificados y entregados a sus familiares; 109 encontrados en instalaciones del IJCF sin identificar e inhumados en el panteón de El Salto; y otros 52 nonatos y neonatos también hallados en instalaciones del IJCF no identificados.
Hace unos momentos el Gobierno de Jalisco anunció que aceptará la recomendación hecha por la CEDHJ.
